Una reforma del Gobierno permite ampliar las investigaciones de corrupción contra el PP

Una reforma impulsada por el Gobierno ha permitido ya ampliar los plazos de investigación de dos de las principales causas de corrupción que han cercado al PP en los últimos años: Púnica y la pieza de Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas. La Audiencia Nacional acaba de aprobar que estas instrucciones puedan continuar gracias a un cambio en la ley que entró en vigor el pasado julio y revierte parcialmente una modificación previa del PP, de cuando gozaba de mayoría absoluta, para limitar los plazos de investigación judicial.

El Congreso de los Diputados dio luz verde este verano, con los únicos votos en contra de PP y Vox, a una ley para modificar exclusivamente el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este cambio incluía un punto que supone en la práctica poner a cero el contador de los plazos de las investigaciones judiciales que se encuentran en marcha. Según recogía el texto, publicado el pasado 28 de julio en el Boletín Oficial del Estado y firmado por el presidente Pedro Sánchez, “el día de entrada en vigor [de esta normativa] será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción”.

Esta reforma ha tenido ya consecuencias en dos de las causas de corrupción más importantes abiertas en la Audiencia Nacional y que se encontraban actualmente cerca de cumplir los tiempos máximos fijados por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). A través de un auto dictado el 14 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado José de la Mata ha ampliado hasta el 29 de julio de 2021 el plazo de investigación de la pieza separada UDEF-BLA 22510/13, una derivada del caso Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas. El propio juez explica en su resolución que su decisión tiene como base la modificación legislativa impulsada por el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos.

En la misma línea se pronuncia también el magistrado Manuel García-Castellón, que ha anulado el vencimiento que pendía sobre el caso Púnica. Según consta en un auto fechado el 24 de agosto, el juez declaró “sin efecto” el plazo fijado para acabar estas pesquisas, que era el 27 de agosto de este año, y anunció que estudiará ahora las diferentes piezas de investigación abiertas en esta causa “a fin de agilizar la tramitación”. Es decir, abre la puerta a cerrar algunas y a proseguir con otras. Una medida que revienta la estrategia de una de las imputadas, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y antigua líder del PP regional, que había pedido que se pusiera el punto final a esta instrucción alegando que no procedía ampliar los plazos.

Batalla política

Desde que el Gobierno del PP impusiera su mayoría absoluta para poner límites temporales a la instrucción judicial, la izquierda hizo bandera de su derogación. La medida de los populares, que impulsaron cuando se encontraban asediados por los escándalos, halló inmediatamente la oposición de las asociaciones de jueces y fiscales. Y el PSOE fijó entonces su derogación como una de sus prioridades, como dijo cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura a Rajoy.

Aun así, el cambio se ha hecho esperar, además de que no tiene la dimensión que los socialistas y Podemos anunciaban cuando se encontraban en la oposición. Frente a la ley del PP, que establecía un tiempo máximo de instrucción ordinaria de seis meses —ampliable a 18 para las causas complejas, que se podrían prorrogar otros 18 adicionales, a petición de la Fiscalía—, los socios de coalición pactaron finalmente que la instrucción inicial tuviera un plazo de un año, que el juez puede ampliar de oficio seis meses y todas las veces que quiera.

“El PP limitó los plazos de instrucción para irse de rositas en sus casos de corrupción. A propuesta de Unidas Podemos, hemos derogado esa infamia. Ahora los jueces pueden perseguir a los ladrones sin tener las manos atadas”, dijo este miércoles Pablo Echenique, portavoz de la formación de izquierdas en el Congreso.