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El Gobierno vasco pide acercar a 330 presos a cárceles de Euskadi por la crisis del coronavirus

Jonan Fernández dice por carta a Sánchez que los familiares de estos reclusos llevan tres meses sin poder visitarles

Familiares de presos de ETA se manifiestan en San Sebastián.
Familiares de presos de ETA se manifiestan en San Sebastián.Javier Hernández
Mikel Ormazabal

El Gobierno vasco ha pedido por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ordene el acercamiento a cárceles de Euskadi de todos los presos vascos o que tengan arraigo familiar en esta comunidad autónoma —330 en total, de los que más de la mitad son de ETA— con el fin de evitar que sus familiares y allegados tengan que desplazarse todas las semanas para visitarlos en la actual situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus.

El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha justificado esta petición alegando razones sanitarias. En una entrevista a Radio Euskadi, ha afirmado que la petición se ha realizado por escrito en sendas cartas enviadas a Sánchez el pasado 27 de abril y el 14 de mayo: "Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita”, ha indicado. Del total de reclusos, la plataforma de familiares de presos de ETA Etxerat tiene contabilizados algo más de 200.

Jonan Fernández ha querido aclarar que no se está refiriendo exclusivamente a los presos vinculados a ETA, sino a “cualquier preso”: “Lo que hemos planteado al Gobierno español es que lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de su comunidad autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecientan el riesgo de contagio y de diseminación de contactos” por todo el territorio nacional.

El responsable de Derechos Humanos del Ejecutivo de Urkullu ha afirmado este martes que los familiares de los presos “llevan tres meses sin poder disfrutar del derecho de visita”. “Da igual de dónde sean o qué delito hayan cometido. Ya sería cuestionable en un contexto normal; ahora, en un contexto de pandemia y pospandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública” que se produzcan desplazamientos por toda la geografía española para visitar a los reclusos: “No es deseable, no es aconsejable e implica riesgos para la salud pública, no solo de las familias de los presos que tienen que desplazarse, sino también, incluso, para el personal de instituciones penitenciarias”.

El asesor de Urkullu ha opinado que la crisis sanitaria “se va a prolongar durante los próximos meses" y podría alargarse durante “el próximo año y medio”, por lo que mantener a los presos alejados de las cárceles vascas es, a su juicio, "totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública”.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha calificado de “indecente” la conducta del Gobierno vasco, al que acusa de “aprovechar la excepcionalidad de una crisis sanitaria sin precedentes provocada por la covid-19 para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos y de cerca de un centenar de presos comunes”.

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Este colectivo ha tachado de “inaceptable” el comportamiento del Ejecutivo autonómico porque hasta ahora, “cuando exigía el acercamiento de los presos vascos a cárceles de Euskadi solo se refiriese a los reclusos de ETA”.

En cambio, EH Bildu ha dado la bienvenida a la propuesta para acercar a los presos, aunque considera que esta “llega tarde” y espera que vaya “acompañada de hechos concretos”. En un comunicado, la formación soberanista confía en que “se den pasos decididos para resolver la situación que viven presos y familiares”.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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