Juicios aplazados, límite de aforo y bodas sin invitados

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de dejar en manos de los jueces la suspensión de las vistas no urgentes en las zonas más afectadas por el coronavirus desembocó este jueves en un aluvión de escritos firmados por los titulares de juzgados de toda la Comunidad de Madrid comunicando la paralización de su actividad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid envió a los jueces el miércoles un correo con un modelo de formulario, el título que debían poner al mensaje para facilitar su canalización (“solicitud de suspensión covid-19”) y la dirección a la que debía mandarse. Esa noche empezaron a llegar las solicitudes y por la mañana los funcionarios encargados de gestionar la cuenta no daban abasto. Según los datos facilitados por el tribunal, 430 de los 540 juzgados y tribunales de Madrid han tramitado este jueves peticiones para suspender las vistas programadas. De ellas, 203 ya han sido autorizadas.

La mayor parte de las peticiones fueron avaladas, aunque el presidente devolvió algunas que se limitaban a informar del fin de toda su actividad, sin concretar si se mantenían los servicios de guardia y procedimientos urgentes que el CGPJ no ha autorizado a suspender. “No se cierra el juzgado”, afirman fuentes del tribunal. Los únicos juzgados que cuentan con autorización de cierre son el de Instrucción 32 y el 77 de Madrid, donde dos funcionarios han dado positivo en coronavirus. “Es una cuestión de salud pública. Nosotros somos un caso excepcional porque, de momento, somos el único juzgado [hasta este miércoles] donde un funcionario ha dado positivo. Nos encontramos bien, pero somos conscientes de que somos un foco”, explica la titular del juzgado, Rosa María Freire. El cierre, autorizado por el tribunal superior, se prolongará 15 días.

Freire critica la falta de “valentía” del Consejo General del Poder Judicial para adoptar antes medidas más contundentes. “Lo han dejado todo a criterio de los jueces y nosotros no somos expertos en salud pública”, señala. Es la opinión generalizada. “La decisión de suspender la actividad tenía que haberla tomado el Consejo”, afirma el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14 de la capital, que comunicó la paralización de su actividad. Los 34 juzgados de lo Contencioso acordaron por unanimidad hacer lo mismo.

Cada uno de estos juzgados tiene alrededor de 10 o 12 vistas a la semana y las que tenían que celebrarse estos días estaban señaladas, en su mayoría, desde hace al menos medio año, por lo que las consecuencias de este parón se arrastrarán durante meses.

Las asociaciones judiciales han criticado las directrices del Consejo General del Poder Judicial por considerar que generan “confusión”. Y algo de eso podía verse este jueves a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde el personal de seguridad, en virtud de un acuerdo de la juez decana, María Jesús del Barco, solo dejaba pasar a quien tuviera cita, En el Registro Civil solo atendían inscripciones de nacimiento, licencias de enterramiento y de matrimonio. Las bodas, sin invitados: solo pueden pasar los novios y los testigos.

Las medidas de prevención han llegado también a la Audiencia Nacional. La Sala de Gobierno decidió requerir al Ministerio de Justicia que le envíe los “medios materiales necesarios” para extremar las medidas de limpieza y desinfección. “Por lo que se deberán facilitar mascarillas, soluciones alcohólicas y cualquier material que refuerce las medidas de higiene”. Este órgano también ha pedido a los presidentes de las Salas de lo Penal, Contencioso y Social que “pongan en su conocimiento, a la mayor brevedad posible, los juicios y actuaciones judiciales que, a su entender, deben suspenderse”.

La medida tuvo efectos inmediatos. El juicio a los implicados en la trama Gürtel por el desvío de fondos públicos de la visita del Papa se ha suspendido hasta dentro de 29 días, mientras que la próxima sesión del juicio contra la antigua cúpula de los Mossos por su supuesta connivencia con el procés —que tiene al major Josep Lluís Trapero entre los procesados—, prevista para el 16 de marzo, se celebraría por videoconferencia.

El Tribunal Supremo, donde esta semana no había prevista ninguna vista pública, decidirá el próximo martes en una reunión extraordinaria de su Sala de Gobierno, como afronta la pandemia. Por ahora, según fuentes del tribunal, solo se han cancelado las dos visitas guiadas que suele recibir a diario el Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal. Además, algunos de los funcionarios han comenzado a solicitar al Ministerio de Justicia la tramitación de medidas que permitan flexibilizar su jornada laboral en cumplimiento de las instrucciones dadas por el departamento de Juan Carlos Campo.

El efecto de las directrices acordadas por el CGPJ para afrontar la pandemia se dejaron también notar ya este jueves en otras comunidades, aunque en menor medida que Madrid, donde se encuentra el principal foco del virus.

País Vasco. La actividad en los juzgados del País Vasco se desarrolló hasta este jueves “con normalidad”. En Vitoria, el principal foco de infección en esta región, los juicios y vistas se vienen celebrando conforme a lo previsto, asegura a este diario el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez. No obstante, la junta de jueces acordó el pasado jueces que, dada la actual “situación de emergencia general”, solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la suspensión preventiva con carácter general de todos los señalamientos no urgentes. "Por ahora no hemos tenido ninguna incidencia. Tampoco se ha diagnosticado ningún caso positivo entre los trabajadores” de los juzgados de Vitoria, afirma el juez decano.

En Bilbao, con una plantilla de 59 jueces, el panorama es similar. No se han cancelado señalamientos, señala Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. “La incidencia está siendo muy escasa, aunque ya hay jueces que se están mostrando partidarios de pedir la suspensión de juicios”, añade.

