Interior aísla la cárcel de Soto en Madrid tras un brote de la covid-19 que ha afectado a 30 reclusos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aislará a partir de este sábado la cárcel de Soto del Real, una de las siete existentes en la Comunidad de Madrid, tras detectar esta semana un brote de la covid-19 que ha afectado a 32 de reclusos de un módulo y debido a la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, según informó Interior. La medida supone que este penal vuelva a sufrir las mismas restricciones aplicadas a todas las cárceles durante el estado de alarma. Así, se prohíben todas las comunicaciones de los internos con sus familias y abogados, incluidas las que se realizan en los locutorios. También se suspenden los permisos y otras salidas no imprescindibles. Solo se mantienen las que tengan motivos médicos o para realizar diligencias judiciales. Además, en la prisión solo podrán entrar los funcionarios y el personal laboral, así como el personal extra penitenciario “cuya labor sea indispensable”. Las medidas tendrán una vigencia inicial de dos semanas.

Hasta ahora solo la cárcel de Las Palmas II se encontraba en una situación de aislamiento similar tras detectarse, el pasado 14 de septiembre, otro brote de la enfermedad entre los internos. No obstante, otras 50 cárceles de las 71 dependientes de Interior –las catalanas están bajo la gestión de la Generalitat- sufrían desde hace semanas algún tipo de restricción por la enfermedad al estar ubicadas en zonas con una incidencia de la enfermedad superior a 100 casos por cada 100.000 habitantes. En estas solo se han suspendido las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia de los reclusos (conocidos como vis a vis), pero se mantenían de locutorio y los permisos de salida. Soto del Real sufría ya estas primeras restricciones desde el 26 de agosto.

Durante el estado de alarma, en las 71 cárceles dependientes de Interior fallecieron cuatro funcionarios y dos presos por coronavirus. Además, se registraron otros 274 casos positivos entre trabajadores y 83 entre internos. La afectación de la covid-19 entre la población reclusa fue entonces cuatro veces inferior a la de la población en general. Desde el inicio de la desescalada, el 22 de junio, y hasta el 30 de septiembre, Interior ha detectado 169 positivos entre los funcionarios y 228 entre los reclusos, el 87% de estos últimos asintomáticos. No obstante, un preso ha fallecido en la cárcel de Alicante y otros cuatro permanecen hospitalizados. Además, hay 178 funcionarios y 1.800 presos en cuarentena.