Construir la paz es más difícil que silenciar los fusiles

Las elecciones de 2018 fueron la mejor prueba de los cambios que hoy vive Colombia. Hubo elecciones de congresistas, primera vuelta presidencial y segunda vuelta presidencial, y todas se caracterizaron por su seguridad, su transparencia, su tranquilidad y su buena participación. Por primera vez en mucho tiempo, en todo el territorio, no tuvimos que trasladar de lugar ninguna mesa de votación por razones de seguridad.

Las FARC, ya convertidas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, presentaron listas al Congreso y sacaron una votación de algo más de 85.000 votos para Senado y Cámara, que no les alcanzó para elegir ningún congresista, aunque tienen garantizadas 10 curules —5 en Senado y 5 en Cámara— por los próximos dos periodos. Pero lo más impactante fue ver a sus antiguos comandantes, como Timochenko, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, ejerciendo su derecho al voto, muchos por primera vez en su vida, como cualquier ciudadano.

El 20 de julio de 2018, al dar mi discurso de instalación de las sesiones del nuevo Congreso de la República, y contemplar desde la tarima principal el Salón Elíptico abarrotado por los senadores y representantes que dictarán las leyes en los siguientes cuatro años, no pude menos que alegrarme al ver el fortalecimiento y enriquecimiento de nuestra democracia. El Congreso de 2018 ya no es el Congreso de hace unas décadas, cuando liberales y conservadores se dividían el poder y la burocracia. Ahora están representados una decena de partidos, de diversas tendencias, incluido el partido FARC.

Allí estaban sentados, como congresistas, los antiguos comandantes de esa guerrilla, respondiendo el llamado a lista, a pocos pasos del expresidente Uribe, que no los miraba —como tampoco me miraba a mí—, aferrado a su celular. Allí estaba el senador Gustavo Petro, desmovilizado del M-19 y segundo en las últimas elecciones presidenciales, que tiene su curul gracias al estatuto de la oposición que el acuerdo nos llevó a aprobar. (…)

Se acabó y se desarmó la más antigua y más fuerte guerrilla del continente americano, pero subsisten focos de violencia

Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, construir la paz es más difícil que silenciar los fusiles. Construir la paz es como edificar una catedral. Hay que hacerlo ladrillo por ladrillo, columna por columna, vitral por vitral, en un proceso que puede tomar años o décadas, pero que al final concluye en una obra maravillosa y duradera.

Faltan por aprobar algunas leyes importantes para el cabal cumplimiento del acuerdo, como las que tocan el tema de tierras e implementan, en general, el capítulo de desarrollo rural integral. También el Congreso sigue en deuda con las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto, que esperan la creación de las circunscripciones especiales transitorias que les garantiza unas curules en la Cámara de Representantes. Tengo la esperanza de que el Gobierno y los congresistas —muchos de los cuales están comprometidos sinceramente con la paz— honren la palabra empeñada del Estado en estas tareas pendientes. (…)

Muchos se desilusionan al constatar que, a pesar del acuerdo logrado con las FARC, la violencia continúa en algunas zonas del país. Siempre lo supimos y así lo dijimos: el fin del conflicto con las FARC era un paso indispensable para la paz del país, pero no era la paz total. Se acabó y se desarmó la más antigua y más fuerte guerrilla del continente americano, pero subsisten focos de violencia generados por organizaciones criminales al servicio del narcotráfico; algunos desertores de las FARC que no se acogieron al proceso, a quienes ya no puede considerarse guerrilleros sino simples narcotraficantes, y la guerrilla —mucho más pequeña y focalizada— del ELN, que está perdiendo el tren de la paz por persistir en el terrorismo.

Preocupan, de manera particular, los continuos asesinatos de líderes sociales y comunales, en los que pesa mucho la resistencia de los ocupantes ilegítimos de tierras a devolverlas a quienes fueron despojados de ellas, así como los carteles de narcotraficantes preocupados con la sustitución de cultivos porque se quedan sin materia prima. El Gobierno, la Fiscalía y la fuerza pública deben volcar todos sus esfuerzos para poner fin a este desangre y llevar a la justicia a los responsables.

Desde febrero de 2017 instalé —y la convoqué luego en varias oportunidades— la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente de la república, donde concurren entidades estatales con representantes de las FARC desmovilizadas, y organizaciones internacionales y de derechos humanos. El nuevo Gobierno no la convocó durante sus primeros cinco meses de gestión, a pesar de que seguían matando líderes, y solo decidió hacerlo en enero de 2019. Tampoco ha utilizado o puesto en marcha herramientas que dejamos creadas en varios decretos para combatir este flagelo, por ejemplo la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que también debe estar presidida por el primer mandatario. Ojalá se corrijan estas omisiones y se pueda frenar esta dolorosa situación, para lo cual se requiere, por supuesto, del liderazgo personal del presidente.

Detrás de la violencia, como ha ocurrido en las últimas cuatro décadas, está el oscuro negocio del narcotráfico y la fallida estrategia de la llamada guerra mundial contra las drogas. Mientras este negocio multinacional siga ofreciendo las cuantiosas utilidades que hoy genera —en gran parte por su prohibición—, habrá criminales involucrados en él, sembrando muerte y corrupción a su paso. Se cumplió en 2018 con la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que dejamos planteada y en pleno desarrollo: las Fuerzas Armadas erradicaron manualmente 60.016 hectáreas y se sustituyeron por cultivos lícitos, en cumplimiento de acuerdos con las familias cocaleras, otras 27.555 hectáreas, para un total de 87.571 hectáreas de coca erradicadas, prácticamente la mitad de los cultivos ilícitos identificados en 2017 por el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas. Así nos acercamos en solo un año a cumplir con la meta que se había acordado con Estados Unidos desde comienzos de 2018 para cinco años: la reducción del 50% de los cultivos ilícitos.

Colombia sigue dando la batalla contra las drogas —con zanahoria y garrote—, pero esta guerra no terminará en tanto el mundo no se comprometa con una revisión y cambio de la estrategia para combatir este flagelo.

Juan Manuel Santos ocupó la presidencia de Colombia de 2010 a 2018 y en 2016 recibió el Premio Nobel de la Paz. Este extracto forma parte de sus memorias, ‘La batalla por la paz’, publicadas por Península a partir del 26 de marzo.