“Los jueces dedicados al narcotráfico del Estrecho nos sentimos desprotegidos y abandonados”

Carmen Martínez Perza está bregada en sentarse, día sí y día también, frente a los grandes narcos del Estrecho. De ella depende que la ingente cantidad de investigaciones que se realizan contra el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar acabe en juicios que lleven a los responsables a prisión durante años. Es la titular de uno de los cinco juzgados de instrucción de Algeciras (Cádiz), saturados con macrocausas de narcotráfico que amenazan con colapsar la justicia en la zona.

Desde que el plan especial de seguridad se puso en marcha a mediados de 2018, el despliegue policial ya suma más de 9.300 detenidos, 20 millones de euros de inversión y 48 más ya comprometidos para este año y el próximo, según cuantificó el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en su última visita a Cádiz. Pero todos ese esfuerzo va a parar a unos jueces tan saturados que el aumento de sedes —Algeciras incrementó uno de Instrucción, al igual que La Línea y San Roque, que pasaron a tener cinco y tres mixtos, respectivamente— pronto se quedó corto.

En medio de ese cuello de botella cada vez más acuciante, por las manos de Martínez —que colabora en su tiempo libre con distintas ONG que atienden a personas con adicciones— han pasado casos tan sonados como los del capitán Joaquín Franco, que acabó enredado con el narco. O el de Trinidad, la guardia civil que supuestamente blanqueaba dinero para el poderoso traficante Antonio Tejón ‘el Castaña’, para quien la magistrada tuvo que decretar su detención, justo el mismo día que el capo salía de prisión provisional.

Desde mediados de 2018, el plan especial de seguridad del Ministerio del Interior suma más de 9.300 detenidos y 20 millones de euros de inversión, según cuantificó el ministro Fernando Grande-Marlaska. Pero ese despliegue policial no es proporcional en una justicia que está tan saturada que el aumento de sedes —Algeciras incrementó uno de Instrucción, La Línea y San Roque, uno cada una mixtos— pronto se ha quedado corto. Los juzgados siguen saturados.

Pregunta. ¿Qué valoración hace del plan especial de seguridad del Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar [puesto en marcha en 2018]?

Respuesta. Fue muy bien acogido por todos, policía y jueces, porque ellos han sido los máximos destinatarios del plan. Pero no ha sido suficiente en absoluto, desde mi experiencia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han experimentado un aumento considerable de efectivos y medios materiales. Eso las organizaciones criminales lo han notado, se han sentido acosadas. Hay mucha presión, pero ese refuerzo policial, que era muy necesario, no se ha acompañado del aumento de recursos en la Justicia.

P. ¿Cuántas causas de narcotráfico está instruyendo ahora mismo?

R. Tengo una media de 50 presos preventivos. Eso es disparatado. Para que luego se diga que no acordamos mandar a prisión a nadie. Llevo más de 20 investigaciones de narcotráfico o blanqueo. De las 390 o 400 causas que en estos momentos puedo tener vivas, la proporción de las relativas a narcotráfico podría parecer poco relevante. Pero en el peso del trabajo real suponen en torno al 60%, es muchísimo.

P. ¿Cómo se ha materializado el plan en los juzgados de instrucción de Algeciras?

R. Se crearon unos juzgados que tardaron más de un año en hacerse realidad y, mientras, los que estábamos aquí no podíamos más. Los agentes han trabajado muy duro y nos traían tal cantidad de trabajo que no dormíamos. Ahora en Algeciras hay un juzgado nuevo desde hace un año, pero empezó a funcionar sin juez y sin la plantilla de funcionarios completa. Los jueces, que ya estábamos desbordadísimos, tuvimos que hacer doblete hasta que se incorporó el magistrado. Es un ejemplo de que todo avance muy lento cuando hablamos de mejoras en la Justicia.

P. ¿Cuáles diría que son las principales necesidades?

R. No damos abasto. Los juzgados tienen una gran carencia de personal y esto hace que las cosas se queden atascadas en las mesas. Si no contamos con personal suficiente, no podemos llevar a efecto las resoluciones que dictamos. Además, cuando hay bajas estas no se reponen. En cada uno de los cinco juzgados de instrucción necesitaríamos, al menos, dos funcionarios más y esto es competencia de la Junta de Andalucía. Además, tenemos otras cosas: robos, estafas, hurtos, homicidios, agresiones sexuales... asuntos que afectan a muchos ciudadanos y se ven perjudicados. También necesitamos jueces de refuerzo porque tenemos temas muy complejos. Yo tengo más de una docena de asuntos de este tipo. Solo en uno de ellos hay 50 personas investigadas. Si lo traducimos en sus correspondientes 50 abogados interponiendo recursos constantemente de los que tengo que dar traslado a todas las partes y al fiscal, imagínese. Y hay que hacerlo bien, no podemos hacer chapuzas.

