Un choque entre poderes sin precedentes con muchos antecedentes

Nadie recuerda en el Congreso, ni tampoco en el Gobierno, un choque institucional y público entre los principales poderes del Estado del nivel, la complejidad, el ruido y la incertidumbre que el registrado este jueves durante el debate y la aprobación de una serie de enmiendas para reformar unos artículos del Código Penal y la ley que regula el sistema de elección de Tribunal Constitucional, cuando ese órgano estuvo a punto de impedir siquiera el debate de esas iniciativas en el pleno. No hay ningún precedente político asimilable, y por eso se mencionó tanto la intentona armada del golpe de Estado del 23-F del coronel Antonio Tejero. Lo que sí hay son muchos antecedentes del uso y abuso de los Gobiernos del PP y el PSOE de enmendar y corregir leyes con enmiendas en proyectos sin ninguna relación, de amenazas y recursos por ello ante el Constitucional y, por supuesto, de leyes o decretos ómnibus, esos cajones de sastre legislativos en los que vale casi todo.

En la resaca del tormentoso pleno del jueves, en el Congreso y en los partidos se ha impuesto un periodo de tensa espera hasta conocer cómo se desarrolla a partir del lunes el segundo asalto de esta confrontación que en principio era política y partidista, entre el Gobierno de coalición, sus socios y la oposición de derechas por la urgencia de una serie de reformas legislativas, y ahora se ha extendido al ámbito judicial al máximo nivel, con la implicación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

El Constitucional, efectivamente, nunca había amenazado con parar un debate y una votación de unos cambios legales promovidos por un Gobierno legítimo, con el apoyo de sus socios parlamentarios. Ese antecedente es el que desató las alarmas democráticas del Ejecutivo y de sus formaciones aliadas. Los trámites de urgencias y ultraurgencias, los atajos legales y reglamentarios, la acumulación de proyectos en un pleno, la utilización de las enmiendas para corregir errores en leyes sobre otras materias o para colar demandas de última hora de otros socios se han producido siempre.

El polémico pleno del jueves estaba previsto en principio para sustituir en el Código Penal vía enmienda el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y beneficiar así a una serie de líderes independentistas catalanes condenados o fugados por el procés. Ni el Gobierno ni el presidente, Pedro Sánchez, ocultan que su estrategia de fondo es superar por la vía política los enfrentamientos y procesos judiciales con los que se abordaba en el pasado reciente la cuestión catalana. Al final, sin embargo, entraron 11 enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos, y en ese paquete se modificó el delito de malversación, se introdujo otro nuevo y se retocó la ley del Poder Judicial para acotar más y mejor el método de elección de candidatos al Constitucional cuando los vocales del CGPJ no cumplen con ese mandato en tres meses. Ese proceso, además, se aceleró en apenas una semana, un récord de velocidad absolutamente inusual en las Cortes.

PP, Vox y Ciudadanos denunciaron ese procedimiento y comenzaron a hablar de atropello, asalto, conato de autogolpe y subversión de la democracia. A varios partidos aliados habituales del Ejecutivo tampoco les agradan nada esos métodos, ni las prisas de última hora del Gobierno, pero los asumieron ante la relevancia que debería conllevar en el desbloqueo de los órganos constitucionales, frenados por el PP y los sectores conservadores de la Justicia.

Algunos dirigentes de esas formaciones, como Carlos Rojas, portavoz adjunto del grupo popular, y Elías Bendodo, coordinador general del PP, enfatizaron que se había tratado de uno de los peores días de la democracia por modificar hasta cuatro leyes “de una tacada” y sin seguir los procedimientos.

El presidente, Pedro Sánchez, y varios portavoces socialistas rebatieron esa acusación y señalaron que en todos los casos se había actuado conforme al reglamento de las Cortes. Y antecedentes similares hay muchos y con todo tipo de gobiernos.

En la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2015 y con mayoría absoluta, aquel Gobierno varió hasta 18 leyes con ese sistema y de todo clase e importancia. En junio de 2013 lo hizo para modificar precisamente en la ley orgánica del Poder Judicial los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En julio de 2014, el tema que se recondujo, a través de dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público, fue para garantizar el aforamiento de los Reyes eméritos, la reina Letizia y la princesa de Asturias tras la abdicación de Juan Carlos I, con un nuevo artículo en la ley del Poder Judicial (el 55 bis). El PSOE en la oposición se abstuvo y cuestionó esa fórmula porque limitaba el debate y daba la impresión de que aquel Ejecutivo trataba de ocultar algo o proteger a personas concretas.

En septiembre de 2018, el grupo socialista registró en el Congreso una enmienda a una reforma de la ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista para meter ahí un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria y eliminar la capacidad de veto del Senado, controlado entonces por el PP.

Hay muchos casos semejantes y de aprovechamiento de plenos para acumular proyectos y sacarlos en vísperas de vacaciones de verano o de Navidades. Suelen ser plenos escoba con leyes ómnibus. Va a suceder esta semana en el Congreso y el Senado con casi una decena de proyectos y le pasó al PP, por ejemplo en julio de 2014, cuando retocó con un macrodecreto hasta 26 leyes en vigor, entre ellas la gestión del Registro Civil o la privatización de AENA. La entonces portavoz socialista, Soraya Rodríguez, anunció ante semejante “barbaridad, desastre y chapuza legislativa” que lo recurrirían al Constitucional y así lo hicieron. Y toda la oposición atacó al PP “por socacar las funciones del Parlamento al impedir un debate a fondo”. Algunos partidos se ausentaron de las votaciones, como sucedió este jueves.

Ómnibus y la “heterogeneidad”

El Tribunal Constitucional ha fijado criterio al respecto con varias sentencias donde subraya que “la heterogeneidad” de ese tipo de procedimientos ómnibus “no está per se proscrita, por contener preceptos en muchas materias y sectores, por muy desaconsejable que tal práctica parezca técnicamente”.

El PP ya intentó esta semana, primero en la comisión de Justicia y luego en la Junta de Portavoces, paralizar la reforma sobre la elección para el TC aludiendo a informes de los letrados que consideran improcedente ese tipo de usos con correcciones en otras normas. Cuando los partidos de la derecha le plantearon ese debate el martes al secretario general de la Cámara, el más alto funcionario de las Cortes lo rechazó por no proceder de un órgano oficial del Congreso, Mesa de la comisión o general, sino de unos partidos concretos y la mayoría de los representantes políticos presentes descartaron la elaboración de un informe técnico específico al respecto.