El otro ‘caso mascarillas’ que sí investiga la justicia
Un juzgado de Almería estudia el cobro de comisiones ilegales por un exalto dirigente del PP en un contrato de material sanitario adjudicado por la Diputación almeriense
Mientras en Madrid hay un caso mascarillas que solo parece investigar el PP de Génova, en Andalucía hay otro caso mascarillas que está en fase de instrucción, que ha acabado con la vida política de Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería, y en la que aparece como investigado Fernando Giménez, el número dos de Javier Aureliano, presidente del ente supramunicipal y de los populares de esa provincia, uno de los bastiones electorales del partido en esa comunidad. El juzgado de Instrucción Número 1 de Almería investiga desde principios del mes de febrero —tras la inhibición de la jueza de Barcelona que inició la causa en 2020— el supuesto cobro de comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros a Liria por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario por dos millones de euros.
El contrato se firmó el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento, con la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, investigado por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales. El 15 de junio de 2021 la Guardia Civil irrumpía en el domicilio del entonces vicepresidente tercero y responsable de Fomento de la Diputación, donde encontraron sobres con más de 150.000 euros en metálico. 15 días antes, Aureliano, que antes de que se conocieran las presuntas mordidas había defendido la limpieza de la transacción, rescindió el acuerdo porque parte de ese material o no llegó o estaba en mal estado.
La instrucción también señala a Giménez, delegado de la Presidencia en la Diputación, a quien la jueza de Barcelona ha llamado a declarar como investigado por entender que de él partió a propuesta de contratación. La comisión de investigación que abrió la Diputación se cerró este verano sin responsables políticos, gracias a los votos de PP y Cs y la abstención de Vox. El PSOE votó en contra. En su comparecencia, GIménez reconoció que fue Liria quien recomendó el nombre de Azor para realizar el contrato de mascarillas y facilitó a la empresa sus datos de contacto. El PSOE alegó que el acuerdo de dos millones de euros se gestionó por Giménez a través de su correo personal en 12 horas. Fue la empresa de López quien llamó primero al número dos de Aureliano, que habló con una tercera persona y luego con el propio López, si bien, en la comparecencia, Giménez alegó que no recordaba lo que había hablado con ellos.
En el caso mascarillas andaluz tampoco faltas los lazos familiares. López es sobrino de una excuñada del alcalde de la localidad almeriense de Fines (2.200 habitantes) desde 2003, Rodrigo Sánchez Simón. El primer edil es tío de Liria y también ha sido llamado a declarar por la primera instructora del caso. Al igual que su hijo y primo de Liria, Rodrigo Sánchez, a quien la Guardia Civil pilló saliendo de la casa del padre del exvicepresidente con sobre llenos de billetes. El padre y la novia de Liria también han sido imputados. A diferencia de Pablo Casado, la Junta no parece preocupada por las posibles derivadas de este caso mascarillas, según las fuentes consultadas por este diario.
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