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El exespía Perote pide ser rehabilitado con todos los honores

El agente secreto que provocó en 1995 la mayor crisis del Gobierno de Felipe González esgrime una sentencia del tribunal de Estrasburgo

Juan Alberto Perote (derecha), en una imagen de archivo datada en Madrid en febrero de 2000.
Juan Alberto Perote (derecha), en una imagen de archivo datada en Madrid en febrero de 2000.Eulogio Martín Castellanos
Miguel González

Juan Alberto Perote, el exespía que con sus revelaciones provocó en 1995 la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, quiere ser rehabilitado con todos los honores. El ex número dos del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid), antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha presentado un escrito ante el Tribunal Militar Central en el que reclama que se le restituya “en su condición de militar de carrera [era coronel del Ejército de Tierra] con todos los pronunciamientos administrativos y económicos añadidos y reponiendo al mismo en todas las condecoraciones y titulaciones que le hubieran correspondido” de no haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas.

El excoronel Perote fue condenado en 1997 por el Tribunal Militar Central a una pena de siete años de prisión, con la accesoria de pérdida de la condición de militar, por un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional. Quien fuera mano derecha de Emilio Alonso Manglano —el teniente coronel que asumió la dirección del Cesid tras la intentona golpista del 23-F y se mantuvo al frente del espionaje español durante 14 años— se había llevado del centro en 1991 (tras ser destituido) documentos clasificados sobre la guerra sucia contra ETA o la existencia de escuchas ilegales, documentos que acabaron publicados en el diario El Mundo en 1995 y provocaron la mayor crisis de los gobiernos socialistas de Felipe González.

Tras agotar sin éxito todas las instancias para recurrir en España, Perote recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en julio de 2002, dictó una sentencia en la que concluía que se habían vulnerado los derechos fundamentales del exagente secreto, ya que existían “serias dudas” sobre la imparcialidad de dos de los jueces militares que le condenaron; pues tanto el presidente de la Sala como el ponente habían intervenido en la resolución de recursos durante la fase de instrucción del caso.

En cambio, el tribunal de Estrasburgo rechazó conceder a Perote la indemnización que pedía (79.843,53 euros por daños materiales y hasta 714.309,36 por daños morales), alegando que “el reconocimiento de una infracción [por parte del tribunal militar que le juzgó] constituye en sí mismo una satisfacción suficiente por los daños morales sufridos”; y solo ordenó al Estado español que le abonase 10.500 euros por gastos y costas. Con el aval de Estrasburgo en la mano, Perote pidió que se anulara la sentencia que lo había condenado, pero tanto el Supremo como el Constitucional rechazaron su pretensión.

El Gobierno alegó entonces que el caso estaba cerrado y no se podía reabrir, que el excoronel estaba en libertad condicional desde 1999 y que se habían aprobado reformas en la jurisdicción militar para que los miembros del tribunal no intervinieran en la instrucción de los casos que luego juzgan. El Comité de Ministros del Consejo de Europa se dio por satisfecho con los argumentos del Ejecutivo español.

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Pese a ello, el abogado de Perote, Antonio Suárez-Valdés, considera que la sentencia del tribunal de derechos humanos nunca “ha sido plena y debidamente ejecutada”, ya que, aunque se adoptaron reformas legales, la única medida que afectó personalmente a su cliente fue el cobro de los 10.500 euros. Y añade que, en contra de lo que aseguró el representante español en Estrasburgo, no era cierto que el antiguo espía no hubiera pedido la reapertura de su caso, pues planteó un incidente de nulidad que fue desestimado por el Supremo.

Aunque han pasado más de 20 años desde la sentencia de Estrasburgo, el abogado de Perote subraya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no establece ningún plazo de caducidad o prescripción, por lo que reclama que se anule la sentencia que condenó al excoronel y se le reintegre a las Fuerzas Armadas. Con 85 años, Perote ya está retirado y cobra una pensión que nunca perdió pese a su expulsión del Ejército.

