Torrent y Maragall pedirán al juez que el Gobierno desclasifique secretos para aclarar si el CNI espió sus móviles
Los dirigentes de ERC se querellan contra Sanz Roldán y la firma israelí que creó el sistema Pegasus
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el diputado autonómico Ernest Maragall, ambos de ERC, solicitarán al Ejecutivo que desclasifique material secreto para aclarar si el CNI espió sus móviles en 2019 con Pegasus, un sistema creado por la firma israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos para prevenir el crimen y el terrorismo, tal y como reveló una investigación de El PAÍS y The Guardian.
La petición forma parte de una querella que Torrent y Maragall presentarán este jueves en Barcelona contra el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y NSO Group por los presuntos delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones y espionaje informático, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.
A juicio de los dirigentes, existen indicios que apuntan a la autoría del CNI tras la intrusión a sus teléfonos con el sistema de espionaje. El servicio secreto español dispone de Pegasus y tiene entre sus objetivos de inteligencia al independentismo catalán desde que en 2015 se creara la denominada Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales.
Torrent y Maragall piden al juez que pregunte al Ejecutivo si el CNI “o algún otro organismo gubernamental español” compraron los sistemas de NSO Group. El centro de inteligencia fue cliente hasta 2015 del competidor directo de la israelí, la firma italiana Hacking Team.
Los independentistas requieren la declaración de Sanz Roldán, que era el responsable del servicio secreto entre abril y mayo del pasado año, cuando sus móviles fueron atacados con Pegasus gracias a una vulnerabilidad de WhatsApp -ya reparada- que afectó a 1.400 usuarios en el mundo.
Torrent, segunda autoridad de Cataluña, participó en decenas de encuentros durante el periodo que pudo ser espiado. El dirigente asistió entre abril y mayo de 2019 a reuniones de la ejecutiva de ERC, de la mesa del Parlamento catalán, del Grupo Parlamentario de ERC y a actos de campaña de las elecciones municipales y europeas. También, acudió a reuniones con periodistas, representantes consulares y activistas contra la corrupción.
El entonces diputado autonómico de ERC Ernest Maragall participó durante el tiempo que pudo ser rastreado en la campaña de las elecciones municipales de Barcelona, donde se convirtió en el candidato más votado con 10 concejales y el 21,35% de los votos.
Además de pinchar conversaciones, leer mensajes o rastrear comunicaciones encriptadas, Pegasus permite activar la cámara y el micrófono de los dispositivos infectados por control remoto.
La querella de Torrent y Maragall requiere al representante legal de NSO Group que aclare si España figuró en la cartera de clientes de la compañía. La firma históricamente se ha negado a detallar a quién vende sus programas. Apela a cláusulas de confidencialidad. E insiste en que dispone de un protocolo para que su sistema no caiga en manos de Estados que no respetan los derechos humanos.
En la batería de peticiones para desgranar quién ordenó el ataque, los independentistas solicitan al Tribunal de Cuentas que confirme si el CNI adquirió los sistemas de NSO Group o de un conglomerado de 27 firmas vinculado presuntamente a la israelí y radicado en Israel y Luxemburgo. Otra solicitud pasa por que se pregunte al Ministerio de Defensa de Israel, responsable de supervisar las exportaciones de NSO Group, si autorizó la venta de Pegasus a España.
La querella también solicita a Vodafone -operadora telefónica de Torrent y Maragall en 2019- y a la filial de WhatsApp en Irlanda información técnica para aclarar cómo se fraguó la intrusión a través de la aplicación de mensajería. Y que declaren como testigos los periodistas de EL PAÍS y The Guardian que publicaron la exclusiva y el investigador John Scott-Railton, de Citizen Lab, un organismo de ciberseguridad vinculado a la Universidad de Toronto que indagó el fallo de WhatsApp de 2019.
El organismo canadiense estimó que, entre los 1.400 objetivos de Pegasus, figuraron un centenar de periodistas, políticos, diplomáticos y activistas pro derechos humanos que fueron monitorizados de forma ilegal.
Pegasus es un programa espía que —según sus creadores— solo pueden comprar Gobiernos para prevenir el crimen y el terrorismo. La aplicación fue usada para tratar de asaltar entre abril y mayo de 2019 los móviles de Torrent; de Maragall; de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y del activista Jordi Domingo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó la semana pasada en el Congreso que ni el Ejecutivo ni el CNI ejecutaron el ataque. Y un portavoz de los servicios de inteligencia aseguró que el CNI siempre cumple la ley y reporta sus acciones a un magistrado del Tribunal Supremo.
Sobre la firma
