Los sindicatos piden “seguridad jurídica” en el decreto de los interinos
Las principales organizaciones que pactaron el texto valoran la ratificación, pero exigen “mayor concreción” en las modificaciones
Los principales sindicatos de la Administración que han negociado con el Gobierno el decreto sobre los interinos —CSIF, CC OO y UGT— celebraron el miércoles la convalidación de la norma en el Congreso. Pero tomaron con cautela las dos novedades anunciadas durante el pleno por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: que los exámenes a los que se someterán los interinos para conservar su plaza podrán no ser “eliminatorios” y que quienes lleven más de 10 años en esa situación temporal y ocupen una plaza que nunca haya salido a concurso se librarán de concurrir a esa oposición. Para que la medida, que pasará a tramitarse como proyecto ley, no corra el riesgo de ser tumbada en los tribunales necesitará “mayor nivel de concreción” y “seguridad jurídica”, según los portavoces sindicales de CSIF y CC OO.
La negociación con los otros partidos, especialmente ERC y sus socios de Unidas Podemos, llevó a incluir esta medida que permite a los empleados públicos con contratos temporales saltarse una de las fases del concurso-oposición. Dentro de este mecanismo híbrido planteado en el decreto ley existe una parte teórica que pesa el 60% y otra de acreditación de méritos que se llevará el 40% restante. Con la modificación propuesta será la experiencia acumulada durante años en la Administración la que primará en el proceso.
Francisco Lama, secretario de Acción sindical de CSIF —sindicato mayoritario en la Función pública—, lo celebra: “Eso era una propuesta de nuestra organización, por lo tanto, estamos satisfechos”. No obstante, explica que se debe ver “cómo se concreta esos anuncios en la norma” para que se pueda hacer “una valoración más exhaustiva de esta propuesta”.
Francisco García, coordinador del área pública de Enseñanza de CC OO, coincide en que es necesario “concretar”. “Me imagino lo que un interino que lleve 9 años, 11 meses y 30 días pensará cuando sepa que se pone el momento de corte en los 10 años. Eso va a desatar algunas dificultades”, dice. En la misma línea, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT, insiste en que, “cuanto más concrete, especifique, clarifique la literalidad del texto menos posibilidad hay de que se pueda incurrir en la vulneración de algún precepto, derecho o alguna otra legislación”.
García cree que el Ejecutivo debería buscar de nuevo el consenso con esta medida y “también llevar los contenidos de este proyecto a la mesa de negociación de los empleados públicos, como fueron los contenidos del decreto que se ha ratificado”.
El debate en el pleno dejó claro que hubo pocos consensos a la hora de negociar la convalidación del decreto. Fuerzas políticas como ERC, el PNV o EH Bildu que generalmente respaldaban las iniciativas del Gobierno, lanzaron advertencias sobre los riesgos de su aplicación. Y varios portavoces señalaron que la iniciativa puede acabar en un “gran ERE” en las administraciones públicas, con decenas de miles de interinos en la calle. Los sindicatos, al margen de las valoraciones partidistas, no ven ese peligro, y argumentan que el decreto recogía también que, cuando un interino no pudiera consolidar su plaza al no superar el proceso de concurso-oposición, tendría una compensación. Francisco Lama lo explica: “Si se produce su cese en la Administración, por un lado tiene una compensación económica que equivale a 20 días de retribuciones fijas por año hasta un máximo de 12 mensualidades; y por otro lado, también se establece la posibilidad de que dentro de cada ámbito se creen unas bolsas de carácter social para que estas personas en una situación más vulnerable puedan seguir trabajando con la Administración”.
El Gobierno tiene hasta 2024 para reducir la tasa de temporalidad entre funcionarios públicos del 28% al 8% que exige la UE. El responsable de CSIF considera que “hay plazo más que suficiente” para que se ejecuten los procesos de estabilización previstos en el decreto y se redacte el marco jurídico. Sin embargo, solicita al Ejecutivo que “se agilice la tramitación de este proyecto de ley por el trámite de urgencia” para que “no haya excusas para seguir dilatando los plazos”.
Todos los sindicatos que negociaron este decreto con el exministro de Política Territorial Miquel Iceta coinciden en que discutir esta situación en el Congreso era urgente. “Yo creo que esta situación covid ha puesto de manifiesto esas necesidades estructurales que tenemos en nuestros servicios públicos. Hay que empezar a hablar de estas cosas”, concluye Lama.
