La España vaciada se mueve: el grito de socorro de los pueblos llega al Congreso

La voz de los pueblos que se sienten olvidados comienza a escucharse sobre las moquetas del Congreso de los Diputados. Este martes se presentan en la Cámara baja 101 propuestas de medidas trazadas entre múltiples colectivos rurales para intentar detener la despoblación. El proyecto, llamado Modelo de desarrollo de la España vaciada, al que ha accedido EL PAÍS, reivindica infraestructuras modernas, servicios sanitarios avanzados, conexiones telemáticas dignas, beneficios fiscales, descentralizaciones y planes para actuar con las energías renovables, entre muchas otras medidas. Las agrupaciones reclaman un pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de “reequilibrio”. Además, piden cambiar el artículo 138 de la Constitución para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios.

Las 65 plataformas, procedentes de 12 comunidades autónomas y 30 provincias, se han coordinado mediante mesas sectoriales, con Teruel Existe como altavoz. Esta asociación pasó de ser una corriente social en Aragón a ocupar un escaño desde el que dejarse ver en un Parlamento tan fragmentado como el actual. Toño Saz, integrante de este partido, asume que “la España vaciada no tiene peso político” y que ellos deben aprovechar su ubicación para lograr un “cambio de modelo económico y social”. Saz celebra que este debate haya llegado a la arena política: el pasado sábado, Pedro Sánchez presentó el plan Pueblos con futuro para conseguir la “equiparación” entre territorios.

El camino para lograrlo, reclaman las asociaciones, tiene varios ejes. Uno de ellos es el Plan 100/30/30, que pide una cobertura fija de internet de al menos 100 megas para paliar el desierto comunicativo de múltiples comarcas del interior. También solicitan que cualquier localidad esté a menos de 30 kilómetros de nudos de comunicación, tanto ferroviaria como de carretera, y a otros 30, como máximo, de servicios básicos como hospitales avanzados o centros educativos.

El enfado de sorianas como Nieves Orte es incuantificable. Nació en Villar del Río (Soria, 145 habitantes), en un área de escasísima densidad poblacional. Ahora vive en Toledo y las comparaciones la indignan. La prometida autovía A-11 no llega a casi ningún punto de Soria y dependen de la N-122, una peligrosa carretera convencional: “Llevamos media vida con lo de la autovía y la vida entera con [la promesa de] los trenes”, protesta. Solo hay dos autobuses semanales para moverse por estas comarcas olvidadas que pagan impuestos “religiosamente”, remarca. Sus familiares han de ir a Soria, a unos 45 kilómetros, para hacer la declaración de la renta porque en Villar no funciona internet. Así que hasta para abonar tributos, que luego sienten que no les son retornados, sufren la falta de prestaciones. “¿Quién va a querer instalarse ahí si no hay transporte, internet o farmacias?”, plantea.

Las zonas despobladas tienen en los trenes un elemento básico para, según estas reivindicaciones, recuperar empaque industrial, laboral y comercial. Los colectivos piden garantizar la “renovación integral” de las líneas convencionales y la adaptación a convoyes de alta velocidad, así como un mejor mantenimiento y conservación de las estaciones. Una apuesta firme por los anchos de vía estándar, la modernización de los ferrocarriles y el impulso de la tecnología propia evitarían, dicen, situaciones como la de Aranda de Duero (Burgos, 32.000 habitantes). Rafael Medina, presidente de la asociación Sociedad Civil Burgalesa, critica que la comunicación ferroviaria de ese municipio con Madrid lleve cortada desde 2011. Hace unos días habló con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y le entregó su distintivo pañuelo verde, con el que clama: “Futuro, comercio, industria y repoblación”. Medina cree que el tráfico ferroviario que llega del sur o el este y sube hacia el norte o Francia, afirma, se agilizaría si pasara por la población y atraería a empresas de logística, servicios e industrias.

Hasta una cuestión de futuro supone dificultades en zonas de presente difícil. Las asociaciones ensalzan el valor de las energías renovables, pero inciden sobre cómo extraerles el máximo rendimiento para los pueblos. Los nuevos proyectos, defienden, deben contratar a un 60% de mano de obra cercana y además pagar más cánones a las administraciones locales. Además, se reivindicará el autoconsumo. Aitor Lozano, alcalde de La Zoma (Teruel, 15 habitantes), reprueba que las empresas impongan “condiciones y ubicaciones sin consenso” sin apreciar el impacto paisajístico. La informatización de los molinos, detalla, conlleva que una vez construidos apenas generen empleo, así que “no son la panacea”. Por eso insiste en la importancia de analizar cada circunstancia contra la despoblación: “Hay que buscar el equilibrio”.