¿Despedido por vestir con túnica?
Un educador social de un centro de menores andaluz explica sus razones para denunciar a la fundación para la que trabajaba por echarle supuestamente a causa de su vestimenta. El juicio se celebra la semana que viene
En esta ocasión me he animado a escribir un artículo más personal basado en mi experiencia laboral más reciente. Hace unos meses decidí, junto con mi esposa, mudarme a Andalucía. Llevo más de tres años implicado profesionalmente en el tercer sector y más de siete años haciéndolo a través de voluntariado y colaboración, y nunca he sufrido la discriminación laboral y social que he vivido en esta comunidad autónoma. Me centraré en la laboral ya que, a mi parecer, supone una violación de los derechos fundamentales de las personas.
Hace unos seis meses aproximadamente tuve una entrevista con el director de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados ubicado en la provincia de Córdoba. Este centro estaba gestionado por la Fundación SAMU, muy presente en la gestión de este tipo de recursos en la autonomía. En la entrevista, como siempre he hecho, fui claro y transparente y mostré especial atención en aclarar mi forma de vestir, con túnica, para evitar sorpresas. El director me comunicó que en el centro se iba a trabajar con uniformes, pero podía utilizar mi vestimenta hasta quellegasen.
Durante los primeros meses realicé mi labor como siempre he hecho, poniendo a los menores en el centro de mis intervenciones: enseñándoles a cocinar, a dibujar, a jugar a futbol, a reparar algunas cosas de los vehículos, a convivir y a respetar a los demás, sean iguales o diferentes por razón de origen, religión, sexo u orientación sexual. Pasados dos meses, la empresa sustituyó al director. La nueva dirección venía de un centro que la Junta cerró a la empresa en Motril, y la dinámica cambió exponencialmente: se modificaron los equipos, los horarios de trabajo y algunas otras cosas. Le solicité una reunión y le comuniqué que no estaba cómodo con las novedades, ya que no fomentaban una rutina de trabajo clara y ello nos repercutía en no tener una rotación de turnos normal (a veces tocaba hacer un turno dos semanas seguidas o más). Su respuesta fue que esta era su forma de trabajar y la más idónea para formar un equipo. Lo respeté y seguí como uno más, intentado educar a los más de 20 menores que albergaba nuestro centro.
Pasados otros dos meses, un día de trabajo coincidí con la directora y me pidió hablar. Me senté y me pidió cambiar mi vestimenta. Las razones que me dio fueron que esta dificultaba la integración de los menores y que no podía ir contra las normas que se les imponían. Abro un paréntesis: esta fundación tiene unas normas de convivencia dirigidas a los menores y, básicamente, giran en torno al aspecto y la apariencia física: no llevar gorra o gorro en el centro, no ir sin camiseta, no llevar cascos, no hacerse cortes de pelo diferentes a lo “normal”... No cumplir estas reglas suponía una consecuencia para los internos que acababa repercutiendo casi siempre en su paga semanal o en su derecho de utilizar su móvil personal.
Al parecer, días antes a la reunión, un menor quería salir de paseo con una túnica y fue recriminado. Por ello entendían que no podían permitir a un trabajador vestir con túnica y a un menor no. Le aclaré dos puntos muy importantes: primero que, a diferencia de aquel menor que pretendía salir con una túnica como un accesorio, mi vestimenta forma parte de mi identidad e imagen personal. El segundo punto que le expliqué fue que la integración, reconocida a nivel internacional, supone el respeto mutuo de la forma de vida, vestimenta, creencia, ideología, orientación sexual y otros valores. Por tanto, pedirme que me quitase la túnica no forma parte de la integración sino de la asimilación más propia de países que no respetan la libertad religiosa y, por tanto, la libertad de imagen.
Pedirme que me quitase la túnica no forma parte de la integración sino de la asimilación más propia de países que no respetan la libertad religiosa
La directora me avisó de que ella me transmitía el mensaje con buenas palabras; en cambio, cuando viniera el responsable del área de menores de la fundación me lo diría con peores maneras. Le comuniqué que mi respuesta iba a ser la misma para ella que para el responsable, ya que no estoy cometiendo ninguna falta ni incumpliendo ninguna norma de trabajo. En ningún momento me opongo a vestir el uniforme de la empresa, pero, mientras que no haya, no voy a ser el único trabajador al que se le van a imponer normas de vestimenta. A todo esto, hay que aclarar que cuando tenía que impartir alguna clase o participar en actividades deportivas me cambiaba de ropa.
