La cruzada de William Browder contra los rusos corruptos llega a España

“En Madrid hacía un frío poco habitual para el comienzo de la primavera [de 2018]. Yo había volado allí para reunirme con José Grinda, el fiscal anticorrupción de España, y compartir con él pruebas de que el dinero negro relacionado con el asesinato de mi abogado ruso, Serguéi Magnistky, se había usado para comprar propiedades de lujo a lo largo de la Costa del Sol española”. Así arranca Orden de Embargo, el libro del empresario norteamericano William Browder, presidente y fundador del Fondo de Inversiones Hermitage, que operaba en Rusia desde 1996. Nieto de Earl Browder, fundador del Partido Comunista de Estados Unidos, el empresario se ha convertido en azote incansable del presidente ruso, Vladimir Putin, y de los oligarcas que han proliferado bajo su amparo. La Policía Nacional desmanteló hace una semana una red que compró inmuebles por valor de 25 millones de euros, dentro de esa estructura de blanqueo rusa cuyas pruebas aportó Browder aquel día.

“Aquella mañana de 2018 me llamó temprano el abogado de Browder y me dijo: “La Policía española ha detenido a mi cliente en su hotel y le llevan a comisaría”, recordaba Grinda hace unos días en una cafetería de la capital. “Hice un par de llamadas y enseguida me di cuenta de que se había activado una de las órdenes de detención de Interpol que había emitido el gobierno ruso contra Browder y le expliqué a los mandos policiales que su detenido venía precisamente a España para denunciar la corrupción y la persecución a la que estaba siendo sometido por el gobierno de Putin. Rápidamente le dejaron en libertad”, cuenta el fiscal, coincidiendo con el relato del libro.

“Nos entregó una voluminosa documentación que afectaba a varios países europeos, y que había sido recopilada en buena parte por el abogado Magnitsky, para demostrar la corrupción de los altos funcionarios rusos y el modus operandi que utilizaban para lavar el dinero robado fuera de su país, en su caso 240 millones de dólares obtenidos con impuestos desmedidos y acusaciones de fraude falsas”, explica Grinda, en el origen de una minuciosa investigación junto a su compañero Juan José Rosa y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Fiscalía Anticorrupción. Una investigación que sigue abierta y que ha servido, “entre otras cosas, para corroborar todas las indagaciones realizadas por Browder y Magnistky”.

Son esas presuntas estafas de las que le acusa Rusia las que mantienen activas las órdenes de detención internacional contra Browder. Pero, precisamente, lo que descubrió Magnitsky, fue cómo los funcionarios y técnicos de la administración rusa creaban esos falsos fraudes apoderándose de datos de empresas como las de Browder. “Browder tiene una lista de nombres que se compone de miembros de organizaciones criminales, funcionarios de la administración rusa y jueces que fueron inadmitiendo las muchas denuncias del abogado Magnitsky”, señala Grinda.

Hace dos semanas, y tras analizar más de mil cuentas bancarias siguiendo la pista del dinero ruso, la Policía Nacional detenía a la gestora de una inmobiliaria en Tenerife (”una de las puntas del iceberg”), embargaba 75 inmuebles valorados en 25 millones de euros y realizaba tres registros. “Ahora hay que poner en orden y analizar las nuevas pruebas obtenidas, de cara a ir construyendo la parte de arriba de este puzle, un enmarañado organigrama de personas físicas y empresas que nos conduzcan hasta los supuestos oligarcas, funcionarios o políticos que se encuentran detrás”, advierte el fiscal. Gerona, donde han detectado a un exgobernador de Putin, Alicante, Málaga y Tenerife son los puntos calientes de esta investigación. “Las personas a nombre de las que figuran la mayor parte de las propiedades, ni han pisado España”, señala Grinda, para mostrar la dificultad de las pesquisas.

El abogado ruso, y germen de estas indagaciones, Serguéi Magnitsky, fue detenido y murió en la prisión moscovita de Butyrka el 16 de noviembre de 2009, tras una brutal paliza y tras pasar un año encerrado. Meses antes, Browder había huido a Londres con su equipo ante las presiones de los funcionarios rusos, que pretendían manejar su fondo de inversión. Este contaba con activos del gigante del gas ruso Gazprom, de la compañía de petróleo Surgutneftegaz, de la eléctrica RAO UES, de la caja de ahorros Sberbank, de la petrolera Sidanco, de la productora de titanio Avisma y del conglomerado empresarial Volzhanka.

Browder, asesorado e informado por Magnitsky, hizo pública la malversación de fondos y malos manejos en estas empresas que, tras las privatizaciones que siguieron a la caída de la Unión Soviética, pasaron a ser propiedad parcial del Gobierno ruso. Putin estableció que el empresario americano, a quien en otros tiempos había apoyado, suponía una “amenaza para la seguridad nacional”, y su Gobierno le acusó de fraude tras realizar una serie de operaciones que obligaron a la compañía a desembolsar 240 millones de dólares en presuntos impuestos y estafas. El mismo dinero al que le siguió la pista el abogado Magnitsky, hasta destapar la trama corrupta. A él trata de honrar Browder desde su muerte.

Así promovió incluso una Ley Global, conocida en España como “Ley Magnitsky”. Se trata de una norma aprobada en Estados Unidos en 2012 que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Está dirigida principalmente a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso, y autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar en los países firmantes.

“Mi principal objetivo es que se haga justicia con mi abogado, Magnitsky”, dice Browder (que vive desde entonces con protección policial en Londres) en una entrevista telefónica. “El desarrollo de esta investigación española es muy importante para mí porque se trata de una investigación muy seria que puede tener repercusión en otros lugares del mundo adonde yo también he acudido a denunciar”, señala. “Además, puede servir de advertencia a los rusos que quieran lavar más dinero negro en España”.

Browder recuerda que hay otros 25 países en los que ha advertido a las autoridades del blanqueo de dinero procedente de actividades corruptas de burócratas rusos. “En general, los países no han puesto mucho empeño en investigar demasiado este asunto”, lamenta, e incluye a Reino Unido . Browder confía en que sea Europol quien aglutine los resultados de las diferentes investigaciones de todos los países afectados, para aclarar lo ocurrido y que se juzgue a los responsables, encabezados, en su opinión, por el propio Vladímir Putin, “porque es quien, en última instancia, da cobertura al crimen, la corrupción y el asesinato de mi abogado, Serguéi Magnitsky”.