Cannabis, el negocio millonario que apunta a convertirse en el pelotazo del siglo

UNO SE HABÍA fumado algún porro. Como Bill Clinton. Incluso se había tragado el humo. Como Barack Obama (y otros cuatro millones de personas en España). Pero no sabía nada del cannabis. Que se cultiva hace más de 4.000 años. Crece en todo el planeta. Se usó en medicina hasta bien entrado el siglo XX. La Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU (la biblia de la prohibición de drogas) lo situó en 1961 en el mismo nivel de peligrosidad que la heroína. Y se compone de un centenar de sustancias, los cannabinoides, la mayoría inexplorados por la ciencia. Décadas de estigmatización de esta planta han hecho que apenas se haya estudiado químicamente, al contrario que los opioides, cuyo uso medicinal se ha disparado en Estados Unidos, originando una cadena de adicciones, una epidemia (y una burbuja farmacéutica) que provoca 60.000 muertos al año. Más que la guerra de Vietnam.

Hoy, paradójicamente, algunos de los equipos más punteros del estudio del cannabis en el mundo se encuentran en España, donde, por contra, su uso medicinal y lúdico está prohibido. Y ni el Gobierno saliente ni los anteriores han dado nunca la menor muestra de pretender regularlo. Jamás ha habido una masa crítica de presión política. Ni movilizaciones en la calle. Ni consenso social. Ni liderazgo. Una subcomisión parlamentaria propiciada por Ciudadanos y Podemos para promover su regulación ha agonizado en el Congreso antes de nacer. Y mientras, las cosas han comenzado a moverse a nivel mundial. La marihuana está saliendo del armario.

Sigue siendo una desconocida. Apenas desde los sesenta (gracias al químico israelí Raphael Mechoulam) sabemos que en su estructura dominan dos principios activos: el THC (responsable del colocón) y el CBD (que no es psicoactivo, no sube, pero atesora multitud de aplicaciones terapéuticas). “El equilibrio entre ambos es clave para el bienestar del consumidor. Por ejemplo, para no padecer brotes psicóticos, que pueden ser el mayor peligro de esta planta, que, sin embargo, no mata por sobredosis, como la morfina”, explica Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid y un número uno global del cannabis. “Cuando lo consumes, es importante saber qué estás tomando, de qué variedad, en qué cantidad y conocer su trazabilidad. Y qué efectos secundarios e interacciones tiene. Y eso se logra con una regulación estricta; con un producto estándar, seguro, controlado y bien envasado y etiquetado. Y de calidad farmacéutica. En España existe un mercado normalizado en torno al cannabis. Pero está desregulado porque es ilegal. Es la ley más infringida de nuestro país. Y eso es muy peligroso para el que lo adquiere en el mercado negro. Y no sabe lo que toma. Yo hablo, por ejemplo, de los pacientes. De 120.000 personas en España con esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer o dolor crónico que se lo autoadministran. Y de los miles que aspiran a hacerlo. Necesitan lo mejor. Y se les está negando. Pero se les recetan opioides. Que matan”.

Lo que tampoco conocía este periodista es que en torno a la imparable legalización de su uso medicinal y recreativo (principalmente en Canadá y Estados Unidos, pero con un creciente uso terapéutico en la UE, desde Italia a Portugal y Alemania) ha surgido un suculento negocio global que prevé mover en 2025 unos 50.000 millones de euros en todo el mundo. Y 5.000 millones en España. Alrededor de ese cuerno de la abundancia se está creando una industria que en cinco años ha pasado de la ilegalidad y las rastas a cotizar en Bolsa con capitalizaciones superiores a las de muchos valores del Ibex 35. Y donde las grandes corporaciones de la distribución, alimentación, bebidas, tabaco, fármacos, software, biotecnología y fertilizantes, desde Coca-Cola hasta Philip Morris o Pernod, están tomando posiciones.

Nadie se quiere perder la fiebre del oro verde. Ya no hablamos de camellos trapicheando maría casera o chocolate culero, sino de un nuevo sector económico, entre la industria médica, la del ocio y la del bienestar, que ya cuenta con 75 millones de consumidores legales (la ONU calcula el número de consumidores habituales en algo más de 200 millones) y empieza a disponer de genetistas, químicos, logísticos, contables, abogados, comunicadores, lobbies y fondos de inversión. Olvídense de los fumetas; desembarcan las corbatas.

Puro business. Todo está por hacer. Para empezar, satisfacer la demanda. El punto más débil del nuevo negocio. Al igual que la carencia de equipos de gestión. Y de profesionales con habilidades en cada escalón del proceso, agrícola, industrial y comercial. Las proyecciones de beneficio asimilan los ingresos del negocio de la marihuana cuando alcance su madurez al de la industria cervecera. Los financieros dicen que es la mayor disrupción en el mercado desde el nacimiento de Amazon.

En el redescubrimiento científico de esta planta, el cambio de percepción de la sociedad hacia su uso y su boom económico, ha sido clave la autorización hace tan solo cinco meses de su consumo en Canadá. Es el primer Estado en regularlo en su conjunto (medicinal y recreacionalmente) tras Uruguay (que lo hizo en 2013). Con una diferencia: Canadá, icono de progresismo y modernidad, tiene uno de los mayores PIB del mundo, forma parte del G 8, cuenta con una población de 37 millones de habitantes (de los que 5 millones consumen cannabis) y una cifra de negocio en torno a la marihuana que ya supera los 6.000 millones de euros. Su modelo de regulación es más liberal, más enfocado al negocio y la captación de impuestos (que representan la mitad de la facturación) que el estatista uruguayo. El modelo capitalista también domina en EE UU, donde en 33 Estados ya es legal su uso medicinal, y en 10, además de en Washington DC, el lúdico (también denominado adulto). Hoy, el cannabis emplea a 160.000 personas en EE UU.

Canadá no ha perdido el tiempo. Siguiendo el modelo de Noruega en el sector del petróleo. Ya no se trata de bombear crudo o cultivar millones de plantas, sino de crear una industria. “Tener el conocimiento y las patentes (ya hay más de 600 en este negocio)”, como afirma Eduardo Muñoz, catedrático de Inmunología y fundador de VivaCell, una pequeña empresa cordobesa de biotecnología que investiga las capacidades farmacológicas del cannabis en dolencias neurodegenerativas. Esta compañía ha sido adquirida por Emerald, una multinacional canadiense de la marihuana.

Canadá se ha hecho con el control del negocio. Ha alumbrado en un lustro una veintena de corporaciones con una estructura vertical que cubre todo el proceso del negocio del cannabis, desde el científico hasta el agrícola, industrial y logístico: desde el cultivo hasta la recogida, extracción, purificación, manufactura en las distintas presentaciones (flores secas, aceites y cápsulas de gel) y su distribución a través de los dispensarios, farmacias, clubes o páginas web (también de su propiedad).

Todo en manos de un puñado de multinacionales. Nuevos oligopolios. Que crean nuevas variedades botánicas rigurosamente registradas (y que son víctimas incluso del espionaje industrial), adquieren y promueven cultivos desde Colombia hasta Malta y Grecia, y desde Siria hasta Portugal, Andalucía o Murcia (sin olvidar China, con plantaciones del tamaño de 10.000 campos de fútbol), y engrasan su maquinaria para el día en que se legalice el consumo recreacional en todo el mundo y no solo el medicinal (que únicamente representa un tercio de los ingresos).

Será el gran pelotazo. En simbiosis con la industria del tabaco y el alcohol, que cuenta con los canales de distribución; las herramientas de marketing, publicidad y diseño, y los lobbies para cabildear entre los políticos. Y sobrevivir. Como han hecho hasta ahora. Juntos pueden convertir el cannabis en el negocio de la historia.

España se está quedando fuera de juego. “Podríamos ser la gran plantación de Europa, la California del sur”, sentencia Pedro Pérez, presidente de la asociación cannábica La Santa, en Madrid, fundada en 2011, una de las más veteranas y más machacadas por la policía. Especialmente a partir de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional entre 2015 y 2018 contra este tipo de clubes de consumidores de cannabis, que han provocado el cierre de centenares de ellos. “Sabemos cómo hacerlo; tenemos el sol y la tradición y los mejores bancos de semillas, y dimos una lección con nuestras asociaciones, que suponían una apuesta por la regulación responsable, pero seguimos estancados en la prohibición. Puede ser una ocasión perdida”.

La empresa más poderosa del cannabis mundial es Canopy, creada en Canadá en 2014 y con una capitalización bursátil superior a los 15.000 millones de euros. Tiene como principal accionista a la estadounidense Constellation, una de las mayores compañías de bebidas del mundo. Canopy tiene una presencia monopolística en la UE a través de un abanico de pactos y adquisiciones en España, Alemania, Dinamarca y República Checa. A continuación, por valor en Bolsa, Tilray, con relaciones con la farmacéutica Novartis y participada por la primera cervecera mundial, Anheuser-Busch InBev. Y detrás, Aurora (la primera productora de marihuana, con 500 toneladas al año), Cronos (en cuyo accionariado está Altria, la propietaria de la tabaquera Marlboro) y otra docena de firmas cuyo valor no baja de la cota de los 1.000 millones.

Los productos que ofrecen tienen poco que ver con aquel vetusto hachís de Ketama que los legionarios traían de rondón a España en los setenta. Ha llegado una nueva generación de productos. Variedades de laboratorio. Obra de los virtuosos de la genética que cruzan las mejores plantas de todos los continentes A partir de ahí crean híbridos más resistentes, productivos, potentes, y de mejor presencia, aroma y sabor. Y los patentan y bautizan. A la medida de cada usuario. A la carta. Con concentraciones estratosféricas de THC (para el subidón lúdico) o de CBD (para la eficacia farmacológica). Lo nunca visto.

Ha entrado en juego una nueva raza de profesionales, los breeders, los criadores, los magos de la alquimia cannábica. Son los más anhelados por los oligarcas de la industria, que pagan por ellos fichajes millonarios. Los breeders responden a cada demanda del mercado. A la del gran público, que busca un producto básico, barato, de hipermercado, y a la de un consumidor selecto, los sibaritas de la marihuana, un nicho al que ya se compara con el exquisito sector de las cervezas artesanales.

“Yo pretendo hacer el Vega Sicilia de la marihuana”, explica Sergio González, breeder y responsable de la asociación cannábica Nuestra Señora del Agua, de Zaragoza, y presidente de la plataforma Regulación Responsable, el lobby por la legalización del cannabis, cuyo inspirador es el abogado madrileño Bernardo Soriano.

Sergio González tiene 35 años y una barba de Rasputín; estudió teleco, trabajó en Google y cultiva desde los 17. Mientras hablamos, rodeados de macetas con esquejes de nuevas variedades, fuma rosin, uno de los extractos más puros del cannabis, con una concentración de THC del 80%. Capaz de tumbar a un elefante. Lo produce él mismo. “Yo tengo un perfil comercial. Y trabajo para que esto sea profesional. De cara a la regulación, tenemos en España los conocimientos que nadie posee. Procedemos de la ilegalidad, pero somos necesarios”.

—¿Por qué?

—Porque las corporaciones del cannabis necesitan cubrir una demanda que se les está yendo de las manos. Y no saben cómo hacerlo. Aquí va a pasar como con las tecnológicas y los hackers, que no contaban con formación académica, pero tenían interés, pasión, conocimientos prácticos y se sabían todos los trucos. Y al final Telefónica y las otras multinacionales han tenido que contratar a sus viejos enemigos por una pasta. Eso está ocurriendo con nuestros bancos de semillas de Barcelona o Málaga, una veintena de firmas (como Positronics Seeds o CBD Crew) que han pasado de la alegalidad a facturar entre 10 y 20 millones y representar un tercio del negocio mundial de semillas. España se puede convertir en el vivero del mundo.

—¿Tanto?

—El 90% de lo que se vende en los coffee shop de Holanda ya llega de Granada, Almería, Murcia o Cataluña. Y lo de Uruguay se ha desarrollado aquí. Y en Alemania, que no tiene capacidad de producción, están esperando nuestra marihuana. Hay inmensos cultivos ilegales en España. De una docena de hectáreas en Teruel. Y de 25.000 o 30.000 plantas en laderas de montes y naves abandonadas. Y parejas a las que les pagan el alquiler y la luz para que cultiven. El negocio está ahí. Hay que darse prisa. El problema es que se lo queden las farmacéuticas. Tenemos que crear en España un modelo de economía social que beneficie a todos y no solo a Wall Street.

¿Cómo debe ser el modelo de regulación del cannabis en España? ¿Debe basarse en los derechos civiles, o en el negocio puro y duro? Con el foco puesto en los ingresos fiscales de la industria, un informe de David Pere Martínez Oró, coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, concluye que el Estado español ingresaría hoy más de 3.300 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esa cifra supera el presupuesto en sanidad de Castilla-La Mancha.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, la única formación política que apuesta por la regulación integral, no accede a retratarse con un porro en los labios, pero reconoce que se los fumó en sus años universitarios: “Pero no me sentaba bien. Prefiero unas cervezas. Y no me siento orgulloso. Los del alcohol no les podemos dar lecciones a los de la marihuana. Fumarse un canuto es como entrar en un bar y tomarse una copa. Ni más, ni menos”.

Curiosamente, en los razonamientos de Iglesias para apoyar la legalización en España prevalecen los motivos económicos a los derechos fundamentales. “Tengo claro que va a haber regulación, especialmente si logramos un cogobierno con Pedro Sánchez tras las elecciones. Es un tema trasversal en el que también podría estar Ciudadanos. La legalización médica es de justicia. El problema ya no es ese, sino que tenemos que hacerlo antes que otros países. ¡Hacerlo ya! Si somos listos, España podría tener unos grandes ingresos de explotación y fiscales. Se lo arrebataría a los narcos. Y permitiría a la policía dedicarse a otra cosa. España podría ser como Canadá pero en Europa: una referencia. Y lograr que eso favorezca a todos y no a cuatro millonarios farmacéuticos”.

El Gobierno saliente, presidido por Pedro Sánchez, al parecer no ha tenido tan clara la certeza de Iglesias. La legalización no ha estado en su hoja de ruta. Ni de lejos. Ante una reciente pregunta parlamentaria de Ciudadanos al Gobierno a propósito de la posible regulación del uso medicinal del cannabis, el Ejecutivo contestaba que la evidencia científica para la legalización medicinal “es insuficiente y se está esperando a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronuncie sobre la cuestión”.

De regulación lúdica, ni una palabra. Y en cuanto a la medicinal, se limitaba a ceñirse a los dictámenes negativos de la Agencia Española de Medicamentos, uno de los organismos más opacos de la Administración, refractario al uso medicinal del cannabis; es decir, a la utilización terapéutica de la planta, en forma de flores o extractos, con receta médica. Que no es lo mismo que los medicamentos a base de cannabis, apenas media docena en todo el mundo, de los que solo uno está aprobado en España, el Sativex (para personas con esclerosis múltiple, de la multinacional británica GW Pharma, cuyo tratamiento puede alcanzar los 30.000 euros al año y solo se suministra con receta de estupefacientes).

Situada en un edificio anónimo a las afueras de Madrid y con una plantilla de 600 personas, la Agencia de Medicamentos, que dirige la doctora en Farmacia María Jesús Lamas, está encargada de autorizar todos los medicamentos y vigilar el sector en España. Incluidos los estupefacientes. “Nuestro trabajo consiste en determinar la ratio beneficio/riesgo de cada nuevo medicamento que se nos presenta a examen, es decir, que sus beneficios superen a sus efectos secundarios. Y ninguno de los principios activos del cannabis ha demostrado en un ensayo clínico (que puede durar 10 años y costar 1.000 millones) ser superior que su alternativa farmacológica. Hacen falta ensayos. El cannabis carece de evidencia científica. Y no tiene la necesaria calidad, seguridad y eficacia”.

—Pero otros países de nuestro entorno han legalizado su uso, como en Alemania hace un año…

—Que otros hagan lo que quieran. Pero su eficacia no se ha valorado de forma objetivable, medible, reproducible y cuantificable. Algo que sienta bien no tiene que ser necesariamente un medicamento.

—Luego no van a legalizar su uso medicinal…

—No hay evidencia científica que justifique que el cannabis sea un medicamento. Somos un organismo técnico. Y que el Gobierno de turno decida.

Cerrojazo. Se acabó el encuentro. Lo paradójico es que, al tiempo que la Agencia rechazaba de plano el uso medicinal del cannabis, autorizó en octubre de 2016 la plantación de cannabis para su uso terapéutico destinado a la exportación a una compañía española con una larga tradición en la producción de opioides de uso farmacéutico. Es la empresa más importante del mundo en cultivo de adormidera y su transformación en derivados del opio. Y su entrada en el sector del cannabis es, de lejos, la operación más importante realizada en España en el negocio de la marihuana. Nació en 1934 importando y transformando opio y en 1973 se convirtió en una industria integral: desde el campo hasta las farmacéuticas. Hoy produce un tercio de la morfina que se consume en todo el planeta. Se llama Alcaliber. Detrás está el millonario Juan Abelló.

Abelló, de 78 años, no concede entrevistas. Pero el ceo de Alcaliber, José Antonio de la Puente, accede. Es la mejor muestra de los nuevos tiempos del negocio del cannabis. No va en camiseta. Se trata de un abogado especializado en finanzas, impecable en su traje gris a medida y con un discurso profesional. Desde el verano de 2018 Alcaliber ya no es propiedad de Abelló, sino del fondo británico GHO Capital, domiciliado en las islas Caimán y especializado en las inversiones en el sector sanitario. Sin embargo, en una fulgurante operación paralela, el mismo día que vendió Alcaliber, Abelló fundó Linneo Health, que atesora esa única y preciada licencia otorgada por la Agencia de los Medicamentos para cultivar y producir cannabis en España. Una mina de oro.

En septiembre de 2017 ya había cerrado un acuerdo con la canadiense Canopy, la primera multinacional de la marihuana, para suministrarle durante tres años materia prima y el principio activo purificado del cannabis para usos farmacéuticos. “Es la evolución natural de nuestra empresa; otra línea de negocio”, explica De la Puente. “Siempre hemos suministrado a grandes laboratorios. Exportábamos más de un 90%. Somos los más importantes del mundo en opiáceos y ahora queremos serlo del cannabis. Nuestro reto es convertir esa planta con propiedades farmacéuticas en algo estándar para la industria, con destino a Alemania, Canadá y EE UU. Y en el futuro, poner nosotros mismos esos extractos en un espray o una cápsula de gelatina, desarrollar nuestras variedades y hacer el proceso completo”.

—¿Cómo han conseguido el permiso para cultivar cannabis en España por parte de la Agencia, cuando ha denegado más de un centenar de licencias desde 2016 y algunas, como Phytoplant, se encuentra a la espera?

—Somos una compañía industrial farmacéutica, no agrícola, que es lo que abunda en este sector que está naciendo. Somos industria y tenemos plantaciones. Ya contamos con un invernadero del tamaño de ocho campos de fútbol. Pero jugar en este negocio exige una calidad muy grande. Nosotros la tenemos. Es un negocio muy regulado, muy discreto, porque trabajas con un producto atípico. Nosotros tenemos experiencia y equipos. Y sabemos hacerlo bajo criterios farmacéuticos de máxima calidad, bajo la certificación GMP (Good Manufacturing Practices). Vamos cinco años por delante de nuestra competencia del cannabis. Jugamos en otra liga.

En marzo de 2018, Linneo Health recibió 1.500 clones cedidos por la canadiense Canopy. Llegaban en unos discretos contenedores con luz y temperatura regulada. La compañía ya ha realizado su primera cosecha, que se encuentra en proceso de extracción y purificación en su planta de Toledo. “A finales de este año nos encontraremos en disposición de entregar a nuestro cliente un producto válido y homologado. El mejor cannabis”.

Su cliente no es exactamente Canopy, sino la filial alemana de esta, la distribuidora de cannabis medicinal Spektrum. En estos tres años de acuerdo con Canopy, Linneo Health aprenderá el negocio y Alemania, que en 2017 legalizó el uso medicinal del cannabis, logrará cubrir una gran demanda, financiada por su seguridad social, que las proyecciones sitúan en un millón de consumidores al año. Alemania (con un modelo de regulación medicinal en el que se podría basar España) ha creado una Agencia del Cannabis que no cultiva, sino que selecciona empresas que lo hagan bajo estrictos estándares “y monitoriza el cultivo, producción, cosecha, procesamiento, calidad, empaquetado y distribución del cannabis a los mayoristas, las farmacias y los fabricantes. Solo el cannabis de calidad farmacéutica está autorizado para suministrarse a las farmacias”, según el director de la agencia alemana, Werner Knöss.

Carola Pérez tiene 40 años y un enorme triángulo equilátero de cicatrices en su espalda. Es el resultado de 13 operaciones. Desde niña ha convivido con el dolor. Estuvo enganchada a la morfina. Hoy es presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal y dirige la Asociación Dosemociones, de usuarios terapéuticos de la marihuana. Cultiva sus plantas y duerme gracias al THC. Es el icono de la regulación medicinal en España y la comparan con el papel que tuvo Pedro Zerolo en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. A su lado en la lucha, otra mujer, Araceli Manjón-Cabeza, profesora de Derecho Penal y directora de la cátedra Drogas Siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid. Carola Pérez concluye: “El pastel se lo van a repartir las grandes corporaciones. Y los que lo han cultivado en la ilegalidad y creado nuevas variedades, y han estado en la cárcel, se pueden quedar fuera en la hora del éxito. El lobby farmacéutico tiene mucho poder. Y la lucha del cannabis no ha sido profesional ni política. Ahora estamos organizados en torno a Regulación Responsable. Y la próxima legislatura se nos tiene que escuchar. No es un capricho. No es cuestión de colocarme. Es mera cuestión de supervivencia”.