¿Qué pesa más, el desarrollo económico o el derecho a un entorno saludable?

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En 2016, unos 200 ecologistas fueron asesinados. Esta cifra, sin embargo, solo representa la punta del iceberg de un problema más amplio. Detrás de cada muerte registrada se esconden ataques, palizas, detenciones arbitrarias y abusos de todo tipo que sufren centenares de defensores del medio ambiente de todo el mundo en el intento de mostrar que el desarrollo económico no está reñido con el respeto de los derechos humanos. Defensores medioambientales de distintos países debatieron este asunto el lunes en la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que arrancó ayer en Nairobi (Kenia) y que se cerrará el miércoles.

Phyllis Omido se implicó en la lucha en 2010, cuando su hijo enfermó por problemas vinculados con la contaminación. La ganadora del Premio Medioambiental Goldman 2015 logró que se cerrara una fábrica de fundición de plomo en Mombasa (Kenia). No obstante, aún levanta la voz para ayudar a los vecinos que siguen pagando las consecuencias de la contaminación y no reciben algún tipo de cura. Una de ellos es la mujer que le acompaña en el escenario. De pocas palabras y casi escondida en un rincón, rompe su silencio para contar brevemente que no puede tener hijos, pese a ser muy joven.

"Mi comunidad está compuesta por 300 personas. El 90% de ellas está afectado por este problema. Más de 200 niños y 80 adultos han muerto hasta ahora. No puedes poner en la balanza la ganancia económica con la vida humana", insiste Omido. La activista consiguió atraer la atención de la prensa internacional sobre su causa solo después de haber sido detenida, en 2012.

Los defensores del medioambiente denuncian la falta de acceso a la justicia y la impunidad de los que contaminan

En Kenia, unas 5.000 personas que trabajan en pequeñas minas de oro están expuestas a este tipo de contaminación, pese a que el uso de mercurio esté prohibido por la ley. Sin embargo, la pobreza y el desconocimiento de otros métodos dejan muy poca libertad de elección a las comunidades sin otros recursos.

Julius Opiyo enumera los casos entre su círculo más cercano de amigos y familiares que han enfermado o han muerto por exposición al mercurio en Migori (Kenia). El activista empezó a trabajar como minero con apenas 12 años. Hoy, con 51 primaveras, intenta persuadir a los mineros artesanos del occidente del país a no usar mercurio. La asociación que fundó trabaja para incrementar la conciencia sobre los efectos devastadores del mercurio sobre el medioambiente y la salud, al mismo tiempo que investiga técnicas alternativas para los mineros.

El crecimiento económico es importante… pero ¿quién gana?, se pregunta la activista filipina Joan Carling. La coordinadora del Grupo principal de los pueblos indígenas para el desarrollo sostenible cree que el actual sistema económico no es sostenible, ya que los beneficios solo son para unos pocos y no recaen en la comunidad local.

Carling sufrió en su propia carne las amenazas dirigidas a los defensores del medioambiente. Aún así, se considera más afortunada de sus compañeros que fueron asesinados en la lucha contra la minería. Carling asegura que los indígenas son el grupo más afectado por la violencia, por el fervor que vierten en la relación con la tierra en la que viven. "El mayor obstáculo al que nos tenemos que enfrentar es el acceso a la justicia", señala. "Cuando nos matan o roban nuestras tierras, no sabemos adónde acudir. Además, muchas veces tenemos que lidiar también con la corrupción de las administraciones públicas".

"Son los pueblos autóctonos los que tienen que autorizar que unos inversores extranjeros entren o no a su territorio. La vulneración de los derechos humanos se basa en la desconexión entre los que toman las decisiones y los realmente afectados", indica John Knox, relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medioambiente.

Casi la mitad de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado trabajaban en cuestiones relativas a tierras, territorio y medioambiente

Knox sostiene que es importante que estas historias salgan a la luz para que las empresas sean conscientes de su responsabilidad social, aunque a menudo los que contaminan gozan de total impunidad. La atención mediática también puede ser contraproducente, según Carling, ya que una mayor exposición puede traducir en un incremento del acoso a los defensores.

"A pesar de todo, seguimos adelante con el trabajo", dice la filipina. "Si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacerlo? Nos mueve la solidaridad y el deseo de dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones".

Casi la mitad (49%) de los defensores de derechos humanos víctimas de asesinados el año pasado trabajaban en cuestiones relativas a tierras, territorio y medioambiente, según datos de Front Line Defenders citados por Amnistía Internacional en el informe Ataques letales pero prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos, publicado este martes. Solo en Honduras, se registraron 14 víctimas en 2016, entre las cuales está Berta Cáceres.

Los últimos 12 meses han sido los más duros para las activistas, ha denunciado la plataforma Women’s Major Group (WMG) desde la Asamblea de Naciones Unidas en Nairobi. Elisa Badayos es solo la última víctima. Fue asesinada la semana pasada en Filipinas.

Priscilla Achakpa, de WMG, cree que la contaminación contribuye a enquistar los conflictos sobre recursos naturales. "La polución no es fortuita, sino la consecuencia inevitable de una economía orientada al beneficio, basada en el consumo de masa de plástico, pesticidas y combustibles fósiles".

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