ERC y PNV buscan arrancar grandes mejoras ferroviarias en la negociación de los Presupuestos

Con la luz verde del Consejo de Ministros, el pasado martes, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado comienza la carrera para lograr los 22 apoyos adicionales necesarios para ser aprobados. El Gobierno espera que su plan, expansivo y con el mayor gasto público de la historia, seduzca lo suficiente a ERC y PNV. Pero los que hasta ahora han sido sus socios clave no piensan dejar pasar la oportunidad de arañar más recursos y critican la falta de cumplimiento de compromisos anteriores. Gracias a los fondos europeos la inversión será récord, pero las exigencias también lo serán. Ambos apostarán fuerte por mejoras ferroviarias, aunque de distinta índole. Los republicanos quieren completar el traspaso de las Cercanías catalanas, Rodalies. Los vascos, el impulso final al AVE, tras 35 años de ser aprobado.

En ERC saben que sus 13 votos son claves para que el presidente Pedro Sánchez pueda sacar y encarrilar con más certezas el tramo final del mandato. La advertencia lanzada hace días por su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, de que el Gobierno tendría que “sudar” para lograr su apoyo tuvo ayer otra vuelta de tuerca. “No hay plan b”, alertó en una entrevista a RNE, en la que también pidió dejar la fase “publicitaria” para negociar un posible acuerdo.

En Esquerra aún no han cerrado la lista de exigencias para la negociación pero el pasado lunes su portavoz, Marta Vilalta, dijo que concluir el traspaso de Rodalies sería “muy relevante”. En 2010, el Estado cedió a Cataluña el servicio de transporte de viajeros de cercanías, pero Renfe continuó operando con medios propios y la infraestructura (unas 200 estaciones y más de 1.100 kilómetros de vías) es de Adif. La Generalitat critica que ese fue un traspaso “incompleto”, porque no se asumieron ni los maquinistas ni los trenes, ni las estaciones ni las vías. El Govern sí puede definir horarios, tarifas y frecuencias.

Junts y PDeCAT también comparten el planteamiento, que sin contar con la CUP, formaría un bloque, no despreciable, de 21 votos. El vicepresident, Jordi Puigneró, calificó esta semana el traspaso de Rodalies como su “caballo de batalla” de esta legislatura. El máximo representante de Junts en el Govern no aclaró cómo se traduce esa apuesta en el Congreso, donde su partido se ha centrado en criticar a sus socios por apoyar a Sánchez “a cambio de nada”. Aunque haya alguna posibilidad de presión conjunta, los republicanos descartan la idea de unidad de voto independentista que pide la formación de Puigneró.

El mapa de la huelga de maquinistas de Renfe, que terminó el pasado jueves, da claves de la magnitud de la tarea de completar el traspaso. Cataluña y la Comunidad Valenciana centralizaron el mayor incumplimiento en los servicios mínimos. No es casualidad. En ambos casos, los gobiernos autonómicos han movido pieza para que se les transfiera ese servicio. Una de las razones de la huelga eran los recelos de la plantilla a integrarse en la Administración autonómica.

En ERC creen que la coyuntura es propicia. Pero quieren analizar con cuidado la esperada oferta del Gobierno, que ha dado signos de estar dispuesto a hablar aunque sin grandes promesas. También creen que el nivel de cumplimiento de pactos anteriores no es satisfactorio. Los dos socios del Govern coinciden en que un traspaso total no puede venir en una caja vacía, porque Rodalies arrastran un déficit de inversión crónico. Según datos de la Generalitat, de los 4.000 millones de euros previstos en el plan 2008-2015 solo se había invertido un 14% a cierre de 2019.

Otro punto de fricción histórico y que también estará en el derrotero de las negociaciones es el dinero que la Administración aporta para sufragar los costes que no cubre el billete. La transferencia de los recursos, unos 270 millones, la controla el Ministerio de Transportes. El Govern busca la potestad de recibir la partida y, luego, decidir si paga o no a Renfe, en función de la eficacia del servicio.

Dentro de la agenda del reencuentro propuesta por Sánchez, en la mesa de diálogo con el Govern, se recogen mejoras en Rodalies. En la apuesta del Gobierno para mostrarse implicado en los problemas del día a día de los catalanes se trataría de un punto clave. En 2007, antes incluso de la sentencia sobre el Estatut, la primera muestra del descontento con el encaje territorial en la que el discurso secesionista encontró abrigo fue la protesta contra el caos ferroviario generado por las obras del AVE y la reclamación de su gestión directa. Llegó el traspaso pero los 450.000 pasajeros que a diario usan el servicio siguen sufriendo las constantes averías y retrasos.

Las mejoras ferroviarias son solo una de las pretensiones de ERC. Los republicanos continúan con su política de separar la negociación de cuestiones sectoriales del conflicto político y las intervenciones de sus líderes en los últimos días dejan pistas de otros temas que pueden completar la lista, como la gestión de los fondos europeos. La presión para que en el orden del día de las próximas reuniones bilaterales sobre infraestructuras y economía se incluya un apartado sobre “inmuebles” apunta a que se ponga sobre la mesa, por ejemplo, la cesión del edificio de la Jefatura de la Policía, en la Vía Laietana de Barcelona, una antigua reivindicación política y vecinal. Ahí también habrá sintonía independentista, que seguramente no será tan clara en temas más espinosos, como los planteamientos maximalistas sobre la reforma del delito de sedición y rebelión (aparcada ahora por Sánchez pero vital para dar una salida política a las situaciones judiciales de Carles Puigdemont o Marta Rovira).

También se augura intensa la negociación entre el Gobierno y el PNV de cara a garantizarse los seis votos de los vascos. Los nacionalistas tienen la intención de explotar su condición de socios prioritarios y más fiables durante esta legislatura. Y también la necesidad de Sánchez de recurrir a la mayoría que le permitió la investidura, ahora la única probable.

La línea roja para lograr el pacto con los nacionalistas vascos está muy definida. “Nuestra voluntad es negociar”, deja claro el presidente de la formación, Andoni Ortuzar. Y añade: “Primero tenemos que comprobar que algunos compromisos adquiridos por el Gobierno se empiezan a encarrilar definitivamente”. Coinciden en el planteamiento de ERC: sin garantías de ejecución no habrá apoyo seguro.

Ingreso Mínimo Vital

El PNV quiere garantías sobre las partidas plurianuales asignadas al proyecto del tren de alta velocidad sin ejecutar; el impulso de la construcción de las estaciones soterradas del AVE en Bilbao y Vitoria, y la cesión al País Vasco de la competencia del Ingreso Mínimo Vital. Esta es una transferencia, que el propio Ortuzar acordó en mayo de 2020 con la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y que debía estar en manos de la administración vasca desde octubre del año pasado.

En el partido de Ortuzar prevalece su descontento con los incumplimientos que achaca a la otra parte y, como también ERC, ven con malos ojos que el Gobierno dé por descontado su apoyo incondicional. “Nosotros pagamos siempre al contado; ellos en cambio a plazos, y a veces ni eso”, se queja un representante del PNV. Por ello han puesto como “condición previa” a sentarse a negociar que el Ejecutivo central asuma íntegramente el compromiso de implicarse en la culminación de estas peticiones.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, aprovechó una visita a Bilbao del rey Felipe VI y de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para presionar sobre la finalización de las obras del AVE. El líder vasco reclamó a la Administración central una mayor implicación con un proyecto que fue aprobado hace 35 años y sigue aún en obras.

El grupo que dirige Aitor Esteban en la Cámara baja advierte de que “sería un error muy grave” que el Gobierno despreciara el “valor cualitativo que tiene un apoyo del PNV a los Presupuestos”, añaden fuentes del partido. Cumplir con el cronograma de la mejora ferroviaria, de hecho, fue uno de los puntos que exigió el partido para investir a Sánchez.