Martín Villa declarará ante la juez Servini “tras solicitarlo seis años”
La denominada “querella argentina” atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad
El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa ha manifestado que el 3 de septiembre declarará “por fin, tras seis años solicitándolo”, ante la juez argentina Servini de Cubría para responder a las acusaciones por diversas muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición, entre 1976 y 1978.
La citación judicial para declarar por videoconferencia en el Consulado argentino en Madrid está motivada por la pandemia de la covid19 y se produce después de que en más de seis ocasiones Martín Villa ha pedido a la juez Servini que le tome declaración, sin que eso haya ocurrido desde que le imputó en octubre de 2014. El pasado diciembre, Martín Villa incluso sacó los billetes de avión para viajar a Argentina y comparecer en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires
Desde octubre de 2014, el exministro se ha negado a ampararse en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos, ocurridos hace más de 40 años. Asimismo, ha rechazado acogerse a las negativas de jueces españoles, la última la de la Audiencia en octubre de 2018, a las Comisiones Rogatorias de la juez argentina para interrogarle en España. Antes y después de cada uno de esos rechazos solicitó al Juzgado argentino que le tomase declaración, según fuentes de su defensa.
La denominada “querella argentina” atribuye a Martín Villa delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por las cinco muertes en un desalojo policial en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, sin competencia sobre la Policía; por seis ocurridas en 1976 y 1977, durante su mandato como ministro del Interior, y de una ocurrida en Pamplona en las fiestas de San Fermín de 1978, cuando España llevaba un año de democracia.
El ex ministro del Interior de los Gobiernos de Adolfo Suárez ha manifestado en diversos escritos al Juzgado argentino que la Transición española fue lo contrario a un genocidio, porque hubo un proceso de reconciliación entre los españoles y España, por primera vez en muchas décadas, dejó de tener presos políticos en las cárceles y exiliados en el mundo. “Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978”, ha señalado el exministro. Y ha añadido que “si se aceptase la lógica de la querella, los políticos de todo el mundo con competencias sobre cuerpos policiales serían, desde su nombramiento hasta su cese, responsables penales, y además por crímenes de genocidio, de cualquier muerte derivada de una intervención policial”.
