La acogida para inmigrantes en Canarias no estará lista hasta fin de mes

Los seis campamentos que se anunciaron en noviembre para alojar inmigrantes llegados en patera a Canarias empezarán a funcionar antes del próximo día 22, según los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Si se cumplen las previsiones, el llamado Plan Canarias, un despliegue inédito de plazas de acogida en macrocampamentos para realojar a unos 7.000 inmigrantes que viven ahora en hoteles, llegará casi un mes después del plazo prometido.

Hasta el momento, el Colegio León, una escuela cedida por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, ha sido el único espacio abierto. En su patio se alojan en carpas unas 260 personas. Apenas un hotel y un centro de acogida han podido ser desalojados y algunos de los contratos con los hoteleros, que vencían el pasado 31 de diciembre, han tenido que ser renovados.

En los próximos días continuarán los traslados al colegio hasta completar 566 plazas y comenzarán a abrirse por fases los nuevos macrocentros, la mayoría instalados en terrenos militares cedidos por el Ministerio de Defensa.

La apertura más inminente es la del acuartelamiento de Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, que gestionará Cruz Roja y que estará operativo en una primera etapa con 444 plazas en carpas exteriores a finales de la semana que viene. También en los próximos días, según fuentes de Migraciones, la Cruz Roja pondrá en marcha el campamento del cuartel de El Matorral, en Fuerteventura, con 700 camas.

Se retrasarán un poco más, aunque la Secretaría de Estado confía en su plazo de fin de mes, la puesta en marcha de los dos campamentos de Tenerife. En principio, el plan es que Las Canteras, un complejo militar con diez naves y edificios que alojará unas 1.532 personas, lo gestione la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo adscrito a la ONU con experiencia en la gestión de campamentos en Grecia. En el cuartel de Las Raíces, pensado inicialmente para 1.300 inmigrantes, pero con vistas a ampliarse hasta 2.400 plazas, entrará Accem, una de las principales gestoras de la red de acogida para solicitantes de asilo en España.

Por último, se abrirá una nave cedida por Bankia en Las Palmas de Gran Canaria con capacidad para 500 inmigrantes que, como el Colegio León, gestionará la fundación franciscana Cruz Blanca. Aunque se anunció en noviembre como un séptimo espacio, la instalación de carpas de acogida en el campamento policial de Barranco Seco, también en Las Palmas de Gran Canaria, ha quedado descartada.

Tras la confirmación, el pasado mes de enero, de que la ruta migratoria hacia las islas canarias volvía a estar abierta, el refuerzo de la red de acogida en las islas ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Ejecutivo.

El alojamiento de los 23.000 inmigrantes que han llegado al archipiélago en 2020 provocó tensiones entre ministerios y fue clave para que el pico de desembarcos se elevase a categoría de crisis. La consigna de La Moncloa y de la UE, además, ha sido y sigue siendo la de concentrar a los recién llegados en las islas, aumentar deportaciones y evitar al máximo los traslados a la Península, donde sí había plazas de acogida.

Esa estrategia, que pretende enviar el mensaje de que llegar al archipiélago no significa una nueva vida en el continente, acabó provocando un enorme cuello de botella a pesar, incluso, de que miles de inmigrantes lograban viajar por su cuenta a otras provincias españolas. Así, sin lugar adonde trasladarlos con agilidad tras las 72 horas de custodia policial, la emergencia se cronificó y durante casi cuatro meses miles de personas durmieron días –e incluso semanas– al raso en el puerto grancanario de Arguineguín.

Las islas comenzaron a experimentar un repunte histórico de llegadas (solo superado por los registros de 2006) con una red de acogida raquítica. A pesar de la experiencia de la llamada crisis de los cayucos, el archipiélago contaba en septiembre de 2019, cuando la ruta comenzó a dar las primeras señales de que se reactivaría, con apenas 70 camas. En enero de 2020 se había estirado la red a 900 plazas, pero en poco tiempo todos los recursos estaban desbordados.

Durante los meses más críticos de la pandemia, Migraciones reforzó la acogida con escuelas, polideportivos y edificios cedidos por autoridades locales y regionales, pero tuvieron que desalojarse con el inicio del curso escolar. En septiembre, y ante la negativa del Ministerio del Interior de facilitar más traslados de inmigrantes a centros de la Península —se ha derivado menos de un 10% de todos los recién llegados—, Migraciones acabó alquilando hoteles vaciados por la pandemia para enfrentar la emergencia.

La solución, que se ha alargado más de lo previsto, ha generado empleos y actividad económica en una región paralizada por la falta de turistas, pero también ha provocado malestar en el sector turístico, entre vecinos y autoridades locales, como el Ayuntamiento de Mogán, que mantiene la amenaza de multar con hasta 150.000 euros a los complejos que continúen alojando inmigrantes. “No se puede hacer de los hoteles centros asistenciales”, mantiene el primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro.

Carrera de obstáculos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones intentó buscar otras alternativas, pero se encontró, primero, con las trabas de algunas autoridades locales que se negaron a concentrar migrantes en sus territorios y, después, con la resistencia del Ministerio de Defensa a ceder los terrenos abandonados que ahora se están usando.

La construcción de los macrocampamentos, cuyo coste total se desconoce aunque cuenta con 43 millones de fondos europeos, ha sido una carrera contra el reloj salpicada de obstáculos que han retrasado la promesa de tener todo listo antes de final de año. Entre ellos, las lluvias que han dificultado las obras en algunos terrenos fangosos, los días festivos para los obreros, la negociación de los contratos con las organizaciones que se responsabilizarán de los centros y las trabas urbanísticas del Ayuntamiento tinerfeño de La Laguna, reticente a que los dos mayores centros se instalen en su municipio, que han obligado al Gobierno a modificar de forma exprés la Ley del Suelo para sortearlas.