Díaz pisa el acelerador con los nacionalistas para evitar a Ciudadanos en la reforma laboral
La vicepresidenta viajará a Barcelona para defender su propuesta ante trabajadores y empresarios
Yolanda Díaz ha pisado el acelerador para sacar adelante su reforma laboral en el Congreso con los aliados nacionalistas habituales. La prioridad de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es buscar fórmulas que satisfagan a ERC y PNV sin tener que recurrir como última opción a Ciudadanos, una alternativa que, sin embargo, no desagrada a la parte socialista del Gobierno, de momento al margen de las negociaciones. Díaz mantuvo la noche del miércoles una larga conversación en Madrid con el presidente de la Generalitat y líder de ERC, Pere Aragonès, y la próxima semana viajará a Cataluña para hacer campaña por la reforma.
Fuentes de Trabajo señalaron que la reunión de Díaz con Aragonès, durante una cena aprovechando una visita del president a Madrid, ofreció resultados “positivos”. El líder de ERC se mostró más cauto en público. Advirtió en TVE de que las posturas están todavía “muy lejos” y reprochó al Gobierno que no haya cumplido su promesa de derogar la totalidad del marco laboral impuesto por el PP en 2012. Esquerra insiste en que ahora mismo la posición de sus 13 diputados en el Congreso es votar contra la reforma, cuando el decreto ley que la regula se someta a convalidación en la Cámara, el próximo 3 de febrero.
Díaz y Aragonès acordaron proseguir las negociaciones entre el equipo de Trabajo y representantes del grupo de ERC en Madrid. Al mismo tiempo, la vicepresidenta viajará la próxima semana a Barcelona para defender la reforma en varios actos públicos. El próximo viernes se reunirá con directivos y trabajadores de Seat y hablará ante una asamblea de 200 delegados sindicales. En la reunión entre Díaz y Aragonès, entre otros asuntos, se abordó una de las principales exigencias de ERC sobre la reforma laboral: recuperar la autorización administrativa previa a la aplicación de los ERE en las empresas, suprimida por la reforma del PP. La Generalitat tenía transferida esa competencia, lo que, según destacó Aragonès en TVE, de haberla conservado le hubiese permitido intervenir en un conflicto laboral de gran impacto en Cataluña, el que acabó con el cierre de la factoría de Nissan.
El equipo de Díaz en el ministerio también ha mantenido esta semana contactos con dirigentes del máximo nivel de PNV y EH Bildu. En el caso de los peneuvistas, su exigencia, compartida por las demás fuerzas nacionalistas, es establecer la prevalencia de los convenios laborales autonómicos sobre los estatales. El Gobierno ya planteó en su día esa propuesta en la mesa de los agentes sociales que negoció la reforma, pero acabó retirándola ante el rechazo de la patronal.
Fuentes próximas a las negociaciones explicaron que sobre la mesa se han planteado diferentes soluciones. Una de ellas, según interlocutores del Gobierno, sería incorporar las demandas de los nacionalistas —la primacía del convenio autonómico y la autorización de los ERE— a otras normas al margen de la reforma laboral, una manera de contentar a los socios parlamentarios sin alterar el texto pactado en la mesa de los agentes sociales, lo que podría comprometer seriamente el apoyo de los empresarios. En el caso de la autorización de los ERE, el ministerio ya incluyó en su Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado el pasado diciembre, el compromiso de aprobar una nueva normativa sobre la materia. Pero los nacionalistas son reacios a esa fórmula, según las mismas fuentes, y tampoco convence a la parte socialista del Gobierno. Fuentes oficiales de Trabajo se limitaron a comentar que “se barajan varias opciones” y que de momento no hay decisión sobre ninguna.
El equipo de Díaz ve más posibilidades de acuerdo con ERC y PNV. Con EH Bildu, en cambio, las posiciones están más alejadas, ya que la izquierda abertzale insiste en revertir el abaratamiento del despido que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012, una condición que provocaría con toda seguridad que la patronal se desvinculase del acuerdo. Díaz, además, ha afirmado en varias ocasiones que esa medida ni siquiera estaba contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
El Ejecutivo tiene aún tres semanas por delante para cerrar los apoyos a una votación crucial para el futuro de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Pero Díaz quiere volcarse sin esperar en las negociaciones con los nacionalistas y otros grupos más pequeños, como Más País, para evitar el que sería el último recurso: los nueve diputados de Ciudadanos, dispuestos a entrar en el acuerdo si el Gobierno prescinde de sus aliados habituales. El PSOE, que de momento está dejando a la vicepresidenta que dirija las negociaciones, no vería esa opción con malos ojos, al contrario que Díaz y Unidas Podemos.
El apoyo de Ciudadanos, si estuviese acompañado del rechazo de todos los nacionalistas, no bastaría para apoyar la reforma, aunque el Ejecutivo también podría encontrarse con algunos respaldos poco frecuentes. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, que han dado a entender que no secundarán el no del PP y optan por abstenerse.
