El juez del ‘caso Púnica’ imputa al empresario acusado por Bárcenas de dar 60.000 euros a Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha citado a declarar como imputado al empresario Luis Gálvez por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como líder de la formación. La decisión del magistrado se produce después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas declarase el pasado 24 de febrero como testigo en la causa y afirmase haber sido testigo de cómo, en 2007, Gálvez, presidente de la constructora Ploder, entregó un sobre con 60.000 euros al entonces máximo responsable de las finanzas del PP, Álvaro Lapuerta, para financiar la campaña de Aguirre a las elecciones autonómicas de mayo de aquel año.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez destaca que el episodio relatado por Bárcenas, “del que no se tenía conocimiento”, tiene conexión con los hechos en la pieza nueve del sumario del caso Púnica, sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y en la que está imputada, entre otros, la expresidenta madrileña. García-Castellón destaca que de la supuesta donación ilegal del constructor no hay más indicios que la declaración del extesorero del PP, por lo que considera necesario “contrastar con la persona referida por el testigo la posible existencia” de la misma. “La seriedad de la acusación impone que se tenga que proceder a la citación como investigado en la causa de Luis Gálvez, pues se le debe interrogar sobre unos hechos que, de ser ciertos, le podrían incriminar en la comisión de delitos”, refiere el juez. El constructor deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 25 de marzo.

Bárcenas aseguró en su declaración que presenció cómo Gálvez entregó a Lapuerta un sobre con 60.000 euros en una reunión. “Nos dijo que quería que se emplease en la campaña electoral de Aguirre. Así que, una vez le despedimos, bajamos juntos al despacho de la primera planta y, en presencia de Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez [gerente del PP madrileño], Lapuerta le hizo entrega a Aguirre de un sobre con 60.000 euros. Le dijo quién era el donante, la cantidad y que, por favor, le llamase para darle las gracias”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y Granados lo han negado.

Bárcenas insistió en que los empresarios, con la entrega de esos importes, buscaban “una interlocución con personas que les podían abrir puertas”. “En algún determinado momento, si se habían presentado a un determinado concurso, llamaban a Lapuerta y pedían que se le hiciese una gestión en concreto para que se le atendiese y se le recibiese. Ese tipo de gestiones se hacían”, añadió. “El donante no es un donante altruista [...] Lo que quieren es que las más altas instancias del partido sepan que están donando”, aseguró. En aquella declaración, que se producía semanas después de que mostrase en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción su disposición a colaborar con la justicia, el extesorero del PP detalló otros presuntos mecanismos de financiación irregular utilizados durante una década por el PP de Madrid.

Según el auto de imputación de Aguirre, la constructora Ploder fue adjudicataria de contratos públicos y presuntamente pagó 19.241,71 euros a las empresas del publicista Daniel Horacio Mercado, encargado de parte de las campañas electorales de la expresidenta madrileña e imputado en el caso Púnica como pieza clave de la trama del 1% con la que supuestamente el PP de Madrid financiaba sus campañas electorales con el desvío de fondos públicos. Uno de los grandes negocios de Ploder en la Comunidad de Madrid fue su participación en el grupo de empresas encargado de la construcción y posterior gestión (hasta 2035) del hospital de Vallecas, una operación de más de 400 millones de euros, según documentación publicada en el portal de contratación regional.

Gálvez también figuraba en los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban una contabilidad opaca del PP a nivel nacional, como supuesto donante de 50.000 euros el 22 de febrero de 2008. Por este hecho, fue llamado a declarar por el entonces juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en 2014. El empresario, que es suegro de Sigfrido Herráez, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, negó haber donado dinero a cambio de beneficiarse de licitaciones de obra pública.