Muere por coronavirus Juan Cotino, exdirector de la Policía Nacional y antiguo dirigente del PP

Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat valenciana con el PP, ha fallecido a los 70 años tras permanecer varios días en la UCI del hospital de Manises aquejado de Covid-19. De dilatada trayectoria política, Cotino fue director general de la Policía Nacional durante el Gobierno de José María Aznar y uno de los dirigentes conservadores más importantes de la Comunidad Valenciana desde la Transición. El que fuera varias veces consejero en el Gobierno valenciano, durante el mandato de su amigo Francisco Camps, y presidente de las Cortes valencianas, viajó a Madrid el pasado 8 de marzo para asistir como procesado al juicio abierto por la Audiencia Nacional de una de las piezas de la trama Gürtel, en concreto, la relativa al presunto amaño de los contratos con la televisión valenciana Canal 9 con motivo de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en 2006. A los pocos días, y ya suspendido el juicio por la declaración del estado de alarma, Cotino se sintió mal. Al principio se le diagnosticó una gripe, pero el 22 de marzo dio positivo en el test del coronavirus e ingresó en la UCI y, aunque parecía que respondía a los tratamientos, finalmente este lunes se ha anunciado su fallecimiento.

Nacido en la población valenciana de Xirivella en 1950, Cotino se inició en la política en las filas de la UCD, en los años de la Transición. Pero pronto cambió las siglas por las del partido de su estrecha amiga, la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fallecida en 2016, quien lo nombró concejal en el Ayuntamiento. Desde entonces su carrera política no dejó de ascender hasta convertirse en una persona clave en el PP valenciano, con buenos contactos con la dirección popular en Madrid. No en vano, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lo nombró director general de la Policía en 1996, cargo que desempeñó seis años hasta que fue designado delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Su carrera discurrió entonces por los cauces de la política autonómica. Soltero, valencianohablante, procedente de una familia de empresarios agrícolas, miembro del Opus Dei, se ganó fama de ser una persona próxima a las tradiciones autóctonas y al pueblo. Su nombre, no obstante, desbordó de nuevo las fronteras locales cuando fue acusado por familiares de las víctimas del accidente del metro, que segó la vida a 43 personas en 2006, de haberles ofrecido puestos de trabajo a cambio de silencio. El lo negó, pero su imagen nunca se recuperó de aquel programa televisivo en el que el periodista Jordi Évole le perseguía preguntándole por su actuación en el accidente del metro, mientras él intentaba rehuir sin contestar a las preguntas. Además, empezaron a aflorar los escándalos vinculados con los intereses empresariales de su familia, en particular de su sobrino, Vicente, implicado en varios casos, desde Gürtel hasta el que ha llevado a Eduardo Zaplana a estar investigado por el supuesto cobro de comisiones cuando era presidente de la Generalitat con el PP, un periodo que abarcó entre 1995 y 2002. Hace unos seis años, Cotino dejó la política activa y se dedicó al mundo de la empresa.

El pasado 12 de marzo, prestó declaración en la Audiencia Nacional por la visita del Papa. Él, que hizo ostentación del crucifijo y de la Biblia en su juramento como presidente de las Cortes valencianas, que nunca ocultó su sentimiento religioso católico y sus buenas relaciones con la curia, fue señalado por una batería de acusados de ser uno de los principales urdidores de la operación fraudulenta durante la visita a Valencia de Benedicto XVI. Aunque el exvicepresidente autonómico se desvinculó y dijo que no supo nada de la existencia de las empresas de Francisco Correa hasta que se levantó el secreto de sumario, el hombre fuerte del jefe de la trama en la Comunidad Valenciana (Álvaro Pérez, alias El Bigotes) apuntó a él sin paliativos: “Cotino lo llevaba absolutamente todo [de la organización de la visita del Papa]. La última palabra en todo la tenía él”.

Esa declaración refuerza la tesis de la Fiscalía, que pedía 11 años de cárcel para él por “impulsar activamente" y “gestionar de facto” la contratación irregular de grandes pantallas y de la sonorización para la retransmisión de la visita del Papa. Se inflaron los precios con un sobrecoste cercano a los 3,5 millones de euros, que se repartieron entre los cabecillas de la Gürtel y otros acusados, como el exdirector general de Canal 9, Pedro García. Con su muerte, esta petición de pena decae, pero habrá que ver ahora cómo influye su fallecimiento en las estrategias del resto de defensas, algunas de las cuales también habían apuntado a Francisco Camps, expresidente autonómico. La vista oral se suspendió el pasado marzo tras desatarse la crisis del coronavirus.

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