El Gobierno vasco reconoce el “aislamiento social” de la policía durante el terrorismo

El Gobierno vasco ha presentado este viernes un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), sobre la “injusticia” que han padecido los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familiares como “consecuencia del terrorismo de ETA”, que acabó con la vida de 357 de sus miembros. El informe considera “intolerable desde una sensibilidad democrática” la “amenaza que ETA lanzó” contra las fuerzas del orden público que “mediante la intimidación colectiva”, quedaron expuestos a una situación de “aislamiento social”. El texto recomienda hacer un ejercicio de “reconocimiento” que “debe ser público y [...] oficial” e invita a la sociedad vasca a “reflexionar” para construir una “memoria reparadora y empática” por el “sufrimiento” de estas “víctimas inocentes”.

El Gobierno vasco ha hecho suyas las conclusiones del texto “de forma clara y alta”, según ha asegurado este viernes la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. El informe lo encargó en 2020 la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Ejecutivo vasco y tiene de 76 páginas en las que se constata la “vulneración sistemática de derechos fundamentales” que adolecieron policías nacionales y guardia civiles durante 51 años, hasta que la banda abandonó las armas en octubre del año 2011. Dichas vulneraciones afectaron, según lo redactado, al “derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y a la libertad de residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de las personas”.

Artolazabal ha afirmado que el objetivo de este estudio es la búsqueda de la “verdad, la memoria y el reconocimiento para llegar a un modelo de convivencia cimentado en los pilares de la dignidad, la no violencia, la no repetición, el pluralismo político, el respeto y el diálogo”. En la misma línea, el documento recoge varias recomendaciones. En primer lugar, “hacer público” el sufrimiento padecido por las víctimas para “recuperar la convivencia democrática” de la población vasca que, continúa, “ha vivido en su seno una enfermedad intolerable”. También reclama considerar “el valor de la diversidad que fue menoscabada por la banda terrorista ETA y su entorno social”. Por último, incide en la importancia de “continuar y potenciar” iniciativas que lleven a las aulas la memoria de los damnificados e “incentivar” la colocación de placas en la vía pública en aquellos sitios donde se produjeron atentados: “Con la labor de reparación de una cultura de convivencia cívica”, expone el texto.

Los autores de la investigación han sido tres profesores de la universidad bilbaína que se han entrevistado con 14 personas víctimas de atentados o familiares de las mismas, todas pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Todas han destacado, junto con el aislamiento social que vivieron, las “quiebras familiares” y “rupturas sentimentales” que padecieron por el “miedo” de sus parejas a residir en el País Vasco. Así como la ausencia de apoyo por parte de la sociedad vasca: “Las personas entrevistadas echaron en falta una mayor empatía del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento”, describe el informe, que también añade el “claro reproche” de las víctimas a los vecinos que ignoraban su situación bajo la premisa del “algo habrán hecho”.

El documento recopila los datos sobre atentados, muertes y heridos como consecuencia de las acciones de ETA. En total, la banda terrorista asesinó a 357 personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La mayoría fueron guardias civiles, 207 —el 58%— y también fallecieron 17 de sus familiares por los repetidos ataques a las casas cuartel donde residían familias enteras. En concreto, cinco adultos, dos adolescentes y 11 niños. Los otros 150 asesinados —42%— fueron miembros de la Policía Nacional. Además, el informe recoge que los atentados de ETA dejaron 711 heridos, el 43% de los cuales sufrieron lesiones que provocaron una “incapacidad permanente total”.

Este trabajo llega después de haberse hecho público otros anteriores del mismo Instituto de Derechos Humanos sobre personas amenazas por ETA, agentes de la Ertzaintza —la policía autonómica vasca—, y la política de dispersión —que consistía en internar a los presos en cárceles alejadas de sus familias—. El próximo año se presentará un estudio sobre las consecuencias de la banda en los funcionarios de prisiones.