Andalucía. Los 15 juzgados de lo Penal de Sevilla fueron los primeros en pedir este miércoles la suspensión de los juicios orales al Tribunal Superior andaluz (TSJA) y al Poder Judicial. De momento, este jueves han celebrado sus vistas orales a puerta cerrada, sin público. “Acordamos suspender, pero hemos pasado la patata caliente al TSJA y al Poder Judicial”, explica David Candilejo, titular del Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla. Sobre la ausencia de público, que podría afectar al derecho a una audiencia pública, el magistrado aclara: “Los juicios se graban, no son secretos. Son públicos, no inmediatamente públicos, pero no habrá problema”. La posible suspensión está pendiente del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que debe decidir si rechaza o eleva al Poder Judicial el acuerdo de los 15 jueces sevillanos de lo Penal, a los que también se han unido los 11 de los Social. Todos denuncia la “notoria insalubridad” de las sedes judiciales.

El edificio Noga, que alberga estos juzgados, era un inmueble de oficinas y la Junta lo acondicionó como juzgados en 2011. A las 11.15 de este jueves, en el pasillo de la primera planta -de metro y medio de ancho y 30 de largo- había 17 personas, y casi ninguna de ellas guardaba la distancia de seguridad de un metro recomendada por las autoridades sanitarias y por el órgano de gobierno de los jueces El juez decano sevillano, Francisco Guerrero, retrata la difícil situación: “Los pasillos de espera están permanentemente aglomerados, son angostos y sin ventilación natural. Son ambientes cerrados donde las distancias no se guardan y por problemas de limpieza no había jabón ni toallas de papel, ni para funcionarios ni para el público. Hemos solicitado geles alcohólicos, no han llegado pero dicen que están al caer”.

A la sede judicial acceden entre 200 y 500 personas al día, entre las plantillas de funcionarios de la Fiscalía y 24 juzgados, que dos o tres días a la semana celebran juicios a los que acuden entre seis y 20 personas de media. Son 13 juzgados de lo Penal y 11 de lo Social, además del personal de seguridad y limpieza, que a menudo carece de jabón y papel higiénico debido a que la empresa concesionaria de la limpieza, Expertus, quebró el pasado diciembre. Los funcionarios aportan de su bolsillo el jabón. Fuentes de la Junta andaluza aseguran que tres meses después, hoy hay un principio de acuerdo con otra firma.

Mientras, Aurora García, titular del Juzgado 2 de lo Social y presidenta en Andalucía de la asociación Foro Judicial Independiente, critica las directrices remitidas por el Poder Judicial, que incluyen realizar los señalamientos “con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes”: “Esas instrucciones desconocen lo que es un juzgado, los señalamientos están hechos desde hace años, ¿qué hago? No puedo aplicar esa medida sobre que dejemos distancia entre los señalamientos, celebramos entre 10 y 12 juicios al día, con 15 minutos entre juicio y juicio”, replica la magistrada. Y añade: “Gestión de prevención, cero. No tenemos información y no hay uniformidad, el Consejo tendría que haber tomado las riendas del asunto. Sí hay mucha desinformación y mi competencia no es organizar esto”, se lamenta.

En la entrada del edificio, 12 testigos sin citación esperaban a mediodía a ser llamados por el juez, ya que la Guardia Civil no les ha permitido el acceso al interior. Solo tras mostrar la citación, los ciudadanos podían acceder a la sede judicial. Los agentes han comenzado a usar esta mañana guantes de plástico, pero no se han puesto las mascarillas enviadas por su escasa calidad, cuenta uno de ellos.

Comunidad Valenciana. La consejería de Justicia se reunio ayer con representantes del TSJ valenciano, de las audiencias provinciales, de los jueces, y de los fiscales y han acordado extremar las medidas para evitar el contagio del coronavirus. En los puntos de atención al público y en los juzgados de guardia se espaciarán las colas, con un metro de distancia entre las personas, y se instalarán mamparas de plástico, entre otras medidas

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, Pilar de la Oliva, acordó “la suspensión en todas las sede y dependencias judiciales de la Comunidad Valencianas de todas las visitas y actividades no jurisdiccionales que impliquen la presencia de miembros de colectivos o instituciones de cualquier tipo”. La medida comprende cualquier acto de carácter formativo, educativo o cultural como conferencias, cursos o visitas de escolares. La determinación se ha tomado siguiendo la instrucción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por su parte, Jaime Gil, portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, ha señalado a este periódico que, de momento, no le consta la anulación de ningún juicio programado ni de ningún señalamiento. Se siguen las recomendaciones de Fiscalía pero adaptadas a cada zona y en función del escenario de avance de la enfermedad. La Fiscalía de Menores sí que ha suspendido las citaciones a menores. Además, se ha suprimido las visitas programadas a centro de mayores y a centros penitenciarios.

Galicia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordó un nuevo aplazamiento de la declaración como testigos de cuatro empleados de Talgo en el momento del accidente de Angrois, que estaba prevista para este viernes. Las partes han pedido esta suspensión debido a que testigos y varios abogados tenían que viajar desde Madrid en plena crisis del coronavirus. Es la tercera vez que estas declaraciones se suspenden. Inicialmente estaban previstas para el 12 y el 13 de diciembre, posteriormente para el día 23 de enero y ahora tampoco podrán celebrarse el 13 de marzo.

Con información de Mikel Ormazabal, Javier Martín-Arroyo, Ferran Bono y Silvia R. Pontevedra.