Bárcenas quiere un careo con Rajoy durante el juicio de la caja b
La Fiscalía desinfla la relevancia de la confesión del extesorero: “El escrito recibido aporta escasas novedades, ninguna sustancial”
El primer movimiento de la defensa de Luis Bárcenas apenas ha tardado en llegar en el juicio sobre la caja b del PP, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional con la fase de las cuestiones previas. Gustavo Galán, abogado del extesorero, se ha sumado a la iniciativa de que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y exlíder del partido conservador, comparezca como testigo durante la vista oral —una cita que ya estaba prevista a petición de las acusaciones populares—. Pero, además, el letrado ha ido más allá y ha planteado al tribunal que estaría a favor, incluso, de celebrar un careo entre su cliente y el antiguo jefe del Ejecutivo.
Esta posibilidad, que serviría para contrastar in situ los testimonios de Rajoy y Bárcenas, ya se puso sobre la mesa durante el juicio principal de la trama Gürtel, conocido como Época I y que acabó en 2018 con la condena del PP como beneficiario a título lucrativo por beneficiarse de la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Durante aquella vista oral, una de las acusaciones populares, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que también actúa en el juicio de los papeles de Bárcenas, ya propuso el careo entre el extesorero y el entonces presidente del Gobierno, pero el tribunal lo rechazó.
Este nuevo movimiento de Bárcenas no resulta baladí. Se produce después de que presentase recientemente un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde confesaba por primera vez que el Gobierno de José María Aznar adjudicó obra pública a cambio de donaciones al partido, hechos que aún se investigan en la Audiencia Nacional. En ese documento remitido al ministerio público, el extesorero cargaba las tintas especialmente contra Rajoy, al que atribuye el cobro de sobresueldos provenientes de la caja b y al que acusa de destruir en su despacho una documentación sobre la contabilidad paralela, de la que Bárcenas guardaba copia.
La propia Fiscalía se ha manifestado este lunes sobre esa confesión en una nota de prensa. Según el ministerio público, el “escrito aporta escasas novedades, ninguna sustancial”, sobre los hechos que se abordan en esta vista oral. Tampoco sobre otros procedimientos que se encuentran todavía bajo investigación, en referencia a la pieza de las donaciones presuntamente ilegales de empresarios al PP. Anticorrupción destacaba que este movimiento de Bárcenas es una iniciativa de este y no fruto de un acuerdo con la Fiscalía para conseguir una rebaja de la pena. Por ello, añade que analizará “rigurosamente” tanto el contenido de la confesión por escrito de Bárcenas como las declaraciones que este realice durante el juicio antes de valorar “la posible aplicación de la circunstancia atenuante” por confesión o reparación del daño recogida en el artículo 21 del Código Penal en su escrito final de conclusiones.
Anticorrupción señala también que el escrito de Bárcenas, además de a la Fiscalía, ha sido remitido a los Juzgados Centrales de Instrucción 5 y 6, donde se investigan, respectivamente, las donaciones presuntamente ilegales de los empresarios al PP y el llamado caso Kitchen, de sustracción de documentación al extesorero por parte de una trama policial. “Corresponderá a los magistrados titulares de dichos juzgados valorar el tiempo y forma en que Luis Bárcenas pueda ratificar o ampliar, en su caso, el contenido de dicho escrito”, concluye la Fiscalía. En ese sentido, en una entrevista concedida a EL PAÍS, Galán ha avanzado que el extesorero tiene la intención de dar más detalles sobre las “comisiones finalistas” que recibió el PP. Es decir, el dinero entregado por empresarios a cambio de contratos de la Administración.
Los acusados
El juicio sobre la caja b del PP ha comenzado este lunes con la fase de las cuestiones previas. En el banquillo se han sentado Luis Bárcenas, extesorero del PP, así como tres responsables de Unifica, la empresa que reformó la sede popular de la madrileña calle de Génova: el arquitecto Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Cristóbal Páez, exgerente de la formación y que también se encuentra acusado, no ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional al encontrarse guardando cuarentena por coronavirus.
Tanto el fiscal Antonio Romeral como alguna defensa han aprovechado sus turnos para intentar delimitar los hechos y delitos que se juzgan. Así, han pedido que, en contra de lo que plantean las acusaciones populares, no sean objeto de la vista los supuestos delitos electorales que se atribuyen a los acusados o algunos delitos fiscales que, en su opinión, ya habrían prescrito. El tribunal deberá pronunciarse sobre estas cuestiones —además de valorar si suspende el juicio hasta que Páez se recupere y pueda estar presente en las declaraciones— después de que las acusaciones respondan este martes a las solicitudes expuestas este lunes.
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Bárcenas; 18 meses para Páez; y 3 años y 10 meses para Urquijo y García. La Abogacía del Estado solicita, por su parte, 3 años para el extesorero; 1 año para Páez; y 5 años y 9 meses para los administradores de Unifica. Unas condenas que las acusaciones particulares y populares, que incluyen también a Laura Montero entre los implicados en la trama, elevan hasta 35 años para Bárcenas y Páez, y hasta 19 años para los otros tres. También se exige que el PP sea condenado al pago de más de un millón de euros como responsable civil subsidiario.