P. ¿Cree que sería adecuado crear un juzgado específico como defienden algunas asociaciones antidroga y policiales?

R. No es bueno. Si se hiciera uno específico, no podría salir adelante con todo lo que hay y, al final, las investigaciones irían más lentas. Todos los que estamos aquí somos especialistas. Lo único que necesitamos son recursos. No es por echarnos flores, nos ha tocado esto como a otros les tocan otras situaciones, pero creo que en España hay pocos tan especializados como nosotros en cuestiones como intervenciones telefónicas, investigaciones criminales complejas, balizas en coches, entradas y registros…

P. Lleva ya casi cuatro años en la zona. ¿Ha sentido alguna vez miedo al ejercer su trabajo?

R. Sí, cierta sensación incómoda, de intranquilidad, aunque es mejor no pensarlo, y esto no sólo me ocurre a mi. Los jueces que trabajamos en esto tenemos un sentimiento de desprotección y abandono. No disponemos ni de espacio para aparcar nuestros coches en los juzgados y me expongo a cualquier cosa en la calle. Sentimos miedo porque no olvidemos que la gente a la que estamos investigando es, en más de un caso, peligrosa. Aquí se han producido muertes, secuestros, ajustes de cuentas, desapariciones o armas que aparecen.

P. ¿La situación de saturación ha provocado que se tenga que retrasar o denegar alguna autorización de investigación?

R. Las medidas de investigación especiales que requieren un sacrificio de derechos fundamentales, como es una intervención telefónica, se resuelven muy rápidamente. Pero hay que estudiarlas porque son muy delicadas. Tenemos la suerte de vivir en un Estado de derecho. Insisto mucho a los agentes es que no tenemos necesidad de correr para que luego en el juicio se vea que hay algo que no está bien hecho y pueda acabar en nulidad.

P. ¿Es asumible este cuello de botella que se está creando con las plantillas policiales ampliadas y los juzgados saturados?

R. No sé hasta qué punto los juzgados tienen capacidad para absorberlo todo. Esperemos que se ponga remedio y que estos juzgados no se conviertan en instituciones que no sirvan para su función. Al final todo se está cubriendo con un gran sacrificio personal, que no se conoce, porque a los jueces no les gusta hablar.

P. Hay agentes que no esconden su desasosiego porque, después de densas investigaciones, los narcotraficantes acaban en libertad provisional con fianzas bajas. ¿Cuál es su visión?

R. Los grupos de investigación policiales a veces se sienten más cómodos cuando los investigados van directamente a prisión desde el juzgado de guardia. Pero eso no está escrito en ninguna ley de un país democrático. No funciona así. La decisión sobre si un detenido va a prisión o no es muy compleja. Pensemos que le vamos a quitar la libertad a alguien que ni siquiera ha sido juzgado, no ha podido siquiera defenderse, aportar pruebas a su favor... Es una medida muy gravosa y excepcional para la que la ley exige unos requisitos estrictos y un plazo límite. El trabajo de los agentes es descubrir y detener a los delincuentes. El de los jueces es preparar el juicio vigilando que todo se haga de forma escrupulosa y se respeten los derechos de los investigados. Tenemos que comprobar si hay indicios de que esa persona ha cometido un delito grave, como es el de narcotráfico. No basta la sospecha de la policía o la mía. En estos casos, las finalidades de la prisión son asegurar su presencia en el juicio y que no pueda destruir u ocultar pruebas. Aunque haya indicios claros de comisión de delito grave, si la persona no plantea riesgo de fuga o no hay peligro de destrucción de pruebas, no se puede acordar la prisión provisional. Para castigarle, ya vendrá el juicio. No podemos condenarle antes. Esa idea tenemos que erradicarla en un estado democrático de derecho.

P. Pero hay varios ejemplos de narcos que se han fugado estando en libertad provisional, como el caso de Kiko “El Fuerte” o el “Messi del hachís”.

R. El contexto general no se debe tener en cuenta a la hora de decidir sobre una persona. Se debe analizar el caso particular y yo de casos concretos no hablo. A veces, las informaciones no son correctas y no voy a decir más. Es un tema tan complejo que no se puede hablar a la ligera. Yo sé lo que hago y por qué. No entro en las decisiones de otros compañeros. Siempre hay riesgos, no son matemáticas. También existe el riesgo de acordar prisión preventiva para una persona y que salga absuelta y eso es muy grave. Tendemos a condenar sin saber nada más del tema y es necesario conocer más para poder valorar. Podemos tener el convencimiento de que alguien es muy malo, pero ¿hay indicios suficientes para mandarlo a prisión antes del juicio?

P. ¿Está normalizado el narcotráfico en la zona?

R. Tanto, que aquí han venido personas a declarar por otros asuntos y te dicen: “No, si yo a eso no me dedico, sino a la droga”. Está tan normalizado que hay que hacer un trabajo desde abajo para que la gente joven no interiorice esto como normal. El plan de seguridad es muy necesario porque la delincuencia cada vez se está haciendo más poderosa y violenta, pero también es muy importante apostar por el Campo de Gibraltar de una forma integral. Hay mucha buena gente y mucho potencial. Es necesario invertir en infraestructuras. ¿Queremos que cambie la zona? Pues salgamos del abandono institucional. Si no se ofrecen alternativas, a ver qué hace la gente.