Investigado todo el equipo de gobierno de Alhaurín de la Torre por vertidos de plomo en un arroyo
La jueza ha citado al alcalde del municipio malagueño, Joaquín Villanova, del PP, y todos sus concejales, después de que el Seprona comprobase la contaminación del cauce por la actividad de un club de tiro local
El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga, 41.868 habitantes), Joaquín Villanova (PP), ha sido citado como investigado por el Juzgado de Instrucción Número 14 de la provincia malagueña por los presuntos delitos de prevaricación, contra los recursos naturales y contra el medio ambiente. Junto al regidor también deberán acudir otros 12 concejales, es decir, todo su equipo de gobierno. Declararán la próxima semana ante la jueza María de los Ángeles Ruiz tras una informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) acerca de la posible contaminación de un arroyo por los residuos generados por el Club de Tiro Jarapalos, que comenzó su actividad en 1969 y cuyos dos últimos presidentes también han sido llamados ante los tribunales.
La investigación empezó por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga después de que dos concejales de Adelante Alhaurín de la Torre denunciaron que el Club de Tiro Jarapalos podría estar contaminando el cercano arroyo de la Breña y el río Guadalhorce, y que carecía de licencia de actividad. Los ediles, Javier Caravías y Eduardo Sáez, recordaron que en 2017 pidieron al Ayuntamiento inspeccionar los terrenos afectados por el club, pero que dicha labor no había sido realizada. “No es nuevo, la marca del PP está ligada desde el poder a la mala praxis”, ha subrayado el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero. Villanova, por su parte, ha subrayado en un comunicado que no ha cometido ninguna ilegalidad y que colaborará con los órganos judiciales. También ha destacado que el caso acabará siendo archivado “como ha pasado con las 68 denuncias anteriores” y critica que la oposición solo quiere dañar su imagen.
Los agentes del Seprona se desplazaron hasta el recinto después de la denuncia. Según las diligencias de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso ese periódico, el objetivo era comprobar los tipos de residuos que genera la actividad, dónde se ubican y cuál es su gestión. En el documento de la investigación policial se pueden observar fotografías del terreno plagadas de numerosos restos de platos, plomos y plásticos. En parte —cartuchos, tacos o hélices—, son recogidos por los responsables del club, según indica el documento policial, y guardados en sacas para su posterior gestión.
El informe destaca, sin embargo, que el club no posee ni licencia de apertura ni calificación ambiental y que los platos fruto de la actividad no se recogen. También revela que los plomos solo se gestionan de manera parcial desde el año 2017 y que hasta ese año no se hacía. Además, subraya que todos los residuos que afectan al arroyo de la Breña “no son objeto de gestión y retirada por parte del club”. Entre sus conclusiones finales destaca que “hoy se siguen produciendo vertidos de plomo” y que la gestión de estos residuos es “muy deficiente” dentro del club, siendo inexistente en las afueras. Por eso llama como investigados a dos de sus máximos responsables.
La Guardia Civil apunta también hacia el Ayuntamiento porque considera que no ha ejercido sus competencias, puesto que ni ha vigilado, controlado ni sancionado al club respecto a las actividades del club. Igualmente, destaca que, pese a que la concejalía de Medio Ambiente conocía la posible contaminación del arroyo después de que la propia Guardia Civil le informase, no han iniciado ningún expediente al respecto. Finalmente, creen que el municipio “estaría permitiendo el funcionamiento ilegal” de las instalaciones y concluye que el propio equipo de gobierno votó en contra de sus propias competencias como ayuntamiento en un pleno municipal donde se presentó una moción para exigir la regularización del club y que fue tumbada por los votos de los populares.
Por eso el informe pide que se cite tanto al alcalde, Joaquín Villanova, que lleva desde 1996 en el cargo, como a todos los miembros que participaron en esta votación y concluyan que podrían estar cometiendo supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y prevaricación. Declararán ante el juzgado entre los días 13 y 15 de diciembre.
