Andrés Ollero, exmagistrado del Constitucional: “La ley del aborto divide al tribunal. El consenso no parecía posible”

Andrés Ollero (Sevilla, 77 años), exdiputado del PP, cesó la semana pasada como magistrado del Tribunal Constitucional. Estaba encargado de uno de los proyectos de sentencia más complicados de la historia del tribunal, el de la ley del aborto, que ahora, tras su marcha, pasa a manos del más polémico de los nuevos magistrados: Enrique Arnaldo.

Pregunta. ¿Cree justificable que el Constitucional lleve 11 años sin haber dictado la sentencia sobre la ley de aborto?

Respuesta. Como diría Günter Grass, se trata de una larga historia. Para empezar, se partía de un precedente nada brillante. La sentencia de 1985 dividió al tribunal hasta el punto de que el presidente García-Pelayo tuvo que hacer uso de su voto de calidad para resolver el empate. A nadie parecía conveniente repetirlo. Por lo demás el recurso se había presentado dos años antes de que yo llegara al tribunal; tiempo suficiente para resolver la cuestión. Me consta que mi predecesora, Elisa Pérez Vera, elaboró su borrador, pero nunca llegó a figurar en el orden del día… Posteriormente, los recurrentes [el PP] lograron mayoría absoluta en el Congreso y se daba por supuesto que, cumpliendo su programa, actuarían de acuerdo con su recurso, con lo que este perdería objeto; y esto aconsejaba esperar. No ocurrió así y el ministro Ruiz Gallardón acabó dimitiendo…

P. ¿Por qué no ha llevado usted al pleno su proyecto de sentencia sobre el aborto?

R. Cuando me tocó al fin presentar un borrador comencé a calibrar, con algún que otro sondeo, si cabría un relativo consenso. El panorama no parecía hacerlo posible.

P. ¿Hasta qué punto sus convicciones religiosas han estado presentes en ese borrador?

R. Para mí el no matar es, antes que un precepto moral, una exigencia jurídica. Está muy extendida la equivocada idea de que el derecho es un instrumento coactivo al servicio de la moral; pero también el no robar, el no mentir o el no agredir sexualmente son ante todo exigencias jurídicas, por integrarse en un mínimo ético tan indispensable para la convivencia social que es él el que acaba generando obligaciones morales. Yo cuando resuelvo cuestiones jurídicas no necesito hacerlo rezando.

P. ¿Le urgió en alguna ocasión el presidente del tribunal a que presentara el borrador?

R. González Rivas ha ido siguiendo muy de cerca mis intentos. Recientemente, preocupado por las consecuencias de la dilación, me hizo saber que lo incluiría en un próximo orden del día, lo que habría llevado a resolverlo no más tarde del mes de enero.

P. ¿Se lo pidieron sus compañeros del Constitucional?

R. Ninguno de ellos me ha urgido al respecto. Me da la impresión de que para ninguno de nosotros era asunto agradable.

P. ¿Cree que con la composición del tribunal antes de esta reciente renovación habría sido fácil alcanzar un consenso sobre esta cuestión?

R. Creo que no, porque el problema no consistía en una mera disparidad. Como ya ocurrió en 1985, el tribunal no se dividía en dos sino en varias posturas distintas y eso complicaba especialmente el asunto.

P. ¿Le preocupó la presentación de una querella contra usted y tres expresidentes del tribunal, junto a una demanda en Estrasburgo?

R. Hombre, una querella criminal no es plato de buen gusto, salvo que uno esté acostumbrado. En todo caso no me ha preocupado demasiado, porque más de un jurista de prestigio se ha adelantado a pronosticarme que el asunto quedaría en nada.

Pandemia de covid

P. ¿España ha quedado inerme jurídicamente ante la eventualidad de una nueva pandemia o un agravamiento de la del covid-19, tras las sentencias sobre el estado de alarma?

