El Gobierno aprueba una retribución extra para los trabajadores de los juzgados más saturados por la pandemia

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al segundo paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los tribunales. Tras el decreto-ley de medidas urgentes aprobado en abril, el Ejecutivo pondrá ahora en marcha un plan de refuerzo para los juzgados más saturados tras la crisis sanitaria. Las medidas se centran en las jurisdicciones social, mercantil y contencioso-administrativo, que son en las que más impacto ha causado la pandemia, tanto por el parón de tres meses de la actividad judicial como por litigios derivados del estado de alarma (por ejemplo las reclamaciones por cancelaciones aéreas) y sus consecuencias económicas (concursos y ERTE, fundamentalmente).

El nuevo plan está dotado con 50 millones de euros y su objetivo, según el Gobierno, es recuperar la normalidad en los juzgados y aportar recursos a las necesidades inmediatas de la justicia, que ya arrastraba carencias de medios y que tras la pandemia ha dejado a algunos juzgados al borde del colapso. El plan de refuerzo se divide en dos fases. En la primera, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, los apoyos se concentrarán en los juzgados de los social y de lo mercantil que tengan una carga de trabajo superior al doble de la que deberían asumir según los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. La segunda fase se iniciará el 1 de enero, cuando el Gobierno cuenta ya con tener datos más completos del impacto de la crisis y habrá podido concretar la extensión de las medidas necesarias en cada jurisdicción.

El plan prevé acciones de “autorrefuerzo” que consistirán en un programa de actuación por objetivos para el personal propio de cada juzgado, que recibirá a cambio una retribución extraordinaria. Podrán participar el juez titular, un letrado de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), dos gestores o tramitadores y un auxilio judicial por cada órgano. En principio, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción). Se prevén también medidas de refuerzo externo con apoyo de personal que no está destinado a ese juzgado.

En la jurisdicción social el objetivo que se marca para cada juzgado será resolver, al menos, 145 procedimientos mensuales. En el ámbito de lo mercantil, la primera fase se centra en dar salida a los procedimientos menos complejos pero que suponen un alto porcentaje en la carga de trabajo. Un ejemplo de este tipo de asuntos son las reclamaciones aéreas, que constituyen en estos momentos una de las principales causas de sobrecarga en algunos de estos juzgados, por lo que el plan contempla objetivos concretos en este ámbito: con las medidas de autorrefuerzo se pretende incrementar la resolución de las reclamaciones en un 20%, mientras que con el refuerzo externo se intentarán resolver al menos 180 reclamaciones aéreas al mes.

El plan aprobado este martes contempla también medidas estructurales que pasan por la puesta en marcha de 21 nuevos juzgados, cuya creación ya estaba aprobada antes del estado de alarma pero que ahora se van a destinar a absorber y minimizar el impacto del aumento de asuntos derivados de la crisis sanitaria.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas harán un seguimiento constante que permitirá ir haciendo cambios para adaptar las medidas a los distintos escenarios que puedan darse en cada juzgado.

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