El tema quedó allí, y a los días me enteré los responsables del área del menor de la Junta de Andalucía y el responsable del área del menor de la fundación tenían programada una visita al centro. Así, todo queda más que claro: la intención de la empresa era que los responsables de la Junta no viesen a un trabajador vistiendo libremente (aunque para ellos el término apropiado sea “incorrectamente”). La noticia de la visita cambió radicalmente la dinámica del centro, pues los internos se dedicaban la mayor parte del día a limpiar, decorar y volver a limpiar, ya que de la visita de la Junta dependía la continuación del centro y su futuro traslado a otro pueblo (ver artículo sobre manifestación contra centro de menores en Lucena). Los menores se quejaban, pero no había alternativa: o se seguía la dinámica o se imponían las consecuencias oportunas. Se compraron muebles nuevos, se tiraron trastos viejos, compraron ventiladores para las habitaciones… Y un largo etcétera. Se hizo en una semana lo que no se había hecho en meses.
Pasada una semana de la petición de la directora de cambiar mi forma de vestir y un día antes de la visita, el responsable provincial de la fundación visitó el centro para ultimar las cosas pendientes y comprar los últimos artículos decorativos. Ese día estuve ayudando en la limpieza de espacios y reparando pequeños desperfectos en las instalaciones. Al final de la mañana, y siguiendo con la dinámica de preparación para la visita, se programó un traslado de ocho menores a otro centro.
Cuando acabé mi turno me llamó la directora para hablar conmigo con la presencia del responsable provincial. Me notificaron mi despido ya que, según sus palabras, habían observado anomalías en mi trabajo desde que comenzó la nueva dirección. Les pregunté cuáles eran esas anomalías y no obtuve respuesta, más bien un largo silencio. Entonces ante la falta de comunicación me despedí de los chicos y me marché. Durante el trayecto a casa no me quitaba la idea de la razón del despido: ¿en serio una fundación que se dedica a la atención de inmigrantes me ha despedido por llevar una prenda? ¿son tan incompetentes y racistas para no ver el trabajo que hago diariamente con los menores? Los días siguientes fueron duros, y la razón no era el despido, sino más bien los motivos del mismo. No podía entenderlo. Recibí una llamada de un compañero de trabajo que tampoco comprendía nada…Y sus palabras concluyeron de la siguiente manera: así es esta fundación.
Me notificaron mi despido ya que, dijeron, habían observado anomalías en mi trabajo desde que comenzó la nueva dirección
Cuando me encontré mejor busqué orientación para solicitar una conciliación con el fin de que la empresa reconociera su error y pidiese las oportunas disculpas. La empresa no se presentó. Solicité una segunda conciliación añadiendo la dirección de las oficinas centrales de la misma, y tampoco se presentaron. Hice uso de mi último recurso para solucionar el conflicto llamando al responsable provincial, que fue la persona que firmó el despido. Después de varios días intentando contactar con él, al fin me cogió el teléfono, pero tan solo informarme de que no tenía nada que hablar conmigo y que, en caso de necesitar algo, me dirigiese al servicio jurídico de la empresa.
Ante esta falta de interés por solucionar este conflicto me dirigí a un servicio jurídico, pero esta vez para denunciar a la empresa por la vulneración el derecho fundamental a la libertad religiosa. Estamos a esperas de juicio.
Sé que muchos pensaréis que la conducta de la empresa es correcta pero, también, sé que muchos pensaréis que hay que salvaguardar los derechos fundamentales sea de quien sea. Mi participación en esta lucha no se debe solo a intereses personales, más bien está motivada por la determinación de acabar con todo tipo de discriminación en los puestos de trabajo.
La respuesta de la Fundación
Antes de la publicación de este artículo, EL PAÍS se puso en contacto con la Fundación SAMU para ofrecer la oportunidad de explicarse o dar una respuesta. La ONG, que mostró buena disposición, leyó el texto y envió estas líneas por correo electrónico desde su departamento de comunicación:
"En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacerte llegar nuestra réplica. En segundo lugar, te la traslado: La Fundación SAMU desmiente las conclusiones sobre su despido que pretende deducir el trabajador, al tiempo que manifiesta su más absoluto respeto por cualquier opción religiosa y sus manifestaciones".
