El PSOE andaluz denuncia en los tribunales 3.487 contratos exprés de la Junta

El PSOE de Andalucía denunciará ante los tribunales contenciosos-administrativos la contratación por parte de la Junta de Andalucía de 3.487 personas, en procesos de 24 horas, “saltándose los principios de publicidad, capacidad y mérito”, según ha afirmado este lunes el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista y exvicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Los socialistas, que han pedido un informe especial sobre estas contrataciones a la Cámara de Cuentas, no descartan también acudir a la vía penal en un futuro.

Este procedimiento es el que ha empleado el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario “en el marco de la emergencia de salud pública” ocasionada por la covid-19, según un decreto del pasado mes de marzo y una resolución del pasado 14 de abril. Los socialistas entienden que esta urgencia está justificada en el caso de contrataciones del personal sanitario para atender la pandemia, pero no para cubrir otros puestos que, según Jiménez Barrios, “nada tienen que ver con la covid”, como técnicos de pesca, conservadores de patrimonios, ingenieros de minas, arquitectos técnicos o veterinarios.

Esta vía de emergencia se ha aplicado en 32 convocatorias. Cada oferta publicada en la web del Empleado Público estaba abierta 24 horas. Los aspirantes, que debían estar inscritos en bolsas de trabajo, tenían que enviar la solicitud a través de un correo electrónico y las plazas eran adjudicadas “por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas”, según constaba en algunas de las ofertas. Sin embargo, la resolución dictada por la dirección general de Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública establece que “se seleccionará a las personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados”. Según Jiménez Barrios, la Junta aplicó el orden de llegada “en la mayor parte de los casos” y otras veces, el criterio de idoneidad.

Para las contrataciones como personal funcionario interino, la convocatoria excluye “expresamente” a embarazadas o en período de lactancia y a personas mayores de 60 años. También a personas con diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica o neuromuscular crónica; inmunodeficiencia (incluyendo VIH) y cáncer. Por este motivo, el sindicato Comisiones Obreras presentó el pasado 24 julio un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar como “discriminatoria” esta convocatoria. “Esta exclusión vulnera los artículos 14, 23 y 103.3 de la Constitución Española, y, en el caso de las mujeres embarazadas contraviene, además, otras normativas como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, denunció el sindicato.

Además, Comisiones Obreras entiende que estas ofertas de trabajo “carecen de cobertura normativa desde el levantamiento del estado de alarma”.

Para el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el sistema empleado es “legal” y se sustenta en que la situación de alerta sanitaria aún continúa. Respecto al veto a embarazadas o colectivos de riesgo asegura que esa decisión está amparada por el Ministerio de Sanidad. Bendodo también se acoge a que la urgencia de las contrataciones está bendecida por los sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública, aunque estos ciñen las prisas a la contratación de personal sanitario. Para los socialistas, esta forma de entrar en la Junta constituye “un auténtico escándalo” y un caso de “nepotismo”. “Con la excusa de la simplificación intentan colonizar la Administración”, asegura Jiménez Barrios.

El PSOE también ha denunciado “la opacidad” del Gobierno que preside Juan Manual Moreno por su resistencia a facilitar datos a la oposición. Los socialistas andaluces han registrado 132 solicitudes de información al Gobierno y ninguna de ellas ha tenido retorno, pese a que el Reglamento del Parlamento establece un máximo de 20 días. Algunas peticiones fueron presentadas en septiembre de 2019 entre las que figuran información sobre la empresa Magrudis, responsable del brote de listeriosis en Andalucía el verano pasado, o el expediente para el nombramiento de Lourdes Fuster, exletrada del PP en el juicio político del caso de los ERE, como subdirectora general de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Este expediente se ha pedido cuatro veces. Los socialistas han acudido también al Consejo de Transparencia para reclamar estos datos.