El PP insiste en su negativa a pactar el Poder Judicial “mientras el Gobierno esté en la esclavitud moral de ERC”
Los populares defienden que el CGPJ “ha dado una lección de resistencia democrática” al haberse negado durante seis meses al acuerdo
El PP se sacude la presión que el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional debería ejercer para terminar también con la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que se ha logrado un primer acuerdo para el tribunal de garantías, la dirección popular se mantiene firme en su negativa a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez el desbloqueo del Consejo, con el mandato caducado desde hace cuatro años, vinculándolo a la decisión del Ejecutivo de derogar el delito de sedición y reformar el de malversación para favorecer a los líderes independentistas. El vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, encargado de la negociación de estos asuntos por el PP, se ha manifestado con firmeza este miércoles. “Mientras el Gobierno esté en la esclavitud moral de ERC, nosotros no podemos negociar en materia de justicia. Es absolutamente imposible”, ha zanjado en una entrevista en Onda Cero. El Gobierno, en paralelo, presiona al PP para que, “como propósito de Año Nuevo, cumpla la Constitución”, ha reclamado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La renovación del Constitucional no hace mella en el PP y los conservadores mantienen el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. El argumento sigue siendo el mismo por el que Alberto Núñez Feijóo justificó la ruptura de las negociaciones con el Gobierno cuando estaban muy avanzadas. Se resume en que el PP no puede pactar con el Ejecutivo después de que haya derogado el delito de sedición y reformado el de malversación. “Recuperar la negociación es fácil”, ha defendido González Pons este miércoles, “el día que Pedro Sánchez se libre de la esclavitud moral de ERC y Bildu. Ese día seguramente debamos sentarnos otra vez a negociar. Pero mientras negociar con Pedro Sánchez sirva para engordar las pretensiones de ERC, es el PP el que defiende la Constitución, a veces del propio Gobierno”.
“El acuerdo con el PP estaba absolutamente hecho, en el último momento a Feijóo le temblaron las piernas”, sostienen, en cambio, en el Gobierno. “Sería cuestión de segundos firmar el acuerdo y recuperar la normalidad institucional que España se merece”, ha expresado este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha extendido una reclamación al líder del PP. “Le pido a Feijóo que cumpla el acuerdo que ya tenemos con ellos, como propósito de Año Nuevo, que cumpla la Constitución. Queda a las claras que es el único que incumple la Constitución”. Ante la pretensión del PP de que el Gobierno retire a sus dos candidatos propuestos para el Constitucional -Juan Carlos Campo, ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, y Laura Díez, alto cargo del Ministerio de Presidencia desde 2018-, Bolaños ha tirado de ironía: “Que el PP quiera nombrar a los dos magistrados que designa el Gobierno cuando gobierna el PP y cuando gobierna el PSOE es poco menos que una inocentada”.
Pero el PP exige como condiciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces que el Ejecutivo restituya el delito de sedición y el de malversación como estaban antes de la reforma, y no solo eso, sino también que tipifique como delito la convocatoria ilegal de referéndum, según ha reiterado este miércoles González Pons. “Mientras no vuelva a poner la sedición como delito, y la malversación, y vuelva a poner el referéndum ilegal como delito, es que es muy difícil”, sostienen en el PP. “Es absolutamente imposible que el Gobierno, mientras está con ERC, pueda negociar con nosotros salvar la justicia, porque el mismo que destruye la independencia de la justicia no puede negociar su salvación”, ha argumentado el dirigente del PP. Los populares piden al Gobierno que devuelva las competencias al consejo para que pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo con el mandato caducado.
En opinión de la cúpula de Feijóo, los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial han llevado a cabo un ejercicio de “resistencia” durante seis meses. Resistencia “a que el Gobierno nombrara a magistrados afines para el Tribunal Constitucional, afines al mando a distancia de Pedro Sánchez y las tesis de ERC, mientras ayer [por el martes] se optó por dos magistrados independientes, no vinculados a la disciplina de partido”, ha defendido González Pons. “Lo que ha ocurrido no ha sido un bloqueo, ha sido una resistencia. El CGPJ ha dado una lección de resistencia democrática”. Al final, los vocales conservadores del Poder Judicial han logrado que sean designados los dos magistrados que propusieron para el Constitucional, pero no han evitado la nueva etapa progresista del tribunal, que pasa de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter progresista (7-4) hasta 2031.
