El fiasco de las comunidades energéticas: las trabas burocráticas retrasan los proyectos

80 hectáreas de bosque atlántico proporcionan a los vecinos de Tameiga, en el municipio de Mos (Pontevedra), kilómetros de paseos a la sombra y algo más. Cada año 325 familias de su comunidad de montes reciben leña para alimentar sus calderas de biomasa y pasar el invierno. Cortan lo suficiente para llenar entre 400 y 500 pequeños camiones con la correosa y calorífica madera de eucalipto y replantan una parte de lo explotado con frondosas. Hace poco instalaron paneles solares en varios puntos del parque industrial que gestionan para redistribuir corriente eléctrica entre las casas con la idea de pasar a ser una comunidad energética y verter los excedentes en la red. Pero algo les ha fallado. “Nosotros, según la definición de la directiva europea, somos una comunidad energética desde hace 20 años, desde que gestionamos la biomasa que generan los montes”, explica Gonzalo Pérez, técnico de la entidad y uno de los responsables de convencer a los comuneros de que cambiasen sus antiguas calderas de gas o de gasóleo para pasar a depender del bosque. Pero sobre el papel no es así: llevan más de un año peleándose con la administración y con la distribuidora energética de la zona (Fenosa energía, filial de Naturgy) para poder volcar a la red sus excedentes y convertirse formalmente en lo que se conoce como una comunidad energética. “Parece que están por todo el país, pero cuando rascas no hay ninguna”, ironiza.

La Unión Europea impulsó en 2019 la creación de estas entidades autónomas y abiertas a la participación de los vecinos con la idea de que poco a poco los ciudadanos fuesen evitando la dependencia de las compañías eléctricas convencionales. Crear asociaciones para producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía a través de pequeñas instalaciones iba a suponer la descentralización del sistema eléctrico y un ahorro importante para muchas familias a través del autoconsumo. Pero la realidad es que ni el Idae, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ni el propio ministerio sabe cuántas comunidades son una realidad, aunque explican que impulsarlas está entre sus máximas prioridades. “No hay una definición exacta, ni un registro de comunidades energéticas”, razona un portavoz. El organismo que dirige Teresa Ribera publicó en junio un primer balance tras anunciar ayudas de 100 millones en distintos programas: hay solo 46 proyectos en gestación, el 16% buscan erradicar la pobreza energética incluyendo consumidores vulnerables entre sus socios y la inversión estimada apenas alcanza los 15 millones. Las cosas van muy despacio. El plan +SE aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros propone “dotar de un marco jurídico a las comunidades energéticas que facilite su desarrollo”, que se materializará en un real decreto que completará la Ley del Sector Eléctrico. Su tramitación se espera para antes de que termine el año. El Gobierno también ha anunciado más ayudas y en diciembre del año pasado estableció sanciones a las eléctricas que se retrasen en compensar a los productores que vuelcan su energía en la red.

El ejemplo que todos mencionan es la villa de Crevillent, un pueblo al pie de una cadena montañosa situado a 25 kilómetros de la costa de alicante que se convirtió en la primera comunidad energética local del país. “Pero es un caso peculiar, ellos ya tenían una comercializadora propia hace años”, juzga Pérez. En la Comunidad de Montes de Tameiga creen que la suya es una figura que encaja a la perfección en las directivas europeas (de 2018 y 2019) que regulan las comunidades energéticas, pero no tanto en la normativa española. “Creamos trabajo local, una veintena de puestos; gestionamos un polígono industrial; realizamos descuentos a los comuneros en la venta de madera de un 60% sobre los precios de mercado”, explican, y son un ejemplo de gobernanza colectiva. “Los bienes de la comunidad son de todos, la leña es de todos, el agua es de todos… los comuneros no tenemos participaciones individuales, son partes proindivisas. No nos mueven criterios puramente económicos”. Pero una y otra vez se han encontrado con barreras porque las comunidades de montes solo se dan en Galicia y tienen sus peculiaridades (carecen de personalidad jurídica pero tienen capacidad jurídica). Bruno Dutto, el técnico que lleva todo el papeleo, se ha desesperado más de una vez con la distribuidora: “Toda la tramitación se hace desde su página web pero no te facilitan modelos, tienes que buscarlos en Red Eléctrica o en otras páginas. Te piden un montón de documentación y no explican cómo se la tienes que entregar. Así que te equivocas. Y cuando te equivocas tres veces tienes que volver a empezar. Yo pienso que tengo tres vidas y que las voy gastando. Además, a cada paso, la distribuidora tiene 20 días en contestar”.

No muy lejos de allí, en la Illa de Arousa, la alemana Gabriele v. Hundelshausen explica la iniciativa de varios vecinos desde la asociación Arousa en Transición, un proyecto en el que también colaboran el Ayuntamiento y la cofradía. Son una docena de familias que en 2019 se embarcaron para producir energía en sus tejados y tienen la primera célula de autoconsumo en marcha. No han conseguido constituirse como una comunidad energética, pero Hundelshausen es más optimista que Gonzalo. “No descartamos producir con una mini estación eólica, aprovechar la energía maremotriz… cada vez hay más tecnología disponible”. Pasar de ser meros consumidores a productores les está llevando a adaptar su consumo, aprovechando las horas de luz para poner la lavadora o el lavavajillas y reduciendo al mínimo sus necesidades de noche. “Hay mucho margen para aprender a aprovechar las renovables”, cree la alemana. En su país de origen hay unas 2.000 comunidades funcionando. Mientras buscan financiación, esperan conectarse a la red para verter los excedentes antes de que acabe el año, algo fundamental para convertirse en una verdadera comunidad energética local. “Contamos con que abastecerá la mitad de nuestras necesidades, pero depende de lo que vamos aprendiendo para adaptar patrón de consumo, hay mucho margen”. En el futuro sus paneles alimentarán un punto de carga eléctrico para coches donde los participantes podrán optar a una tarifa reducida y estudian otros proyectos relacionados con la movilidad eléctrica en la isla.

Otra entidad gallega que se pelea por lo mismo está en los montes de Buchabade (Ponte Caldelas, Pontevedra), donde también han puesto sus ojos las empresas eólicas. Fernando Malvar, uno de sus impulsores, explica que su plan nació cuando un promotor eólico fue a instalar un gran parque a un kilómetro y medio del pueblo. “Nos preguntamos por qué tenían que ser proyectos renovables tan inmensos y ahí conocimos las comunidades energéticas”. La comunidad de montes aprobó a finales de 2021 invertir unos 80.000 euros en una instalación para autoconsumo, pero se dieron cuenta de que ese camino no iba a ser fácil, porque como en el caso de Tameiga, la legislación española no reconoce explícitamente la figura de los comuneros. “Decidimos ir a lo práctico y formamos una cooperativa, un camino administrativo más difícil, pero con más oportunidades. Somos 80 comuneros, fue un proceso de mucho trabajo voluntario por parte de cinco personas, con muchas dudas al principio. Hicimos cuatro o cinco asambleas previas y lo aprobamos por unanimidad”.

Tras determinar el marco jurídico proyectaron una instalación de 100 kilovatios de potencia con paneles fotovoltaicos. Contaron con la ayuda de su distribuidora, Elemol, pero no consiguieron los datos de consumo de cada hogar, fundamentales para diseñar la instalación. Cada vecino tuvo que pedirlos a través de una aplicación del Ministerio de Transición Energética. “Hay casas que consumen 1.300 kilovatios / hora al año y otras que necesitan diez veces más”. Su idea es repartir la energía que generen a todo el mundo por igual. Después de pedir 500 euros a cada cooperativista, tienen en marcha un segundo desarrollo que esperan que sea subvencionado para conseguir producir 130.000 kilovatios, que proporcionarían unos 1.625 kilovatios de energía a cada hogar, suficiente para cubrir el 100% del consumo en algunos domicilios. El ahorro parece evidente, pero tardará en hacerse sentir en sus bolsillos: en seis o siete años piensan que habrán amortizado lo invertido siempre y cuando reciban ayudas. Mientras esperan, ven cómo el cambio climático está disparando la inseguridad energética. “El colapso está teniendo lugar. Las comunidades organizadas y descentralizadas serán las que mejor resistan”, cree Malvar.