R. Parece que habría que revisar la legislación que desarrolla el artículo 116 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y sitio, dada la novedad del fenómeno. No solo nuestro ordenamiento jurídico sino también otros europeos están encontrando dificultad para asumir algo así.

P. ¿Por qué no apoyó la primera sentencia [que declaró inconstitucional el estado de alarma que sustentó el confinamiento]?

R. Porque la mayoría hacia un planteamiento rebosante de jurisprudencia de conceptos y ajena a los intereses en juego. Para mí todo razonamiento jurídico lleva consigo, para ser razonable, un juicio de proporcionalidad, que no es un último recurso sino una exigencia previa. Solo medidas desproporcionadas pueden afectar al contenido esencial de un derecho; en la primera fase, a mi juicio, no las hubo. A estas alturas aún se van a llevar a la práctica en Austria, Italia o Alemania. Ya veremos cómo y cuándo acaba aquí la cosa.

P. ¿Por qué sí respaldó la segunda sentencia [que tumbó el parón parlamentario de las primeras semanas de pandemia]?

R. Por idéntica razón, ya que en este caso las medidas sí fueron desproporcionadas; con la triste colaboración de un Congreso que renunció a su función esencial de control del Ejecutivo. Algún listo pensó que yo apoyaba al Gobierno en la primera y había estado en su contra en la segunda. A mí me preocupaba hacer respetar la Constitución; lo que eso supusiera o dejara de suponer para el Gobierno me importaba un rábano.

P. ¿Considera que el Gobierno usó la pandemia para evitar el control parlamentario?

R. Como digo, el Gobierno no es, ni a favor ni en contra, mi problema. Tampoco lo fue cuando fui ponente de la sentencia sobre la llamada amnistía fiscal del PP y logré, no sin esfuerzo, que se aprobara por unanimidad. Lo sentí mucho por mi amigo Cristóbal Montoro, pero no se viene al tribunal para dar alegrías a los amigos sino para defender la Constitución.

P. Su dedicación a la política como diputado del PP ¿ha sido un inconveniente en el Tribunal Constitucional?

R. Es obvio que en el PP me conocían bien, pero eso no me convertía en candidato por unanimidad. Nunca fui hombre de aparato, sino de trabajar en lo que tocara. Me consta que hubo sus más y sus menos. Es normal en un partido democrático. En los medios, los que mejor me han tratado se conformaban con etiquetarme como conservador. En todo caso, aunque no era constitucionalmente obligado, me di de baja en el partido tras mi nombramiento; así me he sentido más cómodo.

P. ¿Está politizado el Constitucional?

R. Está politizado el tratamiento de las tareas del Constitucional; lo que es lógico, porque todo lo que tiene “especial transcendencia constitucional”, condición para que el tribunal aborde algo, tiene claras consecuencias políticas. Lo que sí lo politiza es que se lo instrumente por intereses de partido. Es una vergüenza que aún no se haya derogado la última reforma de la ley orgánica del tribunal, contra la que nadie ha recurrido. Los partidos no cumplen con su deber de nombrar a los magistrados cuando toca; pretendieron “solucionarlo” diciendo que ese tiempo de su retraso se le reste a los magistrados que nombren. Para colmo, solo se aplica tan curioso criterio en los nombramientos para el Constitucional y no en los relativos a los demás órganos constitucionales. Según esto, a los que acaben nombrando para el Consejo General del Poder Judicial, tendrían que empezar por restarles más de dos años de mandato. Me gustaría que algún partido acabara con este disparate.

P. ¿Los miembros del tribunal son demasiado cercanos a los partidos políticos?

R. Suelen ser ciudadanos con buena cabeza, para los que la política no es asunto indiferente; pero saben que su función es aplicar la Constitución y no promocionar sus ideas personales o políticas.

