Un informe del Gobierno vasco concluye que los residuos del vertedero de Zaldibar estaban autorizados

El vertedero de Zaldibar que se derrumbó el 6 de febrero y arrastró a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, almacenaba los residuos que le consentía la autorización ambiental integrada. Un informe del Gobierno vasco al que ha tenido acceso EL PAÍS concluye que “durante las inspecciones realizadas no se ha identificado la deposición de ningún residuo distinto de los contemplados en la autorización concedida al vertedero”. La búsqueda de los dos desaparecidos permitió encontrar hace dos semanas unos restos óseos que pertenecían a Sololuze, según revelaron las pruebas forenses, mientras que aún no hay rastro de Beltrán.

El objetivo del estudio era “identificar y documentar los residuos presentes en el vertedero de Zaldibar” y, para conocer si en esta instalación se acumulaban restos no permitidos se trazó un mapa con 38 ubicaciones que han sido analizadas. El Gobierno vasco, que ha comandado las operaciones en la escombrera hundida, ha insistido desde el primer momento en que la responsabilidad de lo ocurrido correspondía a la empresa adjudicataria de la gestión, Verter Recycling 2002. La Ertzaintza constató en junio “indicios de criminalidad” en la gestión de la instalación y adjuntó estas consideraciones en el sumario judicial abierto. La Comisión Europea también avisó de que se examinarán las “importantes deficiencias” apreciadas en la escombrera.

Fuentes del Ejecutivo autonómico explican que este “estudio de investigación” no ha dado con “ningún material para el que el vertedero no tuviera autorización”. Uno de los ejemplos a los que aluden es al amianto, un resto nocivo cuya presencia entre los primeros montones de basura provocó alarma porque los operarios desconocían que este vertedero acumulaba amianto y no se protegieron. Los “residuos de fibrocemento” que contienen este material, informan las fuentes autonómicas, “aparecía y está apareciendo perfectamente embalado e identificado, como marca la normativa, excepto en la zona donde los depósitos fueron rotos por el deslizamiento y se desperdigó”. No obstante, admiten que estos análisis no implican que el funcionamiento de la planta fuese correcto y que “aún está por determinar” el porqué del derrumbe y las “responsabilidades” que esto entrañe. Casi la mitad del material acumulado en Zaldibar se correspondía con tierras o “rechazos de plantas de valorización”, mientras que menos del 1% del total contenían “fibrocementos”, donde se encuentra el amianto.

Unificación de las causas judiciales

La investigación sobre lo ocurrido en este vertedero, que se desarrollaba en dos juzgados de Durango, se ha unificado en el juzgado 1 de la localidad vizcaína. Hasta este martes se mantenían las diligencias para, por un lado, estudiar posibles delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, y, por otro, un supuesto delito contra el medio ambiente.

La unificación cumple la solicitud tanto de las familias como de la Fiscalía, que emplazaba a que se aunaran todos los delitos respecto a un mismo hecho. Fuentes del Gobierno vasco critican la tardanza en resolver esta cuestión y creen que las jueces de ambos juzgados no se han implicado lo suficiente en la causa, y según los operativos de rescate nunca han acudido a la escombrera para ver presencialmente lo ocurrido.

La magistrada ordenó la detención a finales de julio que el propietario de la escombrera y de la empresa que la gestiona, José Ignacio Barinaga; la administradora única, responsable legal de la misma y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y el ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria. Los tres declararon en instancias judiciales y quedaron en libertad provisional.