En el caso de que prosperase su demanda, más allá de los efectos económicos (que el escrito no evalúa), lo importante es la rehabilitación moral de quien en su momento fue tachado de traidor por muchos de sus compañeros. En 2005, cuando rechazó su recurso de amparo, el Constitucional adujo que la sentencia del tribunal de Estrasburgo se limitaba a constatar una “falta de imparcialidad objetiva” de los jueces que le juzgaron, sin entrar al fondo del asunto: si Perote sustrajo o no los llamados papeles de la guerra sucia con los que el exbanquero Mario Conde intentó chantajear al Gobierno socialista.

Esta condena no fue la única que recibió Perote. En 2006, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional que le había condenado a cuatro meses de prisión y seis de inhabilitación absoluta por escuchas ilegales. El exjefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid reconoció que el Gabinete de Escuchas, que dependía de él, interceptaba y grababa sin autorización judicial conversaciones por teléfono móvil de periodistas, políticos, empresarios e incluso del Rey. Aunque el llamado escándalo de las escuchas del Cesid fue utilizado por la oposición para intentar derribar a Felipe González, al final el propio Perote fue el único condenado en un juicio que el Constitucional ordenó repetir. Según Manglano, se trataba de escuchas aleatorias, en el marco de la exploración del espacio radioeléctrico, que el excoronel estaba obligado a destruir y decidió guardar.

La munición del exbanquero Mario Conde para chantajear al Gobierno

Los documentos secretos que el ex número dos del Cesid Juan Alberto Perote se llevó del servicio español de espionaje cuando fue destituido como jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), en 1991, sirvieron de munición al exbanquero Mario Conde para chantajear al Estado. Conde utilizó esos papeles -que evidenciaban la existencia de escuchas ilegales y la gestación de los GAL, las siglas que amparaban el terrorismo de Estado contra ETA- para reclamar una indemnización de 84 millones de euros por la intervención de Banesto, el banco del que era presidente y cuya quiebra amenazaba a todo el sistema bancario; y para intentar neutralizar los procesos judiciales que culminarían con su condena a 20 años de cárcel por estafa y apropiación indebida.

Que Perote sustrajo 1.200 microfichas con las notas de sus reuniones con el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, entre 1982 y 1989, lo admitió él mismo, que dijo que se las había llevado “inadvertidamente” y las devolvió después de que su sucesor se las reclamara durante meses. Que sacó copias de los documentos secretos quedó en evidencia cuando, en febrero de 1996, el juez Baltasar Garzón las incautó en un registro de la celda que el ex número dos del Cesid ocupaba en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). Entre los documentos que Perote sustrajo del Cesid figuraban la llamada acta fundacional de los GAL, un escrito de septiembre de 1982 que alertaba de la comisión de atentados contra refugiados de ETA en el sur de Francia; y la nota de despacho con la anotación manuscrita “Pte. para el viernes”, que se presentó como prueba de que el jefe del Cesid había informado al presidente Felipe González del inicio de la guerra sucia y, en realidad, solo indicaba que el asunto quedaba pendiente para la siguiente reunión.

Los papeles de Perote fueron esgrimidos por Jesús Santaella -que era a la vez abogado del exespía y del exbanquero, y a quien recibió el propio Felipe González- para intentar arrancar concesiones al Gobierno en beneficio del segundo. Lo publicó EL PAÍS, en septiembre de 1995, y lo ratifican los cuadernos de notas y agendas de Manglano, en las que se basa el libro El jefe de los espías, de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote. “Mario Conde, manejando documentación del Cesid suministrada por Perote, ha protagonizado una permanente presión o intento de chantaje, con el fin de resolver o condicionar su situación procesal”, escribió el exdirector del servicio secreto en julio de 1996. Las amenazas de Conde y de Javier de la Rosa, otro empresario con problemas con la justicia, no solo se dirigían contra el Gobierno socialista, sino también contra el rey Juan Carlos I, a propósito de sus negocios privados y amantes.

El chantaje no dio resultado, ya que el exespía y el exbanquero fueron condenados, pero la operación abrió el camino para la victoria de José María Aznar en las elecciones de marzo de 1996. Nunca se aclaró si Conde pagó a Perote por los papeles secretos que se llevó del Cesid.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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