La exigencia de ERC de derogar la amnistía de 1977 amenaza la ley de memoria democrática
El Gobierno tantea a Cs ante las dificultades para aprobar la norma con el bloque progresista
La futura ley de memoria democrática, uno de los proyectos estrella de la legislatura, se ha complicado más de lo previsto. La norma, que dejó prácticamente lista Carmen Calvo antes de ser relevada como vicepresidenta primera y ha retomado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, estaba pactada dentro del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, no basta con los 155 escaños que suman estos dos grupos. Necesitan a todo el bloque de la investidura. Y la norma se está encontrando con un escollo muy fuerte en especial en ERC, aliada en este asunto con EH Bildu. Ambos grupos, que suman 18 escaños, exigen una reforma que vaya más lejos en cuestiones muy sensibles que pueden afectar a la Ley de Amnistía.
Esta norma, de octubre de 1977 y, por lo tanto, previa a la Constitución, extinguía cualquier responsabilidad penal por “todos los actos de intencionalidad política (...) cualquiera que fuese su resultado” cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, cuando se celebró el referéndum sobre el proyecto de ley para la Reforma Política. La Ley de Amnistía, que ha servido, entre otras cosas, para que ningún dirigente franquista haya sido juzgado, forma para el PSOE parte del pacto constitucional que siempre defiende.
ERC ha presentado una serie de enmiendas en las que plantea cuestiones imposibles para el PSOE, como eliminar el título de Rey de España, otro elemento central del pacto constitucional. Esquerra es consciente de que ese tipo de propuestas no saldrán adelante. Pero hay otras cuestiones en las que sí quiere hacer bandera para presionar a los socialistas, y en especial dos muy concretas: declarar ilegal el régimen franquista, y por tanto, toda la legislación que deriva de él, y sobre todo plantear que se deroguen aspectos clave de la Ley de Amnistía.
El objetivo que persigue ERC es abrir la puerta no solo a la reparación moral que plantea la ley de memoria pactada en el Gobierno de coalición. Se busca también una reparación jurídica con consecuencias tanto económicas ―para los que perdieron sus bienes durante el franquismo o les fueron arrebatados tras la guerra― como penales ―para que se pueda juzgar a los que cometieron delitos de lesa humanidad en esos años―. Dos cuestiones que, según fuentes del Gobierno, son innegociables porque la Ley de Amnistía es una línea roja para el PSOE.
Unidas Podemos estableció este martes una vía paralela de negociación con ERC para consensuar una transacción que no retoque la Ley de Amnistía de 1977 y que solo marque unos principios sobre los que debería interpretarse su aplicación. Esa solución a ERC no le basta. En realidad, la norma aprobada en 1977 se pensó y se usó para que salieran a la calle miles de presos políticos del franquismo que aún permanecían encarcelados o tenían condenas pendientes. Pero lo cierto es que después se usó como una ley de impunidad para los franquistas, que, al contrario de lo que ha sucedido en países como Argentina, nunca han podido ser juzgados.
Ahora la mayoría de esos responsables franquistas ya han fallecido, pero quedan algunos, como se ve en el reciente proceso abierto precisamente en Argentina contra Rodolfo Martín Villa, que fue gobernador de Barcelona (equivalente a delegado del Gobierno) y luego, tras morir Franco, ministro con Carlos Arias Navarro y con Adolfo Suárez. Martín Villa ha sido procesado en Argentina por cuatro muertes causadas por la policía en 1976 y 1978, cuando era miembro del Gobierno.
Negociación dura
El PSOE no quiere pasar por ahí, pero tendrá que buscar alguna fórmula para contentar a ERC y a otros socios si quiere sacar adelante la remozada ley de memoria histórica. Ante estas dificultades, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, contactó en la tarde del lunes con el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, para ver si sus nueve escaños podrían facilitar la aprobación.
El portavoz nacional de Ciudadanos indicó este martes que su partido no descarta sumarse a esos contactos, aunque antepuso varias condiciones muy complicadas de compaginar con las demandas de otros hipotéticos socios, como avisó inmediatamente el representante de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián.
La negociación, en cualquier caso, se presenta muy compleja. Fuentes del Ejecutivo insisten en que la primera opción sigue siendo sacar la ley de memoria adelante con la mayoría progresista que está detrás de los Presupuestos y de casi todas las leyes del Ejecutivo. Conversaciones en las que siempre está ERC. Para el Ejecutivo, optar por Ciudadanos es arriesgado, porque puede hacer caer del acuerdo, además, a otros aliados estables como el PNV, y generaría problemas también en Unidas Podemos. Por eso el Gobierno confía en negociar una vez que se han presentado todas las enmiendas y a partir de ahí buscar transaccionales o salidas de consenso. En cualquier caso, la norma se está complicando más de lo previsto.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, intentó este martes minimizar las discrepancias observadas al respecto con sus aliados habituales. Gómez se mostró optimista, desligó esos problemas de diversas iniciativas en marcha con la negociación pendiente sobre los Presupuestos para 2022 y se limitó a señalar sobre los contactos in extremis con Cs que “el Gobierno tiene la obligación de abrirse al diálogo con todas las fuerzas políticas”.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, confesó que la negociación con el PSOE estaba siendo “dura y fuerte con la clave de acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo”. Los socios del Gobierno se han dado de plazo límite hasta este miércoles para cerrar este proceso de enmiendas.
