Vandalismo institucional

Esos que tanto hablan de no remover el pasado con huesos y muertos, que dicen que exhumar al dictador genocida “no aporta nada al debate” (a qué debate se refieren es un misterio), esos que violan constantemente la Ley de Memoria Histórica, esos mismos deciden retirar (y con ello destruir) del cementerio madrileño de La Almudena las placas con los nombres de los allí fusilados entre 1939 y 1944. Fíjense bien en las fechas, es importante. Estas víctimas no son ni siquiera fusilados durante la contienda, sino durante la purga genocida que comenzó con la victoria franquista del 39. PP y Ciudadanos justifican la decisión interpretando de forma torticera la recomendación del extinto Comisionado de Memoria Histórica, un ente que respondía ante la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, la cual fue suprimida por el nuevo Ayuntamiento, con lo que se puso fin a las políticas de memoria para las víctimas del franquismo iniciadas por el equipo de Manuela Carmena. El Comisionado proponía “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. Así que insisto: los fusilamientos se dieron en el periodo posbélico. Ahora, dicen desde el Ayuntamiento, se va a unificar “el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos”. Así, pretenden reconocer a aquellos que ya estuvieron glorificados durante 40 años de dictadura junto con los que fueron asesinados tras juicios infames, sus familias vejadas y condenadas a la pobreza o el exilio, sus bienes confiscados. Esos que decían que el pasado no importa planean continuar con la venganza y la humillación de las víctimas del franquismo. A eso llaman ellos normalizar la memoria.

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Pero normalizar la memoria es algo muy diferente. Normalizar la memoria significa primero superar el trauma de la violencia pasada y sus herencias. Convertir ese trauma en una narrativa de memoria que no incida en el dolor, la humillación, el deseo de venganza, la sensación de pérdida irreparable por parte de las víctimas y sus descendientes requiere un gran ejercicio ético y un compromiso de no repetición por parte de los causantes del daño. Los herederos del régimen franquista (tanto ideológicos como económicos) son los principales responsables de que la normalización se produzca. Las personas que defendemos una democracia sin rémoras del pasado dictatorial llevamos años haciendo ese trabajo (cada cual con sus herramientas) que es, lo repito por enésima vez, potenciar la memoria de aquellas víctimas que no tuvieron el proceso debido de memoria, justicia y reparación e intentar, en la medida de lo posible, que ese proceso ocurra. Esta lucha no es partidista, no es revanchista, no falsea la historia. Es pura y simplemente una reivindicación de la justicia. Las víctimas y sus descendientes a veces se resisten al olvido que supone la normalización porque creen que así se otorga el perdón a quien ha cometido el crimen. Se limpian las culpas del criminal porque se considera que ya están pagadas, y lo están porque la justicia ha hecho su trabajo (con cárcel, reparaciones o reconocimientos públicos de responsabilidad, según el caso). Pero cuando los que han cometido el crimen o se han beneficiado de él, cuando sus herederos creen que esos crímenes estaban justificados, no darán ningún paso para la normalización porque creerán que nada hay que perdonarles. Eso sí, seguirán trabajando para que creamos que es normal un país en el que hay más de 100.000 víctimas en las cunetas y cuyas políticas de memoria consisten en ejercer aún más violencia contra su memoria y sus familiares. Un país en el que el Ayuntamiento de su capital vandaliza placas de víctimas en un cementerio.