Invertir en verde

NEUTRALIZAR los efectos de la emergencia climática, más allá de los compromisos personales, obliga a las empresas a ser protagonistas de un cambio profundo en sus procesos de producción, distribución y transporte hacia otros menos intensivos en la generación de emisiones de dióxido de carbono, en el aprovechamiento de los residuos o en la dotación de mayor eficiencia energética en todo tipo de edificaciones. El cambio exige también aumentar la capacidad de generación energética verdaderamente verde, las infraestructuras y la I+D específica.

Todo ello requiere inversión, asignar recursos financieros a esas finalidades concretas. Ese es el territorio de las denominadas finanzas verdes. Y esta coloreada especificación no solo refuerza el compromiso en la finalidad y su transparencia, sino que permite diferenciarlas de otras modalidades de financiación destinadas a propósitos más amplios que suelen incluir objetivos de sostenibilidad social.

El conjunto de la financiación con etiqueta verde no ha dejado de crecer en los últimos años. Y dentro de ella, los bonos, aquellos cuyos ingresos se dedican a financiar proyectos con un impacto medioambiental favorable, son los que han conseguido una mayor proyección. Según la Climate Bonds Initiative (CBI), una organización sin fines de lucro centrada en los inversores, en los ocho primeros meses de 2019 la emisión global de bonos verdes llegó a los 150.000 millones de dólares y para el conjunto de este año se estima que superará los 250.000 millones, un 50% más que el anterior. Son cifras importantes si se tiene en cuenta la relativa juventud de ese segmento del mercado, y significativamente, porque este ascenso se ha hecho sin apenas regulación específica.

Las empresas e instituciones españolas están entre las más activas en esos mercados. En nuestro país, el emisor pionero y el más activo es Iberdrola, en el mercado desde 2014, y año tras año, el principal captador de recursos para esos fines. Entre las entidades bancarias destaca el BBVA, pero también observamos algunas comunidades autónomas, como Madrid, y Ayuntamientos, como el de Barcelona. El saldo vivo hoy de bonos verdes y sostenibles de emisores españoles supera los 20.000 millones de euros. En la buena dirección apunta la iniciativa del conjunto de las agrupaciones empresariales de entidades financieras (AEB, CECA, UNACC, UNESPA, INVERCO) para constituir el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España (Finresp).

Las emisiones de bonos verdes tienden a ser muy bien calificadas por las agencias de rating

Estas cifras revelan que cada vez más empresas y entidades financieras asumen que es posible “romper la tragedia del horizonte” a la que se refirió Mark Carney, presidente del Financial Stability Board y gobernador del Banco de Inglaterra, cuando en 2015 alertó del riesgo que el cambio climático supone para la prosperidad a largo plazo. Carney señalaba que el cortoplacismo dominante en la gestión de muchas empresas y la falta de incentivos bloqueaban las decisiones para neutralizar los riesgos y costes futuros del cambio climático. Ahora, las acciones concretas para contribuir a evitar esa “tragedia” empiezan a demostrar su rentabilidad económica y reputacional.

La mayoría de las emisiones de bonos verdes tienden a ser muy bien calificadas por las agencias de rating, al igual que su recepción por los mercados: su precio suele fijarse con una prima en la emisión con relación a los bonos convencionales, y su cotización en el mercado secundario ha sido similar a los demás. Los gestores de estos bonos cada vez están más especializados.

Pero para que esas señales favorables se consoliden será necesario que los supervisores financieros no se limiten a alertar sobre la asunción de riesgos climáticos, sino que contribuyan directamente a la legitimación de esos instrumentos verdes. Importante sería, por ejemplo, que el BCE, como ha sugerido su próxima presidenta, Christine Lagarde, se comprometa más en la adquisición de bonos verdes en el contexto de su programa de compra de activos, incluso discriminando positivamente en sus criterios de elegibilidad de instrumentos.

La Unión Europea también debe ser consciente de que intensificar hoy la inversión en la transición climática contribuiría a paliar la desaceleración del crecimiento, mediante el fortalecimiento de la productividad y del empleo. Cuenta con la complicidad de las condiciones vigentes en los mercados financieros: con tipos de interés históricamente reducidos es difícil de justificar la inacción.

Saludar el ascenso de las finanzas verdes, al igual que las crecientes preferencias de los ahorradores por elegir entidades responsables, son condiciones necesarias para que las empresas asuman sin la más mínima duda la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades. Ello requiere adaptaciones en los sistemas financieros, como ha sugerido recientemente el propio FMI, en la dirección de adecuar los activos y los mercados financieros para que reflejen de forma más completa los riesgos medioambientales, y también los beneficios a largo plazo de su mitigación.

Con todo, las respuestas a la crisis climática no pueden venir únicamente de las finanzas. Los Acuerdos de París no se están cumpliendo. Las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, el precio del carbono sigue lo suficientemente bajo como para reducir los incentivos al abandono del carbón y otras energías fósiles. Será necesario que, junto a esas actuaciones de algunas empresas y operadores financieros, se desplieguen con igual o mayor intensidad políticas públicas no estrictamente financieras en el seno de los países y, desde luego, en la UE. 

EL PAÍS forma parte de Covering Climate Now, una iniciativa global de más de 220 medios de comunicación enfocada a poner atención en la crisis climática.