P. Esa proximidad, ¿es evidente en el caso de Enrique Arnaldo, ahora elegido magistrado?

R. Me parece que tiene muy buena cabeza… Lo conocí en el Congreso, como letrado de las Cortes. Luego me han llegado ecos de su dinamismo como abogado y, en lo académico, es catedrático de universidad. Ha sido sometido a un acoso mediático desmesurado. No sé si el mejor magistrado constitucional soñado debería ser un abogado sin pleitos o un catedrático que no haya dado una conferencia. Hubo casi unanimidad del pleno al constatar que reunía las condiciones exigidas; el único, o única, que no lo votó lo trató igual que a los demás candidatos.

P. ¿Qué opinión tiene del reciente proceso de renovación?

R. El problema está en el sistema. La experiencia me lleva a constatar que si se somete a elección más de un cargo hay reparto; soy de los que cree en el pecado original. Cuando se elige a un solo candidato, para Defensor del Pueblo, Aznar puede proponer a Enrique Mújica; todo una muestra de respeto. Sería mejor que se sucedieran en el cargo uno a uno y, si es de modo vitalicio, mejor. Así ocurre en la permanente del Consejo de Estado y no se presta a comentarios.

P. ¿Ve inconveniente que entre los elegidos no haya magistrados del Supremo? ¿Y el nombramiento de Arnaldo, polémico por sus vinculaciones con el PP?

R. Comprendo que a los magistrados del Supremo no les haya entusiasmado, pero se trata de juristas de prestigio. A una de ellas he tenido el honor de darle clase; es la segunda ya de los miembros del tribunal que me permite presumir de viejo profesor. En cuanto a presuntas irregularidades, el tribunal no tiene como función ocuparse de esas; para denunciarlas es costumbre ir al juzgado.

P. A la vista de los elegidos en las últimas renovaciones, ¿los partidos buscan juristas afines antes que juristas de prestigio?

R. No creo que lo segundo esté reñido con lo primero. Asunto distinto, que afecta más al magistrado que al partido, es que esa presunta afinidad condicione su labor. A mí solo me han llamado una vez desde el PP: para comunicarme que aceptaban el veto que desde el PSOE se planteaba a que yo fuera presidente.

P. ¿Por qué no fue usted elegido presidente en la anterior renovación, en 2017?

R. Yo no aspiraba a ello. Tenía entendido que, con arreglo a reglas no escritas de la casa, me tocaba. Tuve contactos con unos compañeros y otros; todos compartían esa idea. Una semana antes de que se reuniera el Senado para elegir a nuevos magistrados, lo que justificaba el cambio presidencial, se me informó de que, si iba a ser yo el elegido, el PSOE dilataría indefinidamente esa elección por parte de los senadores.

P. ¿Quién lo impidió, y qué motivos le dieron?

R. En plena batalla por su secretaría general, en el PSOE entendían que si Sánchez esgrimía esa bandera, Susana Díaz no sería elegida. O sea, que me vi convertido en mártir de Susana, que luego acabaría perdiendo; lo sentí porque he venido coincidiendo con ella durante años disfrutando el Viernes Santo en la entrada de la Esperanza de Triana.

P. ¿Se sintió injustamente tratado por sus compañeros en el tribunal, singularmente por los de su sector, el conservador?

R. Sobre estos influyó sin duda el hecho de que el magistrado Ricardo Enríquez, que llevaba menos de tres años en el tribunal y aspiraba a la reelección, podría convertirse en inelegible si el trámite del Senado se retrasaba. Acabé votando con ellos…

P. ¿Cree que si usted y el expresidente, Juan José González Rivas, no se hubieran separado de la mayoría conservadora en algunas sentencias, hubiera habido renovación del tribunal?

R. No soy analista político.

P. ¿Ha actuado la mayoría conservadora del tribunal como un rodillo, o lo ha pretendido?

R. Al cabo de nueve años no he conseguido tener claro si pertenecía a unos presuntos “nuestros” o a los otros. Así he disfrutado más.