Los tres frentes legales abiertos por El Pollo Carvajal para impedir su extradición a EE UU

Desde su celda en la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanece recluido tras su detención el pasado 9 de septiembre, el que fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana hasta 2014, Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal, se revuelve para evitar que España lo entregue a las autoridades de EE UU, que lo reclaman para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El que fuera alto cargo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha abierto hasta tres frentes en su intento por frustrar una extradición que ya fue aprobada en 2020 tanto por la justicia española como por el Consejo de Ministros, y que entonces no se pudo materializar por una fuga a la que solo su reciente arresto ha puesto fin. La batalla legal tiene tres escenarios: el Ministerio del Interior, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Petición de asilo. Carvajal entró en España el 18 de marzo de 2019 a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Procedente de la República Dominicana, para sortear los controles fronterizos exhibió un pasaporte venezolano a nombre de Adolfo José Mouriño Olsen. Fue detenido semanas después en la puerta del domicilio de su hijo en Madrid e ingresó en prisión por primera vez en España. En junio de ese mismo año, el exmilitar presentó desde la cárcel una solicitud de protección ante la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio de Interior. Alegaba ser víctima de una supuesta persecución política. Esa solicitud fue rechazada el 23 de septiembre siguiente e Interior envió su resolución a la cárcel, cuando Carvajal ya la había abandonado en libertad condicional mientras esperaba a que la Audiencia Nacional resolviera sobre su extradición. Según fuentes de Interior, se hizo así porque en el expediente administrativo abierto por la solicitud no figuraba ningún domicilio a efectos de notificaciones. Sin embargo, María Dolores Argüelles, actual abogada del ex alto cargo chavista, asegura que este estaba plenamente localizable en aquella fecha, ya que tuvo que comunicar a la Audiencia Nacional, ante la que este tenía que comparecer entonces cada 15 días, una residencia en España.

Ahora, tras la nueva detención, y al reabrise el proceso de extradición, Interior ha comunicado a la Audiencia Nacional que ya rechazó hace dos años dar asilo a El Pollo. Tras ello, su abogada ha pedido a la Oficina de Asilo la revisión del expediente y ha anunciado su intención de, si se le vuelve a denegar (este órgano tiene un plazo de hasta seis meses para pronunciarse), recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La letrada añade su disposición a continuar pleiteando ante Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de] Estrasburgo, y muestra su convencimiento de que su cliente no podrá extraditado a EE UU hasta que haya una “resolución definitiva” del expediente de asilo. Sin embargo, fuentes de Interior y judiciales niegan este extremo y coinciden en señalar que “ni la revisión [del expediente administrativo] ni un posible recurso paralizarían la entrega”.

Sumario reabierto. Tras su primera detención en abril de 2019, Carvajal anunció su intención de ofrecer a la justicia española información relevante sobre los supuestos vínculos del régimen chavista con el grupo terrorista libanés Hezbolá. El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que era quien inició la instrucción de la causa para su extradición, abrió una causa que declaró secreta y lo llamó a declarar. Sin embargo, el día en que iba a ser interrogado, en mayo de 2019, el general chavista decidió por sorpresa no hacerlo, lo que llevó al magistrado a archivar las diligencias. Su negativa coincidió con un cambio de abogado tras asumir su defensa Antonio José García Cabrera, el mismo letrado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, con quien Carvajal había coincidido en la cárcel de Estremera. García Cabrera, que poco después dejó la defensa del exmilitar chavista, asegura que, en realidad, solo había pedido retrasar la declaración para prepararla al considerarla compleja. De hecho, al día siguiente de aquel plantón al juez, el militar venezolano difundió un comunicado en el que insistía en su intención de facilitar información “sobre la estructura y los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado” de Maduro.

Ese mismo mes Villarejo remitió un escrito al juez de la Operación Tándem, en el que se le investiga por corrupción policial, en el que pedía que citara a Carvajal para que hablara sobre la supuesta relación del Gobierno de Maduro con Podemos. Sin embargo, la fuga del exmilitar, meses después, terminó por arrumbar la causa que, tras su reciente detención, se ha reactivado tras volver a mostrar Carvajal su intención de declarar. Lo hizo el pasado lunes bajo secreto y durante hora y media, en una comparecencia de la que solo ha transcendido que habló de las supuestas conexiones financieras del régimen chavista con grupos terroristas. Según fuentes jurídicas, en la comparecencia, en la que anunció que aportaría a la causa “documentos importantes” para demostrar sus acusaciones y que los mismos los tenía “a buen recaudo”, solicitó ser considerado testigo protegido para evitar, precisamente, su extradición. Su abogada ha declinado confirmar o desmentir este extremo: “No hago manifestaciones sobre actuaciones secretas”. Este martes, Carvajal hizo público un comunicado “a los venezolanos” en el que, además de cargar contra Maduro, EE UU y el Gobierno español, mostraba su confianza en que lo que estaba dispuesto a contar al juez “sea provechoso para la justicia española y la justicia internacional”. En el texto no detallaba nada de su contenido al asegurar que “debe ser secreto”.

Tribunal Supremo. En su intento por frenar su entrega a Estados Unidos, Carvajal ha ido recurriendo todas las resoluciones que han recaído en su contra, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene previsto deliberar en las próximas semanas sobre la impugnación planteada por el exmilitar al acuerdo del Consejo de Ministros que, el 3 de marzo de 2020, aprobó su entrega para ser juzgado en el distrito sur de Nueva York. Mientras la Sala de lo Contencioso-administrativo decide si admite o no el recurso, Carvajal ha tratado, en dos ocasiones, de que los magistrados suspendan la entrega de forma cautelar. En el primer escrito presentado ante el Supremo, el exmilitar amparó su petición en que la “única finalidad” de Estados Unidos al solicitar su extradición era someterle “a tortura” con el fin “de obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela”. El tribunal rechazó la medida cautelar en mayo de 2020 remitiéndose a su propia jurisprudencia, que establece que no se puede suspender un acuerdo del Consejo Ministros cuando “simplemente se limita” a autorizar la entrega de personas sometidas a un procedimiento de extradición aprobado los tribunales del orden penal.

Cuando el tribunal dictó esa resolución, el exmilitar estaba en paradero desconocido. Casi un año y medio después, y tras ingresar de nuevo en prisión, Carvajal ha vuelto a probar suerte en la Sala de lo Contencioso y ha solicitado de nuevo la suspensión cautelar de su entrega. El tribunal todavía no ha decidido, pero en el auto dictado este lunes para rechazar la petición del exmilitar de que atendieran su solicitud de forma cautelarísima (por la vía urgente y sin escuchar a la otra parte, en este caso el Gobierno), el Supremo ya deja entrever que su respuesta va a ser la misma que la primera vez. La sala “no llega a comprender la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución, la orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida cautelar en el auto ya mencionado”, señala el tribunal.