‘Plomo’ policial para pacificar Ceuta
La Operación Plomo desplegada hace un año por la muerte del joven Ibrahim deja dos bandas rivales descabezadas y 82 detenidos, pero genera incertidumbre sobre qué ocurrirá en la barriada de El Príncipe a partir de ahora
El 16 de abril de 2022, Ibrahim B., de 16 años, viajaba en la parte de atrás de su moto por una calle de Ceuta cuando fue tiroteado. El chaval murió horas más tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital universitario de la ciudad. La tensión en la barriada Príncipe Alfonso, la más conflictiva de la ciudad autónoma, se disparó. Para controlar la situación, la Policía Nacional puso en marcha la Operación Plomo, que reforzaba la presencia de agentes en la calle e impulsaba varias líneas de investigación contra las dos bandas que se enfrentan en la zona: los Piolines y los Tayenas, denominadas así por los alias de sus líderes. Los agentes han realizado desde entonces 82 detenciones que han permitido resolver dos homicidios y seis secuestros. Hasta 38 de esas personas se encuentran en prisión provisional. Entre ellas, Ismael M. A., Piolín, localizado el viernes pasado en Manilva (Málaga, 17.157 habitantes) tras una compleja búsqueda. Se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, lesiones y tenencia ilícita de armas. Tiene 14 reclamaciones judiciales en vigor.
Después de tres años de relativa calma debido a la pandemia y la crisis migratoria de mayo de 2021, la muerte de Ibrahim, que simplemente pasaba por allí en el momento más inoportuno, volvió a poner al barrio del Príncipe en el foco y la noche fue de las más violentas en cuatro décadas. Los agentes recogieron casi un centenar de casquillos de bala al amanecer. La tensión había ido escalando desde que la compraventa de una vivienda de un antiguo narcotraficante que murió en el Estrecho de Gibraltar generó la rivalidad entre Piolines y Tayenas, según fuentes policiales. Son bandas formadas por jóvenes, muchos de ellos menores, que hacen uso habitual de armas de fuego —incluso ametralladoras Uzi— y se exhiben en redes sociales. Tienen hasta una flota de drones para controlar quién entra o sale de sus territorios. “Son zonas muy reducidas, cada uno tiene su área de influencia, pero también chocan”, insisten las mismas fuentes policiales. “Lo mismo pegan un tiro a quien creen que es una amenaza como al que pertenece al bando rival, o a uno del propio bando, a modo de aviso para navegantes”, señalaba otro agente a EL PAÍS el otoño pasado.
Su juventud implica menos experiencia, más impaciencia y más facilidad para picarse entre ellos. Por eso el conflicto degeneró en una espiral de violencia con tiroteos cotidianos. En uno de ellos falleció Ibrahim y la Policía Nacional respondió con un trabajo enfocado desde varios puntos de vista. A un lado, arrancaron una investigación con un planteamiento claro: la rivalidad entre bandas. Esa labor discreta se hizo en paralelo a una más visible: una mayor vigilancia de la barriada con patrullas preventivas, también algunas de paisano, además del apoyo de drones. Identificaciones, entradas y registros en domicilios y otras muchas actuaciones fueron poco a poco dando resultado.
La presencia policial ha sido tan activa que cuando el pasado 10 de octubre fue el militar español Dris Amar, de 37 años, fue tiroteado en el garaje de su casa, varios agentes se encontraban apenas a seis metros. Ese mismo día fueron detenidas cuatro personas, presuntos autores de los hechos. Ese otoño, la Policía dio prácticamente por desarticulado el clan de los Tayena, ya que habían caído sus principales cabecillas. Su líder, no. Sin embargo, murió hace dos semanas, el 12 de abril, al otro lado del Estrecho, en Los Barrios (Cádiz, 24.069 habitantes). Recibió un disparo en el abdomen por parte de su lugarteniente, un joven de 19 años posteriormente arrestado.
Caída de ‘Piolín’
También en la Península fue detenido el jefe de la banda rival, Piolín, en una actuación de la que pocos policías tenían conocimiento. Una investigación de meses llevó a los investigadores hasta el litoral malagueño. La semana pasada consiguieron su ubicación concreta: un apartahotel en Manilva, muy cerca ya de la provincia de Cádiz. Hasta allí se desplazó un amplio operativo con la intención de asegurarse su arresto, entre los que estaban miembros del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Costa del Sol en apoyo de los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Ceuta, que llevaba semanas desplazados en la península. Piolín es peligroso e iba armado, pero la detención fue limpia. Considerado líder de una de las bandas que actúan en Ceuta, Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol, sobre él constaban 14 reclamaciones judiciales, según han informado desde el Ministerio del Interior. Fue trasladado más tarde en ferry hasta la localidad ceutí e ingresó en prisión provisional.
Su detención es la punta del iceberg de la Operación Plomo. El grueso lo conforman los restantes 81 arrestados, que se reparten un amplio abanico de delitos: tráfico de drogas y personas, secuestros, uso de drones para vigilancias, extorsiones, tenencia de armas o ajustes de cuentas. Son organizaciones “polidelictivas”, como las define la Policía Nacional. 38 detenidos, los más ligados las bandas rivales, están en prisión provisional. El resto ayudaba en distintas tareas de las organizaciones. En las labores de vigilancia policial hay otra cifra destacada: 2.212 propuestas de sanción por infracciones graves a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La mayoría por tenencia o consumo de drogas, portar armas blancas o desobediencia, según la Policía Nacional. En el operativo también se han intervenido 14 armas de fuego —subfusiles, escopetas, pistolas y revólveres— y numerosa munición de varios calibres, así como diez drones.
Con estos resultados, Plomo se da técnicamente por terminada, pero fuentes policiales aseguran que la presión sobre la barriada no caerá. “No queremos relajación para que todo se complique otra vez”, explica un agente, que destaca que la concienciación social es también cada vez mayor en El Príncipe, lo que dificulta la labor de los delincuentes. La incertidumbre, sin embargo, sigue ahí. Nadie sabe qué ocurrirá con el conflicto entre las dos bandas ahora descabezadas. Ni si los subalternos subirán en el escalafón, decidirán repartirse el territorio para bajar la tensión o esta subirá. Mientras, queda pendiente resolver la muerte de Ibrahim B., cuya investigación aún no ha dado resultado.
