El PSOE carga contra el juez por dar por acabada la investigación sobre la caja b del PP de Madrid

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han presentado un recurso para que se retome la investigación sobre la caja b del PP de Madrid. A través de un duro escrito de 29 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, la representación de los socialistas pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por acabadas estas pesquisas, donde apenas falta que la Fiscalía Anticorrupción presente su informe definitivo antes de que el magistrado acuerde si archiva el caso o procesa a alguien por la supuesta financiación irregular de los populares madrileños. Los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González se encuentran entre los imputados.

García-Castellón, al que la Sala ya apremió en una ocasión para cerrar estas pesquisas, considera “agotada” la instrucción. Pero en su recurso, el PSOE y Adade insisten en que todavía queda un hilo muy importante del que tirar —las últimas revelaciones del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado en el caso Gürtel—, que sitúa precisamente en la diana a Aguirre. Las acusaciones temen que la expresidenta se quede fuera del listado de procesados por el juez, pese a que era la máxima responsable de las instituciones utilizadas para desviar supuestamente el dinero y a que era la mayor beneficiaria de la trama, ya que presuntamente se financiaron sus campañas de forma irregular. De hecho, fuentes de la investigación consideran complicado que la exlíder popular acabe en el banquillo, ya que ninguno de sus subordinados directos la ha señalado hasta ahora con pruebas sólidas. El informe definitivo de la Fiscalía, donde tendrá que dejar por escrito si pide que se juzgue a la política, pesará mucho en la decisión del magistrado, según esas mismas fuentes.

Con este contexto como telón de fondo, los socialistas consideran fundamental investigar las revelaciones de Ortega. El exalcalde contó en 2020 que la expresidenta lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales de la formación. Además, el regidor aportó facturas para sostener sus acusaciones, que provocó que García-Castellón desgajara su testimonio de la instrucción sobre la caja b del PP de Madrid y abriera en 2021 una nueva línea de investigación (Pieza Separada 13 del caso Púnica) centrada solo en sus afirmaciones.

Pero, según dicen el PSOE y Adade, el juez no “ha hecho nada” para tratar de avanzar en esa parte de las pesquisas —que la Sala de lo Penal le ha obligado a volver a unir a las averiguaciones sobre la caja b, al considerar que se tratan del mismo asunto—. La acusación popular califica como “desoladora” la instrucción sobre las afirmaciones de Ortega: “Desde el 12 de mayo de 2021, fecha de formación de la Pieza 13, hasta el 28 de enero de 2022 no se ha realizado ninguna diligencia de investigación nueva”, expone el recurso: “De todo ello, solo podemos concluir que el efecto principal de la formación de la Pieza 13 ha sido evitar la investigación judicial sobre la financiación irregular del PP”.

“No consta que se haya requerido la elaboración de ningún tipo de informe para adverar la realidad de los hechos denunciados a ninguna unidad de auxilio judicial o de apoyo a la Fiscalía”, sigue el escrito de los socialistas, que apunta que solo se comprobó que las facturas aportadas por Ortega no se encontraban entre la documentación facilitada por la Comunidad de Madrid: “Lo que solo probaría que la Comunidad no coopera con la justicia y menos cuando se investiga al PP, que es el que gobierna”. “No se ha pedido la unidad de auxilio judicial que cruce los datos de lo denunciado con la contabilidad hallada en el registro a Beltrán Gutiérrez, [exgerente del PP de Madrid], para comprobar que las cantidades de origen desconocido o que no se habían podido vincular a ninguna fuente de ingresos de las conocidas pudiesen corresponderse con aportaciones opacas procedentes del IMADE o del Mercado Puerta de Toledo”, destaca el recurso.

El pasado 25 enero, García-Castellón decidió dar por acabada la instrucción sobre la presunta caja b del PP de Madrid. El magistrado consideró que todas las pruebas practicadas hasta la fecha “son suficientes” y “no debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación” de unas pesquisas que se prolongan desde 2016. “Se considera que la instrucción ha finalizado”, añadía el juez en su resolución, donde rechazaba ampliar seis meses más la causa, como pedía el PSOE, para profundizar en las afirmaciones de Ortega.

El juez de la Audiencia Nacional hace meses que da por “agotada” esta instrucción —que la Sala de lo Penal ya le había apremiado a acabar por llevar muchos años abierta—. La Fiscalía también apoyó dar por finiquitadas las pesquisas, aunque reiteró que la Guardia Civil debe elaborar un informe sobre las facturas de Ortega, que el magistrado ha aceptado.