El juez cierra la instrucción de la última pieza de Gürtel

Doce años después del inicio de la investigación judicial del caso Gürtel, el magistrado José de la Mata ha dictado este lunes el auto que cierra la instrucción de la última pieza que permanecía abierta. El juez de la Audiencia Nacional ha procesado a 21 implicados en la trama por la parte referente a la estructura diseñada para eludir pagos a Hacienda y ocultar “los recursos económicos ilícitamente obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas”. Esta decisión coincide con el inicio del juicio por el desvío de fondos públicos por la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, donde varios implicados en la red de corrupción han anunciado que colaborarán con la justicia y tirarán de la manta.

De la Mata deja, de nuevo, a un paso del banquillo a dos de los principales cabecillas del entramado: Francisco Correa, que llegó a cobrar más de 30 millones de euros en mordidas y defraudó 25 millones a la Agencia Tributaria; y Pablo Crespo. También procesa al “cerebro financiero” de la red de corrupción, José Ramón Blanco Balín; y a José Luis Ulibarri, un constructor y empresario de medios de Castilla y León. En cambio, el juez archiva las acusaciones contra otras 28 personas investigadas en esta pieza, entre ellas Arturo Fasana, gestor de fondos señalado también ahora en la investigación abierta en Suiza por gestionar la cuenta donde supuestamente Corinna Larsen recibió una donación que la alemana atribuye al rey emérito Juan Carlos I.

Según subraya el magistrado en su escrito, Correa creó y lideró desde 1999 a 2009 “un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el Partido Popular”. “La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos, tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión”, apostilla el juez.

Sobornos y blanqueo

Para ello, prosigue el auto, los imputados por la red de corrupción “crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública". También desviaron dinero al extranjero y emitieron facturas falsas para “opacar” los fondos obtenidos. Y ocultaron a Hacienda los ingresos ilícitos obtenidos, además de blanquearlos para volver a introducirlos en “la vida mercantil lícita”.

Para esta batería de irregularidad, además, se aprovecharon de la estrecha relación que mantenían con el PP. “El referido conglomerado empresarial se relacionaba con distintas Administraciones, participando en diversos concursos de adjudicación de contratos, singularmente (aunque no de modo exclusivo) en las comunidades de Madrid y Valencia”, escribe el magistrado sobre ambas autonomías, gobernadas entonces por el partido conservador. Las compañías de Correa también organizaron actos para el PP en “diversas campañas electorales”.