El derecho al olvido, también dentro de EL PAÍS
El diario desindexa noticias de búsquedas realizadas a partir de nombres de particulares tanto en exploradores externos como en el interno
El pasado junio el Tribunal Constitucional extendió el conocido como derecho al olvido a los buscadores internos de los medios de comunicación. La sentencia, dictada en referencia a una información publicada por el EL PAÍS en 1985, obliga a desindexar noticias que se encuentran a través de los nombres de particulares no solo en los buscadores genéricos, como Google, sino también de los propios de cada diario. El departamento jurídico de EL PAÍS se encarga de gestionar las peticiones que llegan al periódico. Si son aceptadas, es el equipo de PRISA Tecnología quien lleva a cabo la desindexación.
Desindexar supone romper el enlace entre la búsqueda de un nombre y las noticias en las que aparece. Cada mes el departamento jurídico de EL PAÍS recibe entre 15 y 20 peticiones a este respecto. En su mayoría son abogados que solicitan el derecho al olvido en Google y otros buscadores, ya que hasta ahora no existía una sentencia que amparase la desindexación también en los exploradores internos. Dolores Piquero, directora de la asesoría jurídica de PRISA, explica que también algunos particulares reclaman por su cuenta la desindexación, pero que en cualquier caso no se puede aplicar esta normativa “a la carta” y que todas las peticiones son estudiadas.
Lo que dice 'El libro de estilo'
El Libro de estilo de EL PAÍS establece sobre el derecho al olvido que "nunca se producirá el borrado de los archivos digitales de EL PAÍS, pero se pude considerar la posibilidad de ocultar esa información en los buscadores de internet". Especifica que la información "debe haber sido publicada más de 15 años atrás respecto del momento que se reclama su borrado" y que además "ha de perjudicar a la persona reclamante en su vida familiar o profesional". Se desestiman además las peticiones "que afecten a hechos que figuren en sentencias firmes de los tribunales de justicia y se refieran a actos de violencia".
El equipo de SEO, encargado de optimizar el posicionamiento de las noticias en los buscadores de internet, ejecuta el protocolo de desindexación en este ámbito. Iván Pérez, responsable del grupo, explica que, cuando reciben la orden del departamento jurídico, envían la URL de la noticia al buscador a través de una herramienta habilitada exclusivamente para este fin. “Somos nosotros los que tenemos que pedírselo a Google o Yahoo porque somos los dueños de esa URL”, aclara. Cuando el buscador ejecuta la orden, lo que no suele tardar más de unos días, el equipo de Pérez tiene tres meses para incluir un código en la noticia de desindexación o está volvería a aparecer en las búsquedas.
La nueva sentencia del Constitucional amplía la desindexación de la noticia a búsquedas en las propias páginas de los medios. Todos los contenidos publicados por EL PAÍS sen su web son procesados por el sistema editorial e incluidos en un índice que facilita su recuperación como resultado de una búsqueda realizada por los lectores. Jorge Tomé, director de PRISA Tecnología, explica que cuando reciben la petición solicitando que el contenido no se tenga en cuenta en las búsquedas, disponen de una herramienta que permite indicar dicha circunstancia al buscador de contenidos para que lo elimine de su índice.
“A partir de ese momento no aparecerá en ninguna búsqueda realizada; eso si, el contenido sigue disponible en nuestra web y los usuarios lo pueden recuperar si conocen la dirección exacta (URL) en la que está ubicado”, puntualiza. Esto se debe a que la sentencia no avala la supresión de la noticia, ya que es verídica, ni la de dichos nombres y apellidos, lo que también solicitaban los demandantes de este caso. Se trata de dos personas que aparecían en una noticia publicada en el papel hace más de 30 años. En ella se informaba de su detención e implicación en un caso de tráfico de drogas. La digitalización de la hemeroteca hacía posible encontrar la noticia a través de sus nombres.
