Los residuos que unos quieren y otros no
Vecinos y activistas de Nerva llevan años en pie de guerra contra un vertedero en los aledaños del río Tinto. Pero, hasta hoy, todas sus denuncias han sido archivadas.
A un lado, algunos ciudadanos del pueblo minero de Nerva (Huelva), que llevan 23 años reclamando su cierre. Al otro, y a 800 metros de distancia, un centro de residuos peligrosos e industriales de la compañía DSM al que sus opositores califican como el “retrete tóxico más grande de media Europa”. Desde el aire, es una mancha irregular gris de parcelas cubiertas con plástico y limitadas por filas de neumáticos, balsas y terrazas de decenas de metros de espesor.
A ras de tierra, el terreno cercano se convierte en una suerte de polvo lunar hecho de un fango oscuro. Es casi como andar en otro planeta. Y el agua marrón de la escorrentía que procede del complejo hace crecer un arroyo.
Esas aguas irán a parar al río Tinto, un paisaje protegido por la Junta de Andalucía. Investigadores del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA y la NASA han perforado allí para estudiar su microbiología y diseñar las futuras misiones espaciales que buscarán vida en Marte. Hay una propuesta de convertir el río Tinto en patrimonio de la humanidad. Está en el aire por la cercanía del vertedero.
La protección del Tinto es la segunda razón por la que Juan Romero, profesor de instituto y miembro de Ecologistas en Acción, se opuso allá por 1998. La más importante, dice, es la vida de la gente de Nerva y los pueblos cercanos. “No se puede instalar un centro de residuos tóxicos a 800 metros de donde viven personas”. Calcula que hay entre 8 y 10 millones de toneladas de residuos peligrosos de todo tipo, “excepto los radiactivos”. Su organización, asegura, ha comprobado que decenas de miles de toneladas de basura peligrosa han llegado desde Italia y Montenegro. Y lo más grave: los residuos no se tratan, se entierran, “como hacían los romanos”. Dice que los lixiviados de las lluvias acabarán, Tinto abajo, en el golfo de Cádiz y las playas de Huelva.
Pero es DSM quien ha ganado todos los pulsos legales. Un complejo así no se habría podido instalar tan cerca de un núcleo urbano bajo el antiguo reglamento del Gobierno del dictador Franco, que exigía una distancia mínima de dos kilómetros para cualquier instalación en la que se produjeran actividades insalubres, nocivas o peligrosas. Las denuncias sobre la cercanía, los tribunales las desestimaron al considerar que el centro es seguro. Otra denuncia sobre vertidos ilegales al Tinto fue archivada tras afirmarse que no se podía probar contaminación debido al elevado nivel de metales pesados que el río lleva en solución.
La capacidad de protesta en Nerva recae sobre una población envejecida, arguye Romero. Sospecha que hay planes para extender la vida del vertedero más allá de 2035, y lleva años reclamando que se hagan estudios epidemiológicos en la región para ver su presunto impacto en la salud. Silencio político como respuesta.
¿Se entierran sin más los residuos? ¿Por qué tan cerca de un núcleo urbano? “No tengo un punto de vista, tengo que cumplir una ley”, explica Nereida Pascual, directora del complejo DSM. “Dependiendo del tipo de residuos, tenemos que hacer unos tratamientos”. Unos “llevan a un vertido directo”, por “no existir alternativa”, mientras que otros “llevan un tratamiento previo al vertido”. Pascual afirma que el centro gestiona unas 250.000 toneladas al año procedentes de Andalucía, del resto de España y de otros puntos de Europa.
