El Poder Judicial censura “dilaciones indebidas” de la juez Mercedes Alaya en el ‘caso Mercasevilla’

El Poder Judicial aprecia un “funcionamiento anormal” de la Justicia en la instrucción que llevó a cabo la magistrada Mercedes Alaya de una pieza del caso Mercasevilla. La juez, que investigó los principales casos de corrupción en la Junta andaluza hasta su ascenso a la Audiencia de Sevilla en 2015, incurrió en “dilaciones indebidas” durante su investigación, que se inició en 2009 y terminó en 2017 con una sentencia absolutoria para los 10 procesados. Entre ellos, el ex teniente alcalde de Sevilla y líder local de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex alto cargo municipal Domingo Enrique Castaño (PSOE), que reclaman al Estado 147.000 euros por “la pena de banquillo” y “el escarnio público” que sufrieron durante ocho años.

Tras la reclamación económica de los ex altos cargos absueltos, el Ministerio de Justicia pidió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para valorar si existieron irregularidades durante la instrucción. Y el vocal del Poder Judicial Álvaro Cuesta considera ahora que Alaya incurrió en “dilaciones indebidas”, tal y como denunciaron la Fiscalía Anticorrupción y todos los abogados de los acusados, desesperados al ver cómo la juez relegaba su investigación frente a la macrocausa de los ERE y los cursos de formación. El informe no es vinculante, pero lo habitual es que Justicia indemnice a los recurrentes tras reconocer el Poder Judicial el mal funcionamiento de la justicia.

“Los hechos acreditados en el expediente correspondiente constituyen efectivamente un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin entrar en otras consideraciones acerca de los daños que a sus resultas puedan haberse producidos”, concluye el magistrado Cuesta en su informe. Para el Poder Judicial, existió “un exceso en el transcurso del tiempo a los efectos de la tramitación de las diligencias penales”.

La denuncia de los excargos ante el Ministerio destacaba tres periodos de inactividad de Alaya de dos, tres y cuatro meses entre 2012 y 2013. Además, recordaba cómo al cerrar la investigación, la juez olvidó remitir el sumario a la constructora Sanma como responsable civil subsidiaria, lo que provocó medio año de retraso. “Transcurrieron más de seis meses para cumplimentar un trámite indispensable que pudo y debió ser realizado simultáneamente al de las defensas”, rezaba el escrito.

Si el Gobierno indemniza a Rodrigo Torrijos, el expolítico solicitará que Alaya pague la cuantía. “Reclamaré que no paguemos los españoles una presunta negligencia de la juez Alaya”, afirma el exlíder local de IU, que pedirá el pago a la juez en un procedimiento denominado “de repetición”, para especificar que Alaya tuvo responsabilidad personal como funcionaria en el funcionamiento anormal de la justicia. La imputación perjudicó a Rodrigo Torrijos en las elecciones municipales de 2011, que perdió tras ostentar el poder en coalición con el PSOE, y que aupó como alcalde sevillano al exministro Juan Ignacio Zoido, denunciante del caso Mercasevilla.

Tras la prolongada instrucción y una gradual rebaja de la gravedad de las imputaciones, Alaya remitió a juicio el caso del supuesto amaño del concurso público para la venta de suelos de la lonja municipal Mercasevilla. En 2017 la Fiscalía pidió para Rodrigo Torrijos dos años de cárcel por prevaricación, pero el Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla le absolvió junto a otros nueve imputados y subrayó en su sentencia que no apreciaba “meros indicios delictivos”. Anticorrupción eludió recurrir el fallo.