La Policía refuerza la seguridad de sus agentes ante el uso de armas de guerra por narcos y yihadistas

La Policía Nacional ha iniciado la licitación de dos contratos para adquirir material con el que reforzar la seguridad de sus agentes tras constatar que las organizaciones de narcotraficantes y el terrorismo yihadista utilizan cada vez con más frecuencia armas de guerra, de mayor potencia que las pistolas y revólveres que usaban de modo habitual hasta hace poco. La Dirección General quiere adquirir 112 escudos balísticos con capacidad para resistir el impacto de proyectiles de calibre 7,62 milímetros disparados a tan solo 15 metros de distancia y 1.000 placas de alta capacidad de resistencia con las que reforzar los chalecos antibalas de los agentes, según consta en los expedientes de ambos concursos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El Ministerio del Interior tiene previsto desembolsar 610.000 euros.

La decisión de la Policía se produce después de que, el pasado septiembre, un informe interno alertara del riesgo de que, tras la invasión de Ucrania, se produzca un incremento “a corto y medio plazo” del tráfico ilícito de armas de este tipo en Europa procedente de arsenales sin control de uno y otro contendiente. Además, las últimas operaciones desarrolladas por las Fuerzas de Seguridad contra el narcotráfico, principalmente en las costas andaluzas, han venido acompañadas en numerosas ocasiones de la intervención de armamento de este tipo. En diciembre, fue descubierto en una vivienda de Alhaurín de la Torre (Málaga) un arsenal con 160 armas de fuego ―entre ellas 22 fusiles de asalto AK47― además de abundante munición, silenciadores, cargadores y una granada con un kilo y medio de explosivo militar. La red que comercializaba este material vendía los AK47 por 4.000 euros, un precio asequible para las narcobandas, que en los últimos años han utilizado de modo habitual este tipo de armamento en sus ajustes de cuentas.

Los 112 escudos balísticos irán destinados, precisamente, a las plantillas policiales de Andalucía y, en concreto, a los agentes desplegados dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018 por el Ministerio del Interior para frenar la impunidad con la que estaban actuando en la zona las organizaciones criminales y que abarca las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, Almería y Sevilla. Con ellos se pretende aumentar la seguridad de las unidades que participan en “los dispositivos específicos que se montan en la zona [...] para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, así como las redes criminales de inmigración ilegal y el acceso al territorio nacional de manera ilícita”, detalla el expediente de licitación.

La Policía recalca en esta documentación que es una “necesidad imperiosa” que estas unidades, por su “carácter operativo de primera intervención [en referencia a que son las que practican las detenciones]”, tengan estos escudos ante la evidencia de que cada vez en más ocasiones se están encontrando con “agresiones con armas de guerra, sobre todo del calibre 7,62 milímetros”, munición utilizada por los fusiles de asalto, como los AK47.

El documento fija las características que deberán cumplir estos escudos, entre ellos que sean capaces de aguantar el impacto de tres proyectiles disparados por una de estas armas a 15 metros de distancia, una resistencia que se considera en la actualidad necesaria “debido al alto nivel de peligrosidad que ostentan las organizaciones asentadas en ese ámbito territorial [en referencia al Campo de Gibraltar]”. Estos escudos estarán también equipados con un sistema autónomo de iluminación que permita a los agentes actuar por la noche, que es cuando se produce una “mayor actividad delincuencial” precisamente porque los narcos se amparan en la “escasa o nula luminosidad” de esa franja horaria para delinquir.

El otro foco de preocupación respecto a las armas de guerra es el terrorismo yihadista, del que se ha constatado que, además de utilizar explosivos cargados con metralla para cometer sus atentados, ha pasado a usar en otros países “armas largas con municiones perforantes que pueden penetrar con relativa facilidad las protecciones que ofrecen los chalecos antibala convencionales”. El informe de septiembre en el que se alertaba de un posible incremento del tráfico de armas por la guerra de Ucrania también hacía hincapié en que diversas publicaciones yihadistas llevan tiempo lanzando amenazas contras los miembros de las fuerzas de seguridad e incitando a sus seguidores a atacarlos.

“Carácter crítico”

Por ello, Interior aspira a que los policías que se encuentren destinados en labores de seguridad en lugares de “gran concurrencia de personas o en localizaciones donde se asientan infraestructuras de carácter crítico”, dos de los objetivos principales de los atentados islamistas, porten chalecos antibalas dotados con las nuevas placas de alta protección. Los primeros destinatarios serán los “integrantes de las Unidades de Orden Público (UIP-UPR), Unidades de Seguridad Ciudadana y personal adscrito a la División de Cooperación Internacional (DCI)”. Entre estos últimos cita a “los funcionarios policiales destinados en misiones internacionales, embajadas, consulados u otras legaciones diplomáticas, que pueden hallarse expuestos a los conflictos internos de los países donde prestan servicio”.

Las nuevas placas ―fabricadas con material cerámico y fibras de alta resistencia y cuyo peso no puede superar los 2,8 kilos― deben ser capaces de resistir el impacto de un proyectil disparado con su fusil de asalto a corta distancia para “salvaguardar la vida e integridad física de los policías en estos casos de extrema peligrosidad.