Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia: “Esta crisis ha consolidado el Estado de las autonomías”

Cuatro son las prioridades que el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, se plantea ante la Conferencia de Presidentes que se reúne este viernes en Salamanca: habilitar “herramientas sanitarias” para hacer frente a la quinta ola de la pandemia de covid, la cogobernanza en la gestión de los fondos europeos, que se tenga en cuenta el “coste efectivo de los servicios” públicos y que se defina el concepto de “área en riesgo demográfico”.

Pregunta. El presidente ha convocado esta conferencia para hablar de la pandemia y de los fondos europeos, ¿no le parecen dos asuntos suficientemente importantes para justificar la cita?

Respuesta. Ambos son dos asuntos importantes y por eso lamentamos no haber conocido hasta hace solo unas jornadas (el pasado viernes) que formaban parte del orden del día, ni haber contado con la documentación previa más que necesaria. Además, la relevancia de ambas cuestiones exigía, sin duda, la necesidad de una reunión preparatoria. Por lo tanto, insisto en que lo que vamos a celebrar en Salamanca no es una Conferencia de Presidentes, cuando estamos hablando de órganos institucionales que tienen un reglamento, que se incumple en la convocatoria y en el contenido. En todo caso, está muy bien reunirnos y hablar, pero no puedo dejar de reiterar que es una oportunidad perdida que no sea realmente una Conferencia de Presidentes. Y, en todo caso, siempre que el presidente de mi país me llame, yo asistiré a una reunión, sea informal como esta o formal.

Por lo tanto, nosotros vamos a Salamanca a escuchar al presidente de nuestro Gobierno y a reunirnos de forma informal con él. A partir de ahí veremos si, además de la reunión informal, podemos sacar algunas cosas formales, ya que sería bueno regular la pandemia y concretar fondos y programas específicos para el reto demográfico. Y sería imprescindible conocer los criterios del Gobierno de España para descentralizar los fondos Next Generation en las comunidades y poder entre todos aceptar la inversión de la UE en la reconstrucción de la economía pospandemia.

P. Ha habido críticas porque no se ha cumplido el protocolo de convocatoria de las conferencias de presidentes normales, por no negociar la agenda de asuntos a discutir y porque el jefe de Gobierno interviene 15 minutos y luego apenas cinco sucesivamente para los mandatarios autonómicos. ¿Cómo plantearía este tipo de foros para que funcionasen mejor?

R. El Gobierno gallego acude a esta cita con prioridades claras para Galicia, como son la necesidad de habilitar herramientas sanitarias para afrontar la quinta ola de la pandemia, la demanda de una cogobernanza real en la gestión de los fondos, que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios y se defina lo que se considera como área en riesgo demográfico. Es palmaria la dificultad de abordar estas cuestiones de forma rigurosa y eficaz en el formato actual de apenas cinco minutos. La cogobernanza que tanto cita, pero que no practica el Gobierno de Pedro Sánchez, también queda en evidencia en este tipo de detalles, nada menores, en la nula implicación y diálogo previa con las comunidades en la convocatoria, formato y contenidos. Queremos no solo que nos deje hablar cinco minutos, queremos que se nos escuche.

P. ¿Debería salir de esta reunión una posición común ante la desescalada de esta quinta ola que parece descontrolada de la pandemia? ¿La aceptaría todo el mundo?

R. Hay asuntos en los que es necesaria una postura estatal común para establecer una coordinación que debería liderar la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. En este sentido, incidimos en la idoneidad de contar con una ley de la pandemia. Ahora, cualquier gobierno autonómico que necesita tomar decisiones frente al coronavirus en base a datos epidemiológicos precisa de una autorización de su tribunal superior autonómico y, si la sentencia es negativa, acudir al Supremo. Y nadie pone en duda que la tutela efectiva de jueces y magistrados es un principio constitucional, pero no considero que tengan que ser los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos. Me parece que es una falta de decisión por parte del Gobierno, que incide en seguir lavándose las manos y en judicializar la pandemia con sentencias que pueden ser distintas en cada comunidad.

P. ¿Es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica, o los recursos actuales son suficientes? Y, si hace falta, ¿qué condiciones incluiría usted en ese modelo respecto al vigente en la actualidad?

R. Hay una insuficiencia financiera porque España quizás actualmente no tiene recursos para el nivel de servicios públicos que estamos prestando. Este es el principal problema. En el sistema de financiación hay una serie de principios básicos que no deben ser alterados. Lo que se financia no son los territorios, son las personas, y lo que hay que buscar son mecanismos para financiar el coste real de los servicios en cada territorio y, especialmente, el gasto real de la sanidad y de la educación. Y para eso hay que tener en cuenta factores como el envejecimiento; es obvio que el coste de la sanidad en personas mayores de 75 no es comparable al gasto en personas menores de 15 años. También, priorizar la dispersión demográfica. Sirva como ejemplo de la relevancia de este factor para ciertas comunidades, como la gallega, el dato de que el 21% del gasto del transporte escolar de toda España corresponde a Galicia.

P. Los grandes avances de los últimos años en la financiación autonómica, los modelos aprobados en 2001 y 2009, fueron reclamados fundamentalmente por los gobiernos de Cataluña y, una vez aprobados, ensalzados por partidos que hoy fomentan independentistas. ¿Una nueva financiación cree usted que ahora calmaría los ánimos de los independentistas catalanes?

R. La nueva financiación debe financiar personas, no territorios, independiente del color político de sus gobiernos en ese momento. Desde Galicia siempre hemos apostado por un sistema de financiación autonómica que garantice los principios de suficiencia e igualdad, pues entendemos que todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir unos servicios de igual calidad con independencia de nuestro lugar de residencia. En la actualidad, las comunidades autónomas más afectadas por la crisis demográfica y el envejecimiento son aquellas donde menos crecen los recursos del sistema de financiación, lo que no es equitativo, pues el gasto de la prestación de los servicios esenciales, como puede ser el sanitario, la dependencia e incluso el educativo, es mayor.

Es por ello que seguiremos defendiendo que el sistema de financiación autonómica debe girar en torno a los costes reales de la prestación de los servicios y no a la capacidad fiscal de cada territorio. Entendemos que debe garantizarse una financiación igual por unidad representativa de esa necesidad de gasto, es decir, por habitante ajustado, a cualquier español independientemente de donde resida. Por tanto, defendemos una nivelación total a competencias homogéneas para todas las comunidades autónomas.

P. Las comunidades piden más vacunas a la Administración central, pero España es el país líder en el proceso de vacunación de entre los 50 países más poblados del mundo. ¿Cómo explica esta paradoja?

R. El número de vacunas que tenemos es manifiestamente insuficiente. No es una paradoja, es un hecho. El Servicio Galego de Saúde podría dispensar 100.000 vacunas diarias, pero el máximo de vacunación al que han llegado en un día ha sido 40.000, la media diaria está más cerca de los 30.000. Vemos países europeos donde tratan de fomentar la vacunación porque cada vez se vacuna menos gente, y cuanto más jóvenes, menos lo hacen. En España, nuestro problema es que la gente quiere vacunarse, incluidos los jóvenes, y no tenemos vacunas para hacerlo. El problema que tenemos en España es que no tenemos vacunas suficientes para llegar a la población más joven, que es el porcentaje de población que más se está contagiando en estos momentos, al ritmo que nos gustaría y sería deseable para frenar estos contagios.

P. A pesar de los problemas durante la pandemia, ¿ha funcionado el Estado autonómico o pueden tener éxito quienes abogan por recentralizar?

R. La crisis consolidó el Estado de las autonomías. Las autonomías han sido fundamentales en la gestión de la pandemia, no solo cumpliendo sus funciones sino incluso supliendo las lagunas del Gobierno central.

P. ¿Debería reformarse el Senado para que además de estas conferencias de presidentes tuviera España un órgano institucional y legislativo de una potencia territorial especial?

R. La verdad, veo compleja la viabilidad inmediata de una reforma de este órgano parlamentario, cuando acabamos de ver que no somos ni capaces de cumplir con lo establecido en el reglamento de la Conferencia de Presidentes.

P. Vistas las sentencias del Supremo sobre las distintas medidas anticovid implementadas por los gobiernos autonómicos, ¿cree usted que hace falta una legislación especial o que con lo que hay ya vale?

R. Desde Galicia llevamos insistiendo en la necesidad de una legislación específica para la pandemia, ya que la actual situación, tal y como he explicado, está provocando que cada comunidad legisle en la medida de sus posibilidades. El tiempo, los expertos y los jueces nos han dado la razón. También sobre nuestra ley de pandemias, que el Gobierno suspendió. El Tribunal Constitucional levantó la casi totalidad de las partes suspendidas.

P. ¿Aceptaría que el Gobierno central negocie con Cataluña en la mesa de diálogo cuestiones de financiación, reconocimiento de singularidades o que puedan afectar al resto de las comunidades autónomas?

R. Es peligroso que se confunda Gobierno central y Estado y estamos hablando de materias que son cuestiones de Estado, que deben ser abordadas en un marco multilateral con la participación de todas las comunidades.