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La Audiencia Nacional rechaza que Ana Rosa Quintana declare como testigo en el primer juicio del ‘caso Villarejo’

El tribunal mantiene para el próximo otoño la macro vista oral, que sienta en el banquillo al marido de la presentadora por contratar al comisario

J. J. Gálvez
La presentadora Ana Rosa Quintana y el empresario Juan Muñoz Tamara, en una imagen de archivo.
La presentadora Ana Rosa Quintana y el empresario Juan Muñoz Tamara, en una imagen de archivo.EFE

La Audiencia Nacional ha rechazado que la presentadora Ana Rosa Quintana declare como testigo en el primer juicio del caso Villarejo, cuyo inicio está previsto para el próximo otoño y donde se sentará en el banquillo su marido, el empresario Juan Muñoz Tamara, acusado de contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a un antiguo socio. El tribunal niega así la petición del partido político Podemos, personado como acusación popular, que quería interrogarla durante la vista oral a raíz de dos audios incorporados a la causa donde se escucha cómo la trama también ofrece sus servicios a la periodista, aunque esta los descartó.

A través de un auto dictado el 12 de febrero, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acuerdan los testigos que desfilarán por el juicio, que versará sobre tres líneas de investigación del macrosumario: las piezas Land, Iron y Pintor. Según el escrito, los jueces aceptan las declaraciones de más de medio centenar de personas, entre personas particulares, agentes de policía y peritos. Sin embargo, en ese listado no se encuentra Quintana “al no conocer[se] su relación con los hechos”, ha argumentado el tribunal para descartar su citación.

La presentadora de televisión está casada con Juan Muñoz Tamara. Según la investigación judicial de la Pieza Thew-Pintor, nombre con el que Villarejo bautizó este encargo, el empresario y su hermano Fernando se hicieron en enero de 2017 con los servicios de la trama para poner en marcha una guerra sucia contra su exsocio M. M. N., al que reclamaban el pago de una deuda. La Fiscalía mantiene que ambos contactaron con el comisario jubilado para que les proporcionase “información sensible y de acceso restringido” de la víctima y su abogado, un antiguo juez. El ministerio público añade que, entre otras operaciones desplegadas, los implicados siguieron a las víctimas, les grabaron con cámaras ocultas y recabaron información de “bases de datos policiales”.

Las dos grabaciones

Además del vínculo familiar con uno de los acusados, Podemos consideraba importante la testifical de Quintana por su presencia en dos reuniones con Villarejo, que fueron grabadas y cuyas fechas coinciden en el tiempo con la contratación del comisario por parte de su pareja. Estos audios, interceptados a la trama, recogen una primera cita celebrada el 26 de enero de 2017, a la que acuden la presentadora de televisión y su marido a comer junto al antiguo agente de la Policía Nacional y su mujer, Gemma Alcalá, también imputada en el caso Villarejo. A lo largo del encuentro, mientras ambas mujeres conversan entre ellas, Villarejo y Muñoz Tamara hablan del encargo en su presencia.

En el sumario consta una segunda cita el 6 de julio de 2017, a la que asistieron Villarejo, Quintana y Eduardo Inda, responsable de la web Okdiario. Para entonces, la trama ya había elaborado sus primeros informes para los Muñoz Tamara y el comisario jubilado aprovecha para ofrecer sus servicios a la presentadora: “Tú ya sabes que si necesitas algún asesor externo...”. La periodista rechaza la propuesta.

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En su escrito inicial de acusación por Thew-Pintor, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de 14 años de cárcel para Villarejo y de ocho para Juan Muñoz Tamara. Aunque, según publicó El Confidencial, el empresario ha llegado a un acuerdo con el ministerio público y este ha reducido su solicitud contra él a 11 meses de prisión. Por su parte, Podemos pide que se le imponga una pena de 17 años.

Además de la pieza Pintor, en el juicio se abordarán las piezas Iron, que versa sobre otro encargo a Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival; y el proyecto Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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