5.000 megavatios en territorio wayuu

Cuatro de la mañana en una ranchería, en algún lugar de la zona norte extrema de la Alta Guajira entre Taroa y Nazareth. El putchipu (palabrero) Odilon Montiel saluda para hacer saber a las autoridades tradicionales que ya ha soñado, y que ha sido reconfortante. Es el momento y la hora en la que los wayuu —pueblo originario de la península de la Guajira, sobre el mar Caribe, que habita principalmente en un territorio entre Colombia y Venezuela— comparten sus sueños, interpretan sus mensajes y toman las decisiones que pueden marcar el devenir de sus familias o clanes. Es el momento solemne de la palabra en mayúsculas, la que no necesita más que ser pronunciada para convertirse en compromiso inquebrantable.

En ese instante el putchipu comparte con las autoridades tradicionales la situación que se avecina sobre la Alta Guajira, ese lugar al que ni siquiera José Arcadio Buendía llegó en sus 100 años de soledad; ese lugar al que únicamente se llega atravesando pistas de arena que solo los habitantes conocen; ese lugar santuario de todas las deidades de este pueblo nativo; ese lugar donde se encuentran los cementerios en los que se deben realizar tres enterramientos de cada cuerpo si se quiere que las almas vayan al Je’pira, el espacio sacro de las almas wayuu. En pleno 2020, este lugar funciona al ritmo que marcan los dioses y en donde la palabra y el respeto a las normas culturales se convierten en una cuestión de honor.

La situación no es nueva para los pueblos indígenas. Tampoco para el pueblo wayuu, que lleva 40 años sufriendo las barbaridades de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América. En los próximos cinco años se instalarán más de 5.000 megavatios de energía eólica y solar en los territorios originarios de este pueblo indígena. Un lugar que había logrado mantenerse intacto gracias a la incomunicación y la falta de carreteras. Energías renovables, sí, pero que para ser instaladas necesitarán transformar la región con infraestructuras que ahora no existen. Negocio, capital, capitalismo, símbolo del individualismo frente a una cultura cuya convivencia colectiva es el fundamento de la enseñanza y el sentido de la socialización. Este tipo de participación posee un conjunto económico, jurídico, social, político y moral, y es precisamente lo que caracteriza la manera particular de vida del pueblo wayuu.

Riohacha, capital de la Guajira, es un hervidero de ingenieros, ambientólogos, relacionistas comunitarios, gerentes sociales de todas esas empresas que se ganaron los contratos con el Gobierno. Las mismas empresas que todavía no han variado su forma de acercamiento hacia estos pueblos, y que dejan la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos para las ONG. Todos queriendo entrar a la región, instalar sus proyectos, pero sin querer entender el mundo que van a profanar de manera irremediable. Ni rastro de la acción de las organizaciones no gubernamentales en este proceso.

Mucho se habla actualmente de las alianzas estratégicas entre los diferentes actores, pero al parecer, en este caso cada uno ha decidido ir por libre. Las ONG no se comunican con las empresas y viceversa. ¿Quizás sería un buen momento para replantearse verdaderamente los nuevos tipos de actuaciones, donde ambos colaboren y aprendan los unos de los otros? ¿Quizás estos nuevos modelos de cooperación de los que tanto se habla basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en la responsabilidad social de las empresas o incluso en los beneficios compartidos? Aquí es donde realmente se aprecia la inutilidad de las nuevas agendas internacionales y los muchos retos que tienen por delante.

Otra figura que ronda estos días las rancherías son los asesores. Son individuos que se presentan ante las comunidades como defensores de los derechos de estos grupos, cuando los wayuu comienzan a negociar con las diferentes empresas compensaciones ante el impacto que tendrán sus acciones en los territorios. Algunos, antes del comienzo de las negociaciones entre empresas y comunidades, piden por adelantado dinero por sus servicios. No importa si después de las mismas las comunidades no hayan percibido nada porque ellos, los asesores, con su agenda paralela, habrán cobrado su plata. Otro ejercicio más del abuso.

Hay quienes reciben con los brazos abiertos a las empresas, quienes quieren paralizarlo y los que apuestan por el desarrollo pero de manera controlada

Entre el pueblo la situación es complicada. Hay quienes reciben con los brazos abiertos a las empresas, quienes quieren ejercer sus derechos en su totalidad y paralizarlo, y los que apuestan por el desarrollo, pero de manera controlada y garantizando el respeto de los derechos y la cultura propia.

Entre estos últimos, una organización, Wayuu Arairayu, lucha contra viento y marea para que las empresas que quieran llegar respeten el derecho a la consulta previa; respeten el derecho de propiedad sobre tierras, territorios y recursos que tienen los pueblos indígenas; respeten los derechos de autonomía y autogobierno; cumplan con la debida diligencia en derechos humanos; se comprometan a remediar los impactos negativos en derechos humanos y asuman nuevos modelos de negocios basados en la participación en beneficios de las comunidades indígenas.

Una lucha desigual, titánica, en cierto modo poética, que debe enfrentarse a todo tipo de actores interesados en todo menos en el beneficio de las comunidades.

Adriana Ciriza y Mikel Berraondo son expertos en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y Empresas, en el Departamento de Innovación Social de Zabala Innovation Consulting

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