El PP rechaza negociar la renovación de los órganos constitucionales con Sánchez
Los populares mantienen su condición irrenunciable de excluir a Podemos
La desconfianza del PP de Pablo Casado con el presidente Pedro Sánchez es total y supone su rechazo a negociar las renovaciones pendientes de órganos constitucionales clave, como son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las vacantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y hasta para cerrar definitivamente la estructura directiva de RTVE. En el PP constatan que todavía no han mantenido ningún tipo de contacto con la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, pero fuentes de su dirección implicadas en las negociaciones no concedieron ningún crédito a su oferta genérica de diálogo para desbloquear las negociaciones porque interpretan que ya se ha pronunciado en contra de la elección de los vocales del órgano de poder judicial por los propios jueces, que es ahora una de sus condiciones innegociables. En la cúpula del partido no ven opciones para pactar nada con Sánchez, al que catalogan como “soberbio” y “mentiroso”. Y abren nuevos frentes sin tregua alguna con el remozado Ejecutivo incluso en política exterior, ahora con motivo de las movilizaciones en Cuba.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, lo expresó bastante claro el martes en unas jornadas sobre prensa y poder en Aranda de Duero (Burgos) en las que arremetió duramente contra el Gobierno de Sánchez y despachó los intentos de retomar los contactos lanzados el día anterior por varios de los nuevos ministros. Para García Egea “sin confianza no se puede llegar a acuerdos”. El número dos del PP corroboró que “en este momento no existe confianza” en el Ejecutivo y achacó la dificultad de llegar a esos pactos al estilo de liderazgo del presidente, al que acusó de convivir “con la mentira” e intentar así “blindarse ante la justicia”. No fue el único portazo a la negociación que llegó desde las filas del partido.
Los populares apuntaron hacia la responsabilidad directa del presidente en el fracaso de las conversaciones en marcha desde hace meses para revisar esos órganos clave y lo intentaron relacionar con la remodelación gubernamental, argumentando que el escollo no había sido hasta ahora un ministro concreto. “Nunca ha sido un problema con un ministro, siempre ha sido un problema con el presidente y aquellos socios que desde fuera manejan sus hilos”, comentó la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Organización popular, Ana Beltrán, abundó: “El PP sigue en el mismo sitio. Los pactos de Estado y las negociaciones siempre han estado ahí, pero el problema es que Sánchez siempre los ha rechazado”.
Fuentes del PP implicadas en esa negociación reseñaron así que “el único que pone obstáculos en el camino es el presidente y los socios con los que gobierna”, en este caso en alusión a permitir que Unidas Podemos esté concernida en la negociación. El PP se niega y esgrime que deberían ser unas transacciones entre los dos principales grupos parlamentarios, necesarios para llegar a los tres quintos (210) de los escaños que se requieren para permitir la renovación en las Cortes. PSOE y Podemos argumentan que la realidad del Parlamento actual, en la que su coalición suma 155 votos, es muy diferente a la que marcó a favor del PP el reparto pactado en 2013 y que sin embargo sigue aún vigente por ejemplo en el órgano de gobierno de los jueces (con el mandato prorrogado desde hace dos años y medio) o en el Tribunal de Cuentas (cuyos consejeros terminan sus nueve años en el cargo este 23 de julio). Los populares admiten que en estos últimos años han cambiado muchas cosas, pero no solo políticamente en España, y apuntan que desde Europa llegaron avisos de vigilancia ante posibles intromisiones gubernamentales en la justicia.
La ministra Pilar Llop no profundizó en el traspaso de poderes del lunes sobre su oferta de diálogo con el PP, pero sí consideró ese reto como algo “imprescindible”. En el PP esperan una próxima llamada de la ministra, pero no se fían, y resaltan que el presidente hace meses que no telefonea a Casado. La nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sí quiso lanzar el martes un aviso de reflexión al PP, en su primera comparecencia, sobre la necesidad de no establecer confrontaciones partidistas en los temas importantes: “Una oposición inteligente debería saber que hay acuerdos que computan electoralmente”.
Examen a los nuevos ministros
El PP no concede ningún día de tregua al renovado Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pablo Casado se reunió el martes con los responsables de las comisiones en el Congreso y luego se anunció la petición de comparecencia urgente, antes de las vacaciones de verano, de todos los ministros afectados por los cambios, los siete nuevos y los dos que cambian de cartera, y del propio presidente, para “conocer la hoja de ruta ante los muchos problemas pendientes”. El PP tiró de argumentario y sus dirigentes repitieron la consigna del “Gobierno en crisis”, “el fin de ciclo” y la necesidad de elecciones. Y pusieron el acento en que Podemos no quiso calificar a Cuba como una dictadura y tacharon de blanda la respuesta dada por Exteriores.
Cuatro magistrados, 20 vocales y 12 consejeros
Desde hace año y medio, 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional tienen el mandato caducado y deberían ser sustituidos. El PP impone su minoría de bloqueo en el Congreso —sin su voto no se alcanzan los tres quintos necesarios— para impedir la sustitución. En este caso, los equilibrios en el Constitucional se mantendrían intactos: habría cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y siete del PP. Pero esa situación cambiará en breve cuando el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponden y que sustituyen a los dos que en su día nombró el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Consejo General del Poder Judicial, compuesto por 20 vocales y un presidente, lleva más de dos años y medio con el mandato caducado. La renovación está bloqueada por el PP, que se niega a poner sus votos (imprescindibles) al servicio de un acuerdo para nombrar nuevo Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador, compuesto por siete consejeros elegidos por el PP y ahora cuatro por el PSOE, tendrá su mandato de nueve años caducado este 23 de julio. La renovación daría la mayoría absoluta a la izquierda si se sigue la pauta histórica de este organismo. El PP también bloquea ese cambio.
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