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Suspendido el juicio por la construcción del edificio ‘Perla Negra’ por falta de documentación

La Audiencia de Valladolid devuelve a instrucción el caso para garantizar acceso de las partes

Juan Navarro
Edificio Perla Negra
A la derecha, el empresario Francisco Esgueva, uno de los acusados del caso 'Perla Negra', este lunes durante el juicio en Valladolid.NACHO GALLEGO (EFE)

El tribunal que enjuicia el ‘caso Perla Negra’ en la Audiencia Provincial de Valladolid ha suspendido este martes el juicio por la falta de una documentación que reclaman tanto las defensas como las acusaciones. La causa, cuya instrucción arrancó hace nueve años, investiga la influencia de cinco ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y siete empresarios afines del PP en la compra en 2005 de una parcela y un edificio con 20 millones de euros de sobrecoste. En esta vista, que se iba a prolongar hasta el 29 de abril, estaban citados hasta 90 testigos y peritos, entre ellos el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera (PP). La Audiencia Provincial devuelve ahora la causa a instrucción para garantizar que toda la documentación se entrega a la representación legal de los encausados. La reanudación de la vista puede tardar “meses” en fijarse, según estimaciones judiciales.

Los representantes de la acusación y de los procesados han solicitado este aplazamiento, cada uno por sus motivos. Los acusados para que no se vulnere su derecho a la defensa y la acusación, para evitar que se invalide por este defecto. La documentación que se ha echado en falta son los archivos de un CD que equivalen a una caja llena de folios. Fuentes cercanas al caso lamentan este “descontrol por parte del juzgado” instructor. Han pasado nueve años desde que se comenzó a investigar en el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid lo ocurrido con una parcela situada en el municipio de Arroyo de la Encomienda, que compró la Junta de Castilla y León, y el edificio construido en ella para ubicar una sede de la consejería de Economía.

Entre los 12 investigados por esta causa destacan los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado, imputado también en el caso de la Trama Eólica por beneficiar a empresarios al otorgar licencias de parques eólicos, y Begoña Hernández. Ambos pertenecieron a esta consejería en tiempos del exvicepresidente regional Tomás Villanueva, fallecido en septiembre de 2017, y a quien los testimonios han situado como principal responsable de esta trama urbanística. La Fiscalía pide penas que suman 79 años de cárcel para la docena de procesados.

El abogado del exviceconsejero Rafael Delgado pidió que el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera (PP) declarara como testigo. El exconsejero de la empresa pública Gesturcal, Pablo Trillo, también exprocurador del PP en las Cortes autonómicas, consideró “disparatada” la suma que se reclamaba por el conjunto de La Perla Negra, apodada así por un barco de una película de piratas de Johnny Depp y por las sospechas de corrupción que rodearon la construcción desde el principio. Trillo mantiene que alertó de ello a Juan Vicente Herrera, presidente autonómico entre 2001 y 2019, y que tenía en el exvicepresidente regional Villanueva, a uno de sus hombres de confianza.

La compra de los terrenos en Arroyo de la Encomienda y la ejecución de la obra supuso para Gesturcal 60,5 millones de euros frente a los 50 presupuestados inicialmente. Además, esta sociedad dedicada a la gestión de suelo industrial encaró el desembolso de otros 9,7 millones de euros que correspondían a la promotora, Urban Proyecta PM3 SL. El análisis de las cuentas reveló que algunas de las partidas excesivas se correspondieron con contratos no justificados con Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede nacional del PP y cuyos dirigentes fueron condenados por delito fiscal por la Audiencia Nacional.

La Fiscalía reclama 11 años de prisión y 16 millones de euros de multa para los exviceconsejeros de Economía Delgado y Hernández. En la fase de instrucción atribuyeron las responsabilidades a Tomás Villanueva, titular de Economía entre 2003 y 2015 y que falleció en 2017, poco tiempo después de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias. El ministerio público concluyó en su escrito de conclusiones que, además de los 20 millones de euros desembolsados sin motivo real, este edificio generó a Gesturcal pérdidas de unos 15 millones de euros entre 2009 y 2014. .

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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