Otro testimonio acorrala más a Medina y Luceño: “La zona de sujeción de la mascarilla se rompía con facilidad”

A medida que avanza la investigación del magistrado Adolfo Carretero, instructor del caso mascarillas, el cerco se estrecha cada vez más sobre Luis Medina y Alberto Luceño, los dos comisionistas que se embolsaron casi seis millones de euros por la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en la fase más crítica de la pandemia. Este viernes se ha incorporado al sumario un nuevo testimonio. Mario Tabasco, jefe de Riesgos Labores del Consistorio, ha declarado como testigo y ha recalcado que los tapabocas suministrados “no cumplían los requisitos de la Unión Europea” y que, además, comprobó que “se rompía con facilidad” la zona de sujeción de las orejas.

Según consta en el acta de declaración del funcionario ante el magistrado, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el jefe de Riesgos Laborales analizó el material de los comisionistas a los pocos días de recibirlo la Administración local. Un trabajador del área de Bomberos le “trajo unas cuantas mascarillas” y le hizo entrega de la “documentación” que las acompañaba. Y concluyó primero que no “cumplían la normativa europea”: “Pero la china, lo ignoro”.

“No sé si eran válidas o no, simplemente no cumplían requisitos de la UE”, ha detallado Tabasco durante el interrogatorio, donde ha precisado que sus análisis versaron sobre el cumplimiento de “requisitos administrativos”, pero que no entra en si “eran buenas o no de cara a la protección de la covid”: “Yo no podía saberlo”. “Cuando yo informé, me mandaron correos de los comercializadores. Era documentación china que no entendía”. Por ello, según las pesquisas, envió un email a dos altos cargos de Madrid Salud donde alertaba de los certificados de las mascarillas. También, añadía sobre los tapabocas: “Parecen bastante endebles y se rasgan con relativa facilidad”.

“La mascarilla no traía una goma. Visualmente, no eran como las mascarillas normales. La zona de la sujeción de la oreja era textil y se rompía con facilidad”, ha explicado el jefe de Riesgos Labores este viernes al juez Carretero: “El sistema de agarrado en las orejas se desgarraba al separarlo [...] Este material venía pegado y había que separarlo, y se rasgaba con facilidad. Se rasgaba lo que se sujetaba en las orejas. Y si se rompía, se tenía que tirar porque la mascarilla no se podía utilizar. Abrí una o dos, y una de ellas se rompió”, ha puntualizado.

Tabasco ha añadido que, “en ningún momento”, el Ayuntamiento le “dio instrucciones de cambiar el informe” donde explicaba estos detalles. Y ha añadido: “Era una época en que se necesitaban muchas mascarillas”. Además, según ha remachado, también pudo estudiar los guantes que suministraron Medina y Luceño, que presentaban deficiencias y que provocaron las primeras sospechas sobre la presunta estafa. “Dije que no eran productos de protección individual, ni un producto sanitario. Que no estaba comercializado como producto sanitario”.

El juez instructor considera “útil” profundizar en la “calidad de las mascarillas” suministradas, aunque la responsable de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado, asegurase que eran “válidas”. “Aparte de que Collado no es ninguna experta para determinarlo, existe un correo de Tabasco donde duda de la calidad”, expuso el magistrado en una resolución. Carretero también ha citado el próximo 8 de julio a declarar como testigo a un agente de la Policía Municipal que elaboró un informe que avalaba los tapabocas.

El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, recalcó el instructor en una resolución: “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los tests en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”.