El juez rechaza enviar a prisión o retirar el pasaporte a Brahim Gali, líder del Frente Polisario

Brahim Gali, líder del Frente Polisario, podrá salir de España. El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado este martes todas las medidas cautelares solicitadas contra el militar, incluida la entrada en prisión provisional y la retirada del pasaporte. El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración como imputado al también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ha comparecido por videoconferencia desde el hospital de Logroño donde se encuentra ingresado por coronavirus desde mediados de abril. Durante el interrogatorio, Gali ha negado los delitos que se le atribuyen, según fuentes jurídicas.

A preguntas de la Fiscalía y de su abogado, el líder saharaui ha defendido su inocencia y ha rechazado los hechos que se le imputan en las dos denuncias cursadas contra él: una del bloguero Fadel Breica, de nacionalidad española, que lo acusa de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019; y otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que le atribuye delitos de genocidio y lesa humanidad contra disidentes saharauis y prisioneros de guerra en las últimas décadas. “[Este martes], se ha demostrado que son falsos los hechos que son objeto de acusación”, ha resumido Manuel Ollé, abogado de Gali, tras la declaración.

La cita de este martes ha generado una enorme expectación internacional. Marruecos y España se encuentran inmersos en un conflicto diplomático, que dio un salto cualitativo esta semana. Después de que, durante casi un mes, el país africano repitiese en público que su malestar con La Moncloa se debía a la acogida de Gali para su atención sanitaria —tiempo que incluyó la crisis fronteriza en Ceuta, cuando los agentes marroquíes hicieron la vista gorda y permitieron la entrada irregular en la ciudad autónoma de más de 9.000 inmigrantes—, Rabat emitió este lunes un comunicado donde admitía que el problema detrás de estas tensiones se encuentra realmente en la posición de España respecto al Sahara Occidental.

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Declaraciones del abogado de Ghali

En esa línea se ha pronunciado Ollé: “Gali ha dicho que esta querella tiene un motivo político para minar la dignidad y credibilidad del pueblo saharaui, así como su lucha en el camino a la autodeterminación que le corresponde como territorio”. En los últimos días, Marruecos ha intensificado la campaña contra el Polisario y ha puesto la diana en su líder, con el objetivo de “criminalizarlo” y aislar internacionalmente al movimiento, según fuentes diplomáticas. Rabat da por hechos los graves delitos que se atribuyen a Gali, mientras que el juez y la Fiscalía han mostrado sus reticencias al no apreciar “indicios claros de participación [...] en las conductas recogidas en la querella”.

Santiago Pedraz, que solo ha pedido a Brahim Gali que facilite un domicilio y teléfono en España a través del cual se pueda contactar con él, ha dictado dos contundentes autos tras la declaración para rechazar las medidas cautelares, a las que también se ha opuesto el ministerio público. “No puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”, afirman las resoluciones.

El juez añade que el líder del Frente Polisario tampoco puede “ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados”. Y prosigue el instructor: “El informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios —las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado— que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno”. “No bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que Gali entró en España ilícitamente”, remacha.

Las dos causas

Las dos causas contra Gali, que se encontraban sobreseídas, se reactivaron este 2021. En enero, Pedraz decidió retomar la investigación abierta en 2020 por la denuncia de Fadel Breica, que relató cómo fue arrestado en 2019 en los campamentos de Tinduf y “sometido a golpes y descargas eléctricas”. Entre otros, el activista dirigía su acusación contra el líder del Polisario, al que sitúa en la cúspide de la cadena de mando. Por ello, cuando el magistrado tuvo constancia de la presencia del dirigente saharaui en España, decidió llamarlo a declarar por estos hechos. Una cita que se ha aprovechado para preguntar también por la querella de Asadedh.

“El presidente Gali ha hecho un esfuerzo tremendo por el estado de salud en que se encuentra”, ha dicho el abogado defensor: “Ha manifestado su absoluto compromiso en la lucha por la justicia y por la libertad. Y por eso ha comparecido voluntariamente ante los juzgados españoles”. Según Ollé, la denuncia de Breica es “infundada”. Y, respecto a los hechos relatados por Asadedh sobre delitos de lesa humanidad: “Gali ha explicado que, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad, de acción o de conducta que se le imputaba”. “Pediremos inmediatamente el sobreseimiento de la causa”, ha insistido el letrado: “Se ha usado el derecho penal para algo que nunca se debe utilizar”. ¿Se va a marchar Gali de España? “Está débil de salud y, en cuanto esté fuerte, decidirá qué hacer”.