El agujero negro de la vivienda pública en España

Los problemas de acceso a una vivienda en España vienen de lejos. En un informe realizado en 2019 por el Defensor del Pueblo, ya se lamentaba la escasa proporción de vivienda social que hay en el mercado inmobiliario español, así como la bajada de la inversión por parte de los gobiernos en esta materia en las últimas décadas. Durante el período de 2004-2009, el número de las viviendas protegidas que se terminaron estuvieron entre 50.000 y 70.000 unidades anuales. No obstante, a partir de 2011, señala el informe, se produjo en este tipo de vivienda una drástica reducción de la oferta. En 2012 se llegaron a entregar 53.332 pisos sociales, mientras que en 2017, únicamente 4.938, lo que supuso tan solo un 9,2% de todas las casas terminadas ese año, según recoge el informe. Una bajada que se da tan solo en cinco años.

Aunque en las últimas semanas el Gobierno haya anunciado la construcción de más de 180.000 viviendas sociales, el Defensor del pueblo constataba en su informe de hace cuatro años que esta no ha sido la tendencia de las últimas décadas. El informe lamenta que la vivienda social no haya sido un asunto prioritario para los Gobiernos. “El parque público de viviendas de protección oficial (VPO) y alquiler social ha sufrido una drástica reducción”, asegura. Pero no solo se ha ralentizado la construcción de vivienda protegida, sino que las casi siete millones de VPO que se construyeron en España en los últimos 60 años han pasado, en su gran mayoría, a ser vivienda libre y no se han convertido en viviendas sociales.

El texto recuerda que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental protegido por la Constitución, por lo que apremia a los Ejecutivos a invertir más en esta materia. Según el estudio, “la VPO fue un amortiguador social, un instrumento regulador del mercado y corrector de sus deficiencias” durante la segunda mitad del siglo XX, por lo que el Defensor del Pueblo ve de forma negativa que haya dejado de tener ese papel regulador en la situación actual.

Esta situación, sin embargo, tiene unos responsables concretos. Los Estados, según el informe, han relegado la competencia de la vivienda a los mercados. Así, también señala que en España se ha abusado demasiado de la vivienda en propiedad como una de las únicas formas de acceder a este bien básico, algo que se debe revertir. Y, para ello, se considera que la vivienda protegida debe ser “una parte sustancial de la oferta”.

Durante el período 2009-2016, según se destaca en el informe, el gasto público del Gobierno central en materia de acceso a la vivienda y fomento de la edificación disminuyó alrededor de un 65 %, lo que equivale a una merma desde el 0,3 % PIB en 2009 al 0,15 % en 2016. Esta situación se achaca a las políticas de austeridad y contención del gasto público que comenzaron a adoptarse a partir de la crisis económica de 2008.

El estudio señala especialmente a la Comunidad de Madrid como el ariete de estas políticas neoliberales en el ámbito de la vivienda. Sobre todo, se refiere a la venta por parte del Ejecutivo regional de vivienda pública a fondos de inversión privada en los años más duros de la crisis económica (2012-2014).

El informe también subraya el desajuste que hay entre demanda y oferta respecto de la vivienda pública. Constata que cada vez hay más gente que pide acceso a vivienda social, mientras que la oferta está en mínimos. Para ilustrar esta afirmación, se detiene en los datos de la ciudad de Madrid. En febrero de 2007, el Ayuntamiento de la capital aprobó una iniciativa en la que se ofertaban 803 viviendas, de las cuales 611 en régimen de venta y 192 para alquiler, a las que concurrieron 21.314 personas. Mientras que en enero de 2019, 12 años después, el ayuntamiento sacaba a adjudicación 288 viviendas en alquiler social, pero el número de demandantes había aumentado hasta superar los 30.000.

Este aumento acusado de la demanda también se observa en Cataluña. En 2011, los solicitantes de viviendas protegidas eran 61.721, mientras que en 2018 esa cifra subió a 125.265.

Pero el estudio va más allá de las cifras, y refleja las consecuencias sociales de esta falta de interés de los gobiernos por invertir en vivienda. El informe presenta una sociedad estratificada en torno a su capacidad de acceder a una vivienda. En este modelo, se halla un primer grupo “reducido y poderoso” que es capaz de adquirir una vivienda como inversión; un segundo grupo de personas que pueden acceder a un crédito hipotecario; y un tercer grupo de “ciudadanos desprotegidos” —las mujeres víctimas de violencia machista, las familias monoparentales, jóvenes e inmigrantes— que tienen serias dificultades para acceder a este bien básico.

Otro dato interesante que aporta el informe es una incipiente preocupación por el alquiler turístico y sus derivadas, que “ha venido a distorsionar al tradicional mercado inmobiliario”, así como los problemas de gentrificación y expulsión de las personas que viven en los barrios.

Por tanto, ya en 2019, se apremiaba en aquel informe a adoptar “un cambio rápido e intenso” respecto a la inversión en vivienda pública, y se explicitaban “las dimensiones preocupantes” que adquiere la falta de interés por los pisos sociales en España. Una de las grandes recomendaciones de hace cuatro años era ampliar el parque de viviendas en alquiler social formado entonces por 275.000 viviendas, poco más del 1,5% de las viviendas totales existentes en el país. Actualmente, la cifra ha subido a 300.000, que supone el 3%, un porcentaje aún muy por debajo de la media de la UE, que alcanza